Sería un precedente para que los servidores públicos protejan los derechos de los más vulnerables, dice Marina Reyna
Texto: Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero. La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se manifestó a favor y consideró que una denuncia en contra de los magistrados que invalidaron el testimonio de una niña de 2 años y ocho meses abusada sexualmente, para liberar a su agresor, y la sentencia que resulte del Poder Judicial pueden ser un precedente para todos los servidores públicos, y una oportunidad para las autoridades de demostrar que están aplicando la ley.
El lunes el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán informó que denunciará a los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable por conducta delictuosa, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Barrero y Alfonso Vélez, lo que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
En consulta telefónica ayer la dirigente feminista destacó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis declaró que no va a encubrir a quienes hayan cometido irregularidades en el proceso.
Confió en que el caso prospere para acabar con la impunidad, “vemos que nadie se encuentra a salvo de la violencia, y los más vulnerables son los menores y los adultos mayores que no pueden expresarse ampliamente, y las autoridades tienen que ponderar sus derechos”.
Del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez consideró que el caso es otra muestra de cómo se aplica la justicia en Guerrero, cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Indicó que casos emblemáticos como éste evidencian cómo los impartidores de justicia no están comprometidos con las mujeres, sean niñas o mujeres adultas.
Mencionó que en casos de abortos no provocados se han fabricados delitos, no hay sanciones ni responsables contra los agresores de las mujeres, menos en la violencia feminicida, “dicen que hay investigaciones, pero no hay detenidos ni información de los procesos”.
Con menos confianza, dijo que espera que el caso contra los magistrados proceda, para que las víctimas no tengan que recurrir a la denuncia pública para visibilizar sus casos y que sean atendidos. Indicó o que eso implica la revictimización de los agraviados.
Exigió que la Fiscalía y el TSJ apliquen los protocolos para la atención de la violencia de género, “ya basta de no creerle a las mujeres cuando denunciamos violencia, basta del tráfico de influencias que impera en Guerrero y que nos tiene a todas y a todos en un clima de impunidad”.
Dice diputado que no acompañó a niña víctima de
abuso que no puede incidir en decisiones judiciales
Texto: Rosalba Ramírez García
Chilpancingo, Guerrero. El diputado local perredista, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que como integrantes del Poder Legislativo no tienen la facultad de incidir en la decisión de los magistrados, como se le solicitó en el caso de la niña abusada sexualmente, en el que el Poder Judicial de Guerrero absolvió al violador.
El diputado fue consultado por el caso del abuso sexual a una niña de 2 años y 8 meses, en el que la familia y defensa de la víctima pidieron su respaldo, pero se negó el acompañamiento.
Se trata del caso en el que tres magistrados y una jueza desecharon el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses, que detalló el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, y como consecuencia, el violador fue absuelto por la justicia local, aunque la federal dio un revés y ordenó tomar como prueba la declaración, el diputado comentó que la integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños que han sido víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores, lo buscó después de que la jueza a cargo del caso, Rosalinda Sáenz Rodríguez absolvió al abusador y la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la primer sala penal del Poder Judicial del estado.
El perredista dijo que los diputados no pueden intervenir en el análisis de los casos que resuelve el Poder Judicial, porque “son un poder independiente”.
Justificó con el argumento de que los legisladores no deben incidir “de manera directa para que los magistrados resuelvan de una u otra manera, porque entonces tendríamos responsabilidad para bien o para mal”.
Ensaldo Muñoz comentó que sí recibieron la petición de Yolanda Domínguez para intervenir en el caso, y que se comprometió a intervenir “en medida de nuestras posibilidades y en lo que la ley nos lo permite, para que se resuelva de manera justa, ni a favor ni en contra, porque a nosotros no nos corresponde”.
Dijo que en ese caso, como en cualquier otro que esté en manos del Poder Judicial, no pueden intervenir los diputados, porque a los magistrados “no los mandamos, ni les pedimos favores de ese tipo, porque tenemos que ser respetuosos”.
El diputado dijo que le da gusto que la justicia federal haya atendido el caso conforme a derecho y que finalmente la defensa haya acudido a instancias federales hasta lograr justicia.
Se le preguntó por el anuncio de la defensa de la víctima en el sentido de que presentarían una denuncia penal contra los tres magistrados por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez, y respondió que si hay sanción legal contra los magistrados y el tema llega al Poder Legislativo, posiblemente se tenga que excusar de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la que es secretario, por conocer el tema “desde el ángulo de la defensa de la víctima”.
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