Sólo un reducido grupo de activistas estuvo en el vado donde fueron asesinados 17 campesinos en 1995. Señala que han sido asesinados 35 miembros de esa organización y que el nuevo gobierno de la República no ha dado respuesta a sus demandas, como la libertad de los presos políticos
Chilpancingo, Guerrero, 29 de junio de 2020. Un cuarto de siglo después de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el caso no sólo permanece impune, sino que siguen cometiéndose “crímenes de lesa humanidad” y en este tiempo suman más de 35 miembros de la Organización Campesina del Sur (OCSS) asesinados, “y nos enfrentamos a la indolencia y burocratismo del Estado mexicano”, denunció esa agrupación en su pronunciamiento de aniversario.
Mientras tanto, un grupo de familiares de víctimas y sobrevivientes denunciaron por separado en un boletín de prensa, que en esta administración del gobierno federal, igual que en las anteriores, se han encontrado con la “insensibilidad e intransigencia” y que ni siquiera ha respetado su derecho de petición.
Este año, por las restricciones que impone la contingencia por la pandemia de Covid-19, sólo un reducido grupo de dirigentes e integrantes de organizaciones sociales asistió a la ceremonia que cada año se realiza en el Vado de Aguas Blancas, donde ocurrió la masacre el 28 de junio de 1995. Montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el monumento a los caídos.
Norma Mesino, en representación de la OCSS, expresó que el próximo primero de julio se cumplen dos años en que fue electo un nuevo gobierno en México y que aún se mantienen sus exigencias de justicia a las víctimas de esta masacre y de los crímenes contra luchadores sociales, la liberación de presos políticos. Insistió en que no hay esclarecimiento de los asesinatos de dirigentes de organizaciones ocurridos en los últimos años.
Dijo que la OCSS, a la que pertenecían los campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 mantendrá permanentemente la exigencia de justicia, hasta que sean castigados los responsables intelectuales y materiales de la masacre.
Mientras tanto, en su pronunciamiento con motivo de los 25 años de la masacre, la OCSS, recordó que aquella mañana el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer dio la orden precisa: “Deténganlos a como dé lugar”, y en seguida vino la masacre.
Reprocha que 25 años después, los autores materiales fueron liberados y exonerados. “Con diferentes colores partidarios, pero con la misma esencia represiva y corrupta, los asesinos de nuestros compañeros se reciclaron manteniéndose en el poder”.
Mientras tanto, agrega que una parte de la izquierda revolucionaria se olvidó de las víctimas de Aguas Blancas y el gobierno guerrerense declara que la masacre es cosa juzgada, “condicionando el silencio de algunas víctimas y deudos, al entregarles anualmente 3 mil pesos gestionados por abogados corruptos coludidos con el gobierno”.
Afirma que, en tanto, la ofensiva represiva contra el pueblo es permanente. Recuerda que el 18 de septiembre de 2005 fue asesinado el activista social Miguel Ángel Mesino Mesino; el 20 de agosto del 2009 el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local Armando Chavarría; el 31 de mayo de 2013 el activista social Arturo Hernández Cardona; el 6 de agosto de 2013 el dirigente social Raymundo Velázquez; el 19 de octubre de 2013 la dirigente de la OCSS Rocío Mesino Mesino; el 14 de octubre de 2017 el dirigente Ranferi Hernández Acevedo.
También menciona la masacre del Charco el 7 de junio de 1998. Asimismo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
“De tal manera que un cuarto de siglo después de la masacre, suman más de 35 miembros de nuestra organización asesinados”, se informa en el escrito.
Agrega que el 1 de julio se cumplen dos años de un nuevo gobierno “sin avance sustancial en nuestras demandas principales, como el esclarecimiento de la masacre, la tortura y ejecución extrajudicial de los luchadores sociales que denunciamos”.
Dice que tampoco les han dado respuesta a la liberación de los presos políticos Orlando Ávila Mesino, Jerónimo Hernández Refugio, Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena miembros de la OCCS. “A pesar de que ya demandamos la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del sub secretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultado alguno”.
Cuestiona que, por el contrario, siguen sumándose crímenes de lesa humanidad, pues el 17 de enero de 2019, fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santos Gómez Álvarez, mientras que el 11 de octubre Arnulfo Cerón y el 20 de febrero del mismo año Samir Flores. Además en enero pasado fue asesinado Homero Gómez González.
Agrega que, por otra parte, la Fiscalía del Estado de Guerrero (FGE) “es disfuncional, inoperante e intrascendente” y que se requiere de un instrumento ciudadano coadyuvante y autónomo formado por familiares y víctimas de la represión, para hacer realidad el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.
Reprocha: “A veinticinco años en demanda de justicia nos enfrentamos a la indolencia y burocratismo con que se conducen las estructuras jurídicas del Estado mexicano en la impartición de justicia”.
Considera que es urgente que el gobierno federal dé cabal cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La OCSS advierte que seguirá en pie de lucha exigiendo justicia, juicio y castigo a los asesinos de la masacre.
“Ante los agravios que se siguen acumulando en nuestra contra, el Estado mexicano demuestra que hace caso omiso a los compromisos adquiridos con la comunidad internacional en materia de derechos Humanos”, denuncia.
La OCSS refiere que el perdón y olvido no es posible cuando una sociedad ha sufrido “agravios lesivos a sus derechos humanos y a su dignidad”, y exigió cárcel, juicio justo e imparcial a los asesinos, así como indemnización a los deudos y sobrevivientes.
También exige la liberación de los presos políticos y la creación de un tribunal autónomo para castigar las masacres y violaciones a los derechos humanos en México.
En un apartado se refiere al contexto de la pandemia, y señala que la actuación de los tres niveles de gobierno ha sido omisa para desplegar un sistema sanitario efectivo como lo suscribe la Resolución No. 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La OCSS se ubica como parte de los “grupos vulnerables y sufrimos el aumento diario de muertes por Covid-19 en nuestras comunidades mismas que se suman a los 465 mil en el mundo”. Igualmente se mencionan como parte del millón de empleados que han perdido sus empleos de marzo a la fecha.
En otro boletín, otro grupo de familiares y víctimas de la masacre del que se responsabiliza el sobreviviente Abismael Hernández Rodríguez, menciona que a 25 años de la masacre “la injusticia y la impunidad reinan en este país, puesto que nunca se castigó a los responsables de este crimen, a pesar de que es de lesa humanidad y de que llegó a instancias internacionales, ningún gobierno ha querido acatar la recomendación de la CIDH”.
Reprocha que cifraron su confianza en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con altas expectativas el 26 de septiembre del año pasado acudieron a una reunión ante la CIDH.
Sin embargo denunciaron que el resultado fue “decepcionante”, pues la delegación del gobierno que encabezó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas “se mostró insensible e intransigente presentando los mismos argumentos de los gobiernos neoliberales del pasado, y lo que es peor este nuevo gobierno ni siquiera ha respetado nuestro derecho de petición”.
En el boletín demandan castigo a los responsables de la masacre, seguimiento a la averiguación previa (PGR/Femospp/2002, reparación integral del daño conforme a los parámetros internacionales, y una disculpa pública por parte del Estado mexicano.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
