Ciudad de México, a 8 de junio de 2026.- A 28 años de la Masacre de El Charco en el municipio de Ayutla de los Libres que cobró la vida de 11 personas, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que es indignante que no existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos.
Este domingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) convocó a conferencia sobre casos de violencia del Estado, como la agresión contra el profesor Proceso Columbo González, herido en una protesta de la CNTE el 1 de junio en Cdmx, el asesinato de Antonio Vivar Díaz hace 11 años en Tlapa y la Masacre de El Charco.
El 7 de junio de 1998, elementos del Ejército irrumpieron en la escuela Caritino Maldonado Pérez y dispararon contra decenas de indígenas mixtecos que ahí se encontraban, con saldo de 11 personas asesinadas, entre los que estaba un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de heridos.
“Lo que más nos indigna y preocupa es que hasta la fecha no exista una denuncia formal en la Fiscalía General de la República por este crimen artero de las ejecuciones extrajudiciales de los 11 indígenas y un estudiante de la UNAM, no hay un expediente”, manifestó Abel Barrera.
La conferencia se llevó a cabo en la sede de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, donde en compañía de familiares de víctimas de la masacre, se dieron posturas al respecto.
“Este hecho no tiene ninguna justificación en un Estado democrático, los militares no están para masacrar a los ciudadanos, no están para usar la fuerza letal contra pueblos indígenas, sin embargo lo hicieron”, comentó Abel Barrera.
El director del Centro Tlachinollan indicó que aún en esta época, se mantiene la protección y encubrimiento a los integrantes del Ejército que fueron responsables, además de afirmar que la masacre fue planeada.
“Se sigue protegiendo al Ejército, se sigue encubriendo a los responsables y ante todo se sigue castigando a las viudas, a los hijos, a los huérfanos. No solamente no hay justicia, sino que tampoco hay atención a las comunidades”, dijo.
Añadió que la situación de los derechos humanos en México se mantiene como un tópico que preocupa a los ciudadanos por la forma en la que se atienden los asuntos en el país. Barrera expuso que el caso estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que el gobierno respondió que no existió masacre, sino que se trató de un enfrentamiento.
El director de Tlachinollan dijo que en Guerrero existe un gobierno de caciques y no ha cambiado, además que El Charco fue una reedición de la guerra sucia, además que comparó que tanto en la masacre como en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el gobernador en funciones era Ángel Aguirre Rivero.
“No porque haya otro partido podemos decir que hemos transitado a la verdadera democracia, siguen los grupos políticos”, dijo.
Manifestó que actualmente el crimen organizado es el encargado del “trabajo sucio” del gobierno y que en Guerrero la delincuencia se ha enlistado dentro de las instituciones del propio estado.
La señora Eustolia Casto Ramírez, viuda de una de las víctimas de la masacre de El Charco, señaló que no se ha cumplido la demanda de justicia por los asesinatos, además que considera que el gobierno no hace caso a las comunidades.
“A 28 años de la masacre, no ha habido justicia, el gobierno ha sido oídos sordos, nosotros para ellos hemos sido beneficiados y que ya algunos proyectos han mandado en la comunidad de El Charco”, comentó.
Declaró que los familiares de víctimas no han recibido ningún apoyo y nada ha cambiado, debido a que considera que sigue la misma actitud de los gobiernos anteriores, con diferentes partidos políticos.
Por su parte, Ángel García García hijo de uno de los sobrevivientes de la masacre de El Charco, afirmó que la herida “sigue abierta” y siguen las afectaciones a las comunidades, además que exigió se entreguen reconocimientos de deuda histórica, programas de atención y reparación, apoyos educativos para hijos de víctimas e inversión en la zona.
“Tiempo no ha significado justicia, el tiempo no ha significado reparación del daño, el tiempo no ha significado mejores condiciones de vida de quienes sobrevivieron”, manifestó.
La señora Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández dijo que como padres y madres de los 43 seguirán en voz por aquellos que han sufrido la injusticia, además de solidarizarse ante la represión vivida.
De igual forma indicó que padres y madres mantienen la exigencia de 800 folios en posesión del Ejército que aportan al caso, las extradiciones de Tomás Zerón en Israel y José Ulises Bernabé García en Estados Unidos, así como el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Antonio Vivar fue asesinado por policías federales en Tlapa el 7 de junio de 2015, mientras se realizaban protestas por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El abogado de Tlachinollan y representante de los padres y madres de los 43, Isidoro Vicario Aguilar, comentó que las investigaciones judiciales no avanzan, además que es la FGR quien no quiere avanzar, por lo que buscan que el caso no quede en la impunidad.
“El caso del asesinato del compañero Antonio está cumpliendo 11 años, sin embargo tampoco hay avances en las investigaciones, tampoco hay responsable del asesinato del compañero, la Fiscalía General de la República tiene el caso”, dijo.
Además de los mencionados, estuvo presente Teresa Margarito Carmen, viuda de víctima de El Charco, Catalina Leobardo, viuda, Patricia Chávez Castro, hija de víctima de la masacre, además de el señor Mario César González, padre del normalista César Manuel.
Juan Luis Altamirano / Foto: Tlachinollan
