El Charco, Ñuu Savi, Guerrero, a 8 de junio de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) puede establecer que en El Charco se violentaron también derechos de guerra por el reconocimiento de la presencia de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), expuso la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad representa a los sobrevivientes y víctimas de tortura, Éricka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, y a la familia de uno de los 11 asesinados, el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Zavala Tapia; apenas el jueves pasado, la organización informó mediante un comunicado que Zamora Pardo se reivindicó por primera vez públicamente como miliciana del ERPI.
En entrevista antes del acto por el 28 aniversario realizado ayer en esta comunidad del municipio Ñuu Savi, López Paulino consideró que la posición de Zamora Pardo puede influir en que la Coidh establezca que no sólo se violentaron derechos humanos, sino también derechos de guerra porque el Estado mexicano nunca ha reconocido la existencia de una guerrilla en el país, a excepción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
No obstante, recordó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no emite el Informe de Fondo, en el que “hace sus observaciones a todo lo sucedido en la masacre de El Charco”.
“Ahí nos dice ya con plena exactitud qué artículos convencionales han sido violentados a los masacrados, a los detenidos, a los torturados, que fueron víctimas”, puntualizó.
En 2012, la Red Solidaria Década contra la Impunidad que preside el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, presentó su petición de ingreso a la CIDH por el caso del asesinato de 11 personas que pernoctaban en la primaria Caritino Maldonado Pérez el 7 de junio de 1998, a manos de militares, y la tortura de los detenidos.
En 2018, el CIDH emitió el Informe de Admisibilidad 166/18 y en el 2020 se esperaba la emisión del Informe de Fondo, pero se ha retrasado desde entonces, una posible razón que expuso López Paulino a El Sur es la división del caso en razón de que las viudas de los indígenas asesinados siguieron su propia ruta jurídica.
Tras el Informe de Fondo, la CIDH puede establecer que el caso es apto para que llegue a la Coidh o se queda en esa fase, depende de la temporalidad porque el Estado mexicano firmó la competencia de la Coidh en diciembre de 1998, un semestre después de la masacre de El Charco.
“Pero hay que recordar que no prescriben las ejecuciones extrajudiciales y la tortura”, acotó la defensora de derechos humanos.
Subrayó que la particularidad de la masacre El Charco es que es un caso en el que está documentado que lo perpetró el Ejército.
Al hablar de la profundización de la militarización en el país, López Paulino comentó que la organización que representa también lleva el caso Tzompaxtle Tecpile por el que la Coidh sentenció a México y le pidió la eliminación del arraigo y la armonización de la prisión preventiva con la CIDH, pero el Estado no ha cumplido.
Ramón Gracida Gómez
