Texto: Francisco Morales V. / Agencia Reforma/ Foto: El Sur
Ciudad de México, 18 de junio de 2018. Mañana se cumple un año de la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, una norma largamente añorada que, sin embargo, arriba a este primer aniversario sin su reglamento correspondiente, con necesidad de reformarla y sin implementarse cabalmente, coinciden especialistas.
La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de junio del año pasado, fue el resultado de esfuerzos ciudadanos y legislativos desde la reforma constitucional del 2009, y requirió cinco iniciativas de ley, 11 foros públicos, 200 ponencias e incontables horas de trabajo.
Aun así, no convence.
“A mí me parece que estamos apenas en el umbral y creo además que ya estaríamos listos para hacerle modificaciones a esa ley, porque en realidad creo que es una ley que salió limitada”, juzga Lucina Jiménez, especialista en gestión cultural y directora del Consorcio Internacional Arte y Escuela (Conarte).
Jiménez fue una de las 13 especialistas que conformaron el Consejo Redactor que, convocado por la Cámara de Diputados, preparó la iniciativa avalada por dicho órgano legislativo.
Sin embargo, a la llegada de la iniciativa para su discusión en el Senado –pues se trabajó en un esquema bicameral, entre ambas comisiones de cultura–, esta fue rebajada de más de 100 artículos y una treintena de derechos culturales enunciados, a 42 artículos y nueve derechos.
“Fue la propia Consejería Jurídica (de la Presidencia) la que rasuró el proyecto original y la que, finalmente, dejó el proyecto como está”, recuerda Carlos Lara, especialista en legislación cultural, también miembro del Consejo Redactor y partícipe del proceso en el Senado.
En una última encerrona antes de presentar la ley en ambas cámaras, Luis Cacho, director jurídico de la Secretaría de Cultura, expuso la postura del Ejecutivo sobre la ley y terminó por avalar la reducción sustancial de la misma.
“La ley que pudo ver la luz fue una ley con la limitada visión de (Enrique) Peña Nieto en materia de cultura. Fue lo más que le pudimos sacar a este gobierno para que la Consejería Jurídica pudiera dar su visto bueno y entonces la bancada del PRI pudiera aprobarla”, dice Cristina Gaytán, diputada perredista que, a pesar de acompañar todo el proceso desde la Comisión de Cultura, votó en contra en protesta por la reducción.
El Ejecutivo de nuevo está en falta con la ley cultural, pues, a un año de su promulgación, todavía no ha sido publicado el reglamento que ésta misma detalla.
“El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento y las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la debida ejecución de la Ley en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir del día de la entrada en vigor de la presente Ley”, se expone en el tercer transitorio de la ley.
Con esto, han pasado ya seis meses desde el vencimiento del plazo y la ley no tiene reglamento.
“El reglamento es una facultad del poder ejecutivo, entonces que no haya reglamento muestra la poca voluntad que hubo del poder ejecutivo para poder desarrollar, plantear o aprobar una buena ley para la cultura”, juzga Arturo Saucedo, especialista en legislación cultural y autor de una de las iniciativas tomadas en cuenta para la ley.
Consultada al respecto, la Secretaría de Cultura (SC) envió una tarjeta informativa a este diario donde asegura que ya envió un proyecto de reglamento a la Consejería Jurídica.
“(Fue) hecho llegar a las instancias respectivas para la revisión del dictamen de evaluación presupuestal, y turnado, asimismo, a instancias regulatorias. Concluidos estos procesos administrativos obligados, –tratándose del reglamento de una ley general–, prosigue la validación del citado reglamento y, en breve, su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, detallan.
La dependencia no aclaró cuánto es “en breve” ni exactamente en qué instancia se encuentra el reglamento.
“Me parece que es un incumplimiento importante por parte del Ejecutivo y que sí vale la pena señalarlo y subrayarlo también, porque el ejecutivo también está en falta con el reglamento, desde hace décadas, de la Ley Orgánica del INAH y la del INBA”, apunta Lara.
“Finalmente, les parecía muy cómodo tener una Secretaría sin ley, un órgano burocrático sin facultades, sin definiciones, sin funciones y sin políticas públicas”, critica Saucedo.
Para Jiménez, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales salió tan limitada que, en este punto, incluso prefiere reformarla de una vez y que luego se haga el reglamento.
A un año de su creación, la ley no termina de existir.
