▼La nueva legislación traerá más atropellos del Ejército, advierten ex integrantes de la Comverdad
El diputado federal por el PVEM dijo en tribuna que se oponen a que el Ejército esté en las calles quienes “tienen algo que temer”
Texto: Vania Pigeonutt
Foto: El Sur
Ciudad de México.- Arturo Álvarez Angli, diputado federal del PVEM por el distrito 08 de Guerrero, al pasar a tribuna a defender su voto a favor del dictamen de la Ley de Seguridad Interior (LSI), se confrontó con diputados que votaron en contra.
Lo primero que Álvarez Angli dijo al llegar a tribuna fue: “Blablablá, ya escuchamos a los partidos de izquierda y siempre subir a presumir que van a votar en contra porque en verdad ellos sí se preocupan por el país, pero son incapaces de reconocer jamás una acción en el sentido correcto, pero son incapaces de reconocer que la realidad de nuestro país requiere que hagamos lo que se puede con lo que se tiene…”.
No terminaba la primera idea el diputado, cuando en una Cámara que había estado llena de mantas y pancartas contra la legislación, los diputados que las portaron de Movimiento Ciudadano, Morena y PRD lo abuchearon. Le gritaron “vendido” y le contestaban con el mismo blablablá que el ex diputado local inició. Estas fracciones portaron pancartas “#SeguridadSinGuerra”, “No a la militarización del país” y “No a la condena de la protesta social”.
Después de los abucheos, el diputado continuó: “Lo que hoy tenemos es un Ejército, que es por supuesto una institución… La realidad es que se oponen a que esté en la calle el Ejército, a la presencia del Ejército aquellos que tienen de qué esconderse y tienen algo que temer al Ejército, esa es una realidad irrefutable, no lo van a reconocer las izquierdas, como no reconocen absolutamente nada de lo que se hace”.
Pudo decir lo anterior, después de que el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín pidiera orden en el recinto, pues los abucheos no cesaban y no podía hablar, aunque él seguía. “Lo cierto es que a 11 años que a mí me parece que de manera muy valiente, pero muy atropellada también, de manera desordenada de Acción Nacional mandó las fuerzas armadas a la calle, necesitamos darle certezas, darle orden, necesitamos que esto se inserte en una estrategia de seguridad nacional donde puedan colaborar las fuerzas policiales y fuerzas militares”.
Hubo un momento que el diputado, de cuya fracción de 38 sólo faltaron por emitir su voto a favor los tres ausentes, se exaltó al grado de que les dijo a sus compañeros levantando las manos: “Denle, no pasa nada… la realidad es que no pasa nada, los hechos son que necesitamos tener al Ejército en las calles porque ciertamente, ciertamente las autoridades municipales y estatales emanadas de todos los institutos políticos no han sido capaces de capacitar a las fuerzas policiales”.
Ramírez Marín optó por llamarles la atención para que el diputado cuya entidad natal es una de las más militarizadas en el país, prosiguiera con su fundamentación del voto a favor.
También votaron a favor los diputados priistas guerrerenses Verónica Muñoz Parra, Ricardo Taja, Beatriz Vélez, Salomón Majul, Julieta Fernández y Silvia Rivera. El diputado por Morena, Roberto Guzmán Jacobo, faltó a la sesión, al igual que los perredistas Lluvia Flores Sonduk y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Ricardo Ángel Barrientos Ríos. David Jiménez, Rumbo votó en contra, igual que Marbella Toledo de Movimiento Ciudadano. La panista Guadalupe González Suástegui fue parte de los 48 panistas que votaron abstención.
La nueva Ley de Seguridad permitirá
atropellos del Ejército, advierten
Enrique González Ruiz y Pilar Noriega la califican de anticonstitucional y regresiva, y recuerdan los excesos de las fuerzas armadas durante la Guerra Sucia y en casos como El Charco
Texto: Vania Pigeonutt
Ciudad de México.- Los ex integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad), el presidente, Enrique González Ruiz y Pilar Noriega García, alertaron que la Ley de Seguridad Interior (LSI) es regresiva a los derechos humanos, ocurrirán atropellos bajo la legalidad que ahora tiene el Ejército y es anticonstitucional, porque está por encima del artículo 129 que menciona a los militares sólo cuando haya guerra.
Consultados por separado, González Ruiz se remitió al tiempo de la Guerra Sucia, tiempo que abarca la década de 1970, cuando se registraron más de 300 desapariciones forzadas tan sólo en Atoyac, en la Costa Grande del estado. Y en el informe que elaboraron hace tres años dieron cuenta de cómo los militares participaron en este plan contrainsurgente de esos años.
Esto en referencia a la Ley de Seguridad Interior (LSI), que ellos como Comverdad esperaron que el Estado, el Ejército como institución, cumpliera con “lo que propusimos en la Comisión de la Verdad, porque la impunidad de los delitos del pasado dan lugar a que se repitan como ya hemos visto. Nosotros dijimos en el informe de la Comverdad, que fueron militares los que llevaron la Dirección Federal de Seguridad y el control de la Guerra Sucia, y esos ilícitos han quedado impunes”.
Este jueves más de una centena de organizaciones pidieron por medio de la consigna #SeguridadSinGuerra, revisar esa ley. Ante esto, la abogada y defensora de derechos humanos, Pilar Noriega, consideró que la LSI es una legislación que nace en forma inconstitucional y tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva la controversia. De ser el caso, aún falta que sea revisada en el Senado de la República.
“Es el regreso al pasado, a la total impunidad… En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar, solamente habrá comandancias fijas en castillos, fortalezas; la Constitución es clara, cualquier otra disposición la viola”.
Compartió la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que critica que en la LSI se mezcle la concepción de seguridad nacional con el de seguridad interna, “en lo personal, lo considera la propia CNDH mucho más se viola el 129 constitucional: que el Ejército se ha concebido con una defensa al exterior y la CNDH considera que es un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, la ley provocaría problemas de interpretación militares; es realmente alarmante y representa la militarización del país”.
Recordó las represiones que ha habido en varias décadas, no sólo en la Guerra Sucia, en Guerrero, sino en Aguas Blancas y El Charco, donde ha participado el Ejército. “Es un tema no sé si decir que dado, y qué entonces implica un foco rojo para el futuro, que pueda haber con la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública”.
Pasa Ley de Seguridad Interior al Senado; PRI
y aliados formalizan cobertura legal a militares
Sin justificación, la Comisión de Gobernación pretendió realizar en secreto la “discusión” y aprobación del dictamen, lo que causó molestia entre diputados de la oposición. Al final la ley fue aprobada con 248 votos a favor del PRI, PVEM, Panal y el PES, y 115 en contra de Morena, PAN, PRD y MC
Texto: Agencia Proceso
Ciudad de México.- Con la mayoría priista y sus aliados, así como la ausencia de 70 legisladores, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se legaliza la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
PRI, PVEM, Panal y PES emitieron 248 votos a favor; Morena, PAN, PRD y MC 115 en contra y se registraron 46 abstenciones en lo general.
Una vez avalada la ley, pasará a la Cámara de Senadores para su discusión el próximo martes y se prevé que se le dispensen todos los trámites, como ocurrió en San Lázaro, para que de inmediato sea firmada por el Ejecutivo federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Agrupaciones defensoras de derechos humanos buscarán juntar el respaldo de 33 por ciento de los legisladores a fin de poder presentar una controversia constitucional ante la Corte; lo mismo harán con la CNDH. La razón: que la Cámara de Diputados no está facultada para legislar en materia de seguridad interior.
A pesar de ser una legislación que atañe no sólo a un sector sino a toda la población, 70 diputados federales prefirieron no asistir a la Cámara, en donde se atestiguó un debate pobre, de bajo nivel, como el que protagonizó el diputado del PVEM por Guerrero, Arturo Álvarez Angli, quien para callar a la oposición que portaba pancartas en contra de la ley, les respondió con un “bla, bla, bla” (antes se hizo famoso porque siendo diputado local por su entidad impidió que José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, fuera desaforado por su presunta participación en el asesinato de dos perredistas).
El legislador del Verde subió a tribuna para hablar a favor de la ley que en noviembre de 2016 presentó el coordinador parlamentario del PRI, César Camacho Quiroz.
Antes, a las 8:30 horas, la Comisión de Gobernación que encabeza la priista tamaulipeca Paloma Guillén inició la sesión en privado para aprobar el dictamen.
La secrecía con que pretendió dar cauce a la “discusión” y aprobación del dictamen provocó malestar entre los diputados de la oposición, pues además de ello se intentó que el debate y aprobación no fueran transmitidos en el Canal del Congreso y menos aún en circuito cerrado.
“¡Golpistas! ¡Golpistas!”.
Organizaciones como Cencos y el colectivo Seguridad sin Guerra se manifestaron en contra de la realización de ese acto en privado; los reclamos y protestas de ciudadanos y legisladores de Morena, PAN, PRD y MC llevaron a la priista a hacer una concesión: la discusión fue trasladada al salón de plenos del edificio A de San Lázaro, el mismo donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entrega cada año el informe presidencial.
Sin embargo, la sesión siguió siendo en privado, aunque se transmitió por televisión de paga. Desde afuera, una vez que se “cantaron” los 18 votos a favor –uno de la panista del Estado de México, Claudia Sánchez Juárez, y 14 en contra–, activistas de diversos colectivos fustigaron a los diputados con gritos de “¡Golpistas! ¡Golpistas!”.
Planeado ante cualquier posible protesta o agresión, los diputados de PRI, Verde, Panal y PES salieron prácticamente “huyendo” por la puerta trasera del salón de protocolo, evadiendo así a la ciudadanía que es para la que se supone trabajan.
La nueva ley establece que las fuerzas armadas podrán realizar actividades de seguridad pública durante un año, el cual podrá prolongarse cuando así lo considere el presidente de la República en tanto subsista la amenaza de seguridad interior, según establece el artículo 51 de la mencionada ley.
Durante la discusión en comisiones y ya en el pleno, la oposición sostuvo que antes de pensar en una Ley de Seguridad Interior se debió reglamentar el artículo 29 de la Constitución, que se refiere a cuándo, cómo, quiénes y bajo cuáles criterios se pueden suspender las garantías individuales.
Toda la oposición coincidió en que se debió reglamentar dicho artículo y con ello poner “candados” a cualquiera que realice acciones de seguridad pública, en especial si son elementos del Ejército o la Armada de México.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Clemente Castañeda dijo que el artículo 26 de la nueva ley resultaba preocupante, debido a que la “acción para identificar” la amenaza a la seguridad interior “es de carácter permanente y no requiere declaratoria”.
Calificó de “irresponsables” a quienes votaron por la ley, pero más grave aún es que esta nueva ley generará incentivos perversos para que no se capacite ni asuman sus funciones los cuerpos policiacos, alcaldes y gobernadores. “Se prolongaría un estado de excepción”, y ello “sería una amenaza constante a los derechos humanos”, argumentó.
Rafael Hernández Soriano, del PRD, calificó de inconstitucional la ley, debido a que el artículo 73 de la Carta Magna no faculta a la Cámara de Diputados a legislar en materia de seguridad interior.
Y para las policías, nada
Víctor Sánchez, de MC y diputado por Jalisco, ex subprocurador y abogado, dijo desde tribuna que la ley “era un parche a la Constitución y violatoria de la misma”, ya que el artículo 29 subraya que, en tiempos de paz, el Ejército no puede estar en las calles, y el 73 no autoriza al Congreso a legislar en la materia.
“Ayer el PRI sepultó en la Comisión de Puntos Constitucionales”, acusó Sánchez, la posibilidad de presentar un verdadero proyecto que capacite a las policías y hacer frente a la delincuencia organizada.
Y es que el PRI votó en contra de la creación del mando mixto en la policía, iniciativa que PAN, MC y PRD condicionaron para dar su respaldo a la Ley de Seguridad Interior.
“Peña siguió con la guerra que Felipe Calderón inició, sólo que la siguió de manera silenciosa”, y lo que muestra el PRI es su verdadero rostro autoritario, lamentó Sánchez.
Manuel Espino, quien fuera presidente nacional del PAN, subió a tribuna para defender la ley y felicitar a Enrique Peña Nieto.
“No es una ley perfecta, pero sería irresponsable dejar al país como está”, justificó para lamentar “la indecisión del PAN”; luego aseguró que el nuevo marco legal no es violatorio de los derechos humanos.
El priista Alejandro Domínguez Domínguez defendió la ley porque, dijo, la seguridad interior y la seguridad nacional son parte de lo mismo, y si la Cámara puede legislar en materia de seguridad nacional, puede hacerlo con la interior, pues “el que puede lo más puede lo menos”.
En las gradas de San Lázaro y a las afueras del salón donde se imponía el “mayoriteo”, los grupos de defensores de derechos humanos seguían gritando a los legisladores: “¡golpistas! ¡golpistas!”.
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