Los hechos violentos se registraron durante un boicot electoral en junio de 2015, donde se identificaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de morada y el asesinato del activista Antonio Vivar Díaz.
Ciudad de México, 3 de enero de 2019. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y allanamiento de morada durante el boicot electoral de junio de 2015 en Tlapa, Guerrero.
En los hechos violentos fue asesinado el activista Antonio Vivar Díaz, quien resguardaba la iglesia de la Colonia Tepeyac, donde pobladores retuvieron a 35 policías federales.
En el municipio se registró un corte de energía eléctrica, así como la irrupción de elementos de la Policía Federal en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y en domicilios particulares.
En las instalaciones de la Ceteg fueron detenidos arbitrariamente algunos manifestantes, entre ellos un menor de edad.
El órgano autónomo emitió la recomendación 85/2018 a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La CNDH acreditó que con su actuación esos servidores públicos transgredieron los derechos humanos ya mencionados, por lo que, en su recomendación, pide al titular de la Sedena colaborar con la integración de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la PGR y con la queja que interponga en la Visitaduría General de esa Procuraduría y en el Órgano Interno en la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del personal de la Policía Federal y elementos militares por la retención de las víctimas”, se indicó en un comunicado.
La CNDH afirmó que las lesiones que presentaron los agentes de la PF deben ser investigadas por la autoridad competente para deslindar responsabilidades.
“Ninguna protesta o exigencia social justifica realizar conductas contrarias a derecho, como tampoco la autoridad debe excederse en el uso de la fuerza”, expresó.
A la PGR se le solicitó continuar con la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa 5, con la finalidad de esclarecer los hechos violentos.
Así como deslindar responsabilidades que correspondan en el caso de la pérdida de dinero y pertenencias de cuatro de las víctimas, atribuible a elementos de la PF.
Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se le pide que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinde reparación integral a los 14 agraviados y a los familiares del activista asesinado.
Texto: Arcelia Maya / Agencia Reforma / Foto: Lenin Ocampo
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