El Sur / Ciudad de México, 6 de febrero de 2021. Tres integrantes de colectivos que “tomaron” la sede central de la Secretaría de Gobernación (Segob) y le colocaron cadenas en las puertas de acceso el miércoles pasado, lograron ingresar a las instalaciones el jueves hacia el final del día, lo que causó la movilización de elementos de seguridad que, a decir de las activistas, las “agredieron” al desalojarlas del edifico ubicado en la calle Abraham González. Sólo una de las familiares de desaparecidos se mantuvo adentro: Yoltzi Martínez Corrales, del colectivo Raúl Trujillo Herrera de Guerrero.
“Aprovechamos un descuido de los policías y nos brincamos a un balcón. Luego luego nos contuvo una persona de la Segob que nos gritó y pegó; habló por radio y llegaron policías federales que golpearon a mis compañeras y las sacaron. En el módulo de atención donde revisan a las personas que entran a la Segob las reprimieron, eran todos policías varones. Hasta después llegaron mujeres policías porque les dije que por ley tenía que haber elementos femeninos”, relató Martínez Corrales a El Sur vía telefónica este viernes.
En cuanto ella y otras dos mujeres consiguieron ingresar a las instalaciones de Gobernación, fueron sometidas por unos 30 policías, contó. “A mis compañeras las sacaron con extrema violencia, yo logré quedarme”, dijo, porque una de sus rodillas se atoró entre los barrotes de la reja que rodea el edificio.
“Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un funcionario de la Segob me pasaron cobijas para abrigarme, alimentos y bebidas. Me ofrecieron una mesa de trabajo siempre y cuando me salga de aquí, pero no acepté”.
La exigencia de quienes permanecen en plantón frente a la Segob es que les den audiencia con la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.
También piden que la FGR concluya los expedientes irresueltos, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ejecute las medidas de atención de varias personas del plantón.
“Las autoridades me piden que renuncie a mi petición de audiencia. Le dije a la CNDH por qué en lugar de presionarme a mí no presionan a las autoridades, ya que tienen que estar al servicio del pueblo”, agregó la activista, quien busca a su hermana Yaltzi, desaparecida en Acapulco en 2010.
Tras lo sucedido, Alerta Temprana Red –conformada por 25 organizaciones civiles– emitió una acción urgente para denunciar que las familiares de personas desaparecidas reunidas en el plantón habían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de policías.
Asimismo, exigió medidas urgentes para salvaguardar la integridad física, psicológica y jurídica de Martínez Corrales y de las demás manifestantes que continúan afuera del edificio de la Segob. Tras meses de plantón, resaltó la red, sus peticiones siguen enfrentando la indiferencia y falta de sensibilidad de las autoridades.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Archivo
