Ciudad de México, 1 de julio de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación penal contra el juez federal Roberto Posán Tornero por no haber vinculado a proceso a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex subprocurador de Delitos Federales, a quien imputó de archivar ilegalmente el caso de lavado en la Fundación Jenkins.
En un comunicado, la dependencia aseguró que presentó pruebas “contundentes” contra Muñoz y tres de sus ex colaboradores, sin embargo, el juez dejó de valorarlas y sobreseyó o canceló en forma definitiva tanto el proceso como la investigación en favor de los imputados.
“La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, le presentó al juez Roberto Posán Tornero pruebas contundentes de que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez había decretado ilegal y abusivamente el no ejercicio de la acción penal en el asunto iniciado por el delito de peraciones con recursos de procedencia ilícita en perjuicio de la Fundación Mary Street Jenkins, cuando existían pruebas que le fueron expuestas”, dijo.
“El juez no pudo negar la existencia de los hechos imputados, y dejó de valorar esas pruebas; pero sí decretó, en forma ilegal y abusiva, el sobreseimiento del caso señalando que ese asunto podía haberse reiniciado, contradiciendo a otro juez que también perdonó a los representantes de dicha fundación, argumentando lo contrario, al manifestar que eso no lo podía hacer un juez.
“Ante la claridad de la injusticia, el contubernio y de los delitos en contra de la impartición de justicia, independientemente del recurso de apelación, se inició procedimiento penal contra dicho juez”.
La Fiscalía enumeró pruebas que, en su opinión, el juez no tomó en cuenta contra Muñoz; Gustavo Pineda Buendía, ex titular de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF); María Angélica Sánchez Méndez, secretaría técnica, y Alan Isaac Zamorano Dávila, ex agente del Ministerio Público Federal que tuvo a su cargo la investigación de presunto lavado en la Fundación Jenkins.
Entre ellas, citó información de la Unidad Especializada de Análisis Financiero sobre diferencias millonarias en las declaraciones de impuestos de los investigados en ese caso de lavado.
Además, la cancelación de 6 actos de investigación que ya se habían solicitado, tales como peticiones de asistencia jurídica internacional a Estados Unidos y Panamá, para que le entregaran información financiera para acreditar el desvío de dinero de la Fundación Jenkins.
También la cancelación de solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; al Servicio de Administración Tributaria; a American Express Company; y la cancelación de la solicitud de un dictamen en materia de contabilidad al área de periciales.
Adicionalmente, la FGR indicó en su comunicado que el ex subprocurador y sus colaboradores le retiraron la calidad de víctima al denunciante Guillermo Jenkins de Landa, inicialmente reconocida, y por ello no le notificaron el no ejercicio de la acción penal, lo que impidió que impugnara en tiempo y forma.
“Con todo esto obstaculizaron la investigación y le dieron ‘carpetazo’ al asunto”, acusó la dependencia.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos (FEIAI) de la FGR imputó a Muñoz y sus ex colaboradores de haber obstaculizado la justicia porque el 4 de mayo de 2018 archivaron de forma presumiblemente ilegal la carpeta de investigación iniciada por denuncia de Guillermo Jenkins de Landa contra sus hermanos y otros miembros de su parentela, por fraude, administración fraudulenta, defraudación fiscal y lavado de 720 millones en la Fundación Jenkins.
Durante una audiencia celebrada ayer, Posán Tornero, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió no vincularlos a proceso por un delito contra la administración de la justicia, en la modalidad de obstaculizar una investigación.
Posán concluyó que la conducta imputada por la FGR no constituye un delito, razón por la que también determinó sobreseer o archivar esta investigación en forma definitiva, un fallo con alcance de sentencia absolutoria en favor de los ex funcionarios.
En la diligencia, el juzgador dijo que la Fiscalía no le mencionó en sus datos de prueba la existencia de una evaluación técnico jurídica, un acta de visita especial y un dictamen de conclusión de la propia FEIAI, que concluye que el archivo del caso Jenkins no tuvo ninguna irregularidad.
También consideró que en la indagatoria se llevaron a cabo varias diligencias que corroboran que el caso fue investigado y no obstaculizado.
Además, tomó en cuenta que tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Unidad de Inteligencia Financiera informaron a la FGR que no encontraron indicios de defraudación fiscal ni lavado en la Fundación Jenkins, razón por la que no iban a presentar querella, un requisito legal para proceder legalmente por esos delitos.
Finalmente, el juez valoró que el 25 de abril de 2024, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Cdmx echó abajo tanto la reapertura de la investigación de lavado en la Fundación Jenkins como el reconocimiento de la calidad de víctima a Guillermo Jenkins, acordadas el 12 y 15 de junio de 2020.
Agencia Reforma
