Chilpancingo, Guerrero, a 4 de julio de 2026.- Los abogados Jesús Lira Garduño, Anselmo Luisa Tolentino y Adrián Lira Moreno, acusaron al Congreso local de mantener sin dictaminar una denuncia de juicio político promovida desde febrero pasado contra dos ex magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y contra el presidente de ese órgano, Luis Camacho Mancilla.
En un escrito entregado este viernes a los integrantes de la Comisión de Examen Previo de la 64 Legislatura, los denunciantes señalaron que el 9 de febrero de 2026 presentaron una denuncia de juicio político contra Martha Elena Arce García y Olimpia María Azucena Godínez Viveros, a quienes acusan de seguir ostentándose como magistradas en activo pese a no contar con nombramiento vigente.
La denuncia también fue presentada contra el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Camacho Mancilla, a quien atribuyen actos y omisiones por permitir que ambas continúen desempeñándose como magistradas, pese a que carecen de legitimidad para ejercer el cargo.
De acuerdo con el documento, la denuncia fue ratificada y posteriormente, en la sesión del 25 de febrero, la Secretaría de Servicios Parlamentarios informó al pleno del Congreso sobre su presentación, por lo que se ordenó turnarla a la Comisión de Examen Previo. El trámite se formalizó el 27 de febrero de este año.
Los abogados sostienen que, con base en la Ley 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Comisión de Examen Previo tenía 30 días hábiles para determinar si la denuncia cumplía con los requisitos para ser admitida y remitida a la siguiente etapa del procedimiento. Según su cómputo, ese plazo venció el 16 de abril.
“Si se toma en consideración que la fecha de presentación de la denuncia de juicio político fue el día 9 de febrero de 2026, que en la sesión de fecha 25 de febrero del presente año el Pleno del Congreso del Estado tuvo conocimiento de la citada denuncia, y, que el día 27 del citado mes y año se turnó a la Comisión de Examen previo, tomando como base esta última fecha – 27 de febrero de 2026 -, los treinta días hábiles a que se refiere la fracción y el numeral antes citado de la Ley referida, transcurrió del 2 de marzo al 16 de abril del presente año, descontados los días sábados, domingos, 16, 30 y 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril, por ser inhábiles”, explica el documento.
Afirmaron que a la fecha la comisión no ha emitido el dictamen correspondiente, por lo que solicitaron a los diputados que declaren procedente la denuncia de juicio político y la remitan al pleno del Congreso para que, en su caso, sea turnada a la Comisión Instructora.
Los tres abogados piden a la Comisión de Examen Previo “emitir dictamen en el cual declaren procedente la denuncia de juicio político que presentamos, remitirla al Pleno del Congreso del Estado para el efecto de que se formule el acuerdo correspondiente en el que se ordene que la citada denuncia sea turnada a la Comisión Instructora del citado Congreso”.
En el escrito sostienen que la denuncia presentada cuenta con pruebas suficientes para acreditar la presunta responsabilidad de las personas señaladas, por lo que insistieron en que el Congreso debe resolver el expediente y continuar con el procedimiento previsto en la ley.
Texto: José Miguel Sánchez
