Chilpancingo, Guerrero, a 4 de julio de 2026.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que México tendrá una ley general de oro para los pueblos indígenas y afromexicanos, la que contrastará con una realidad que los lacera.
Señaló que en las comunidades no tienen seguridad, alimentos suficientes, medicinas ni maestros y sí mucha delincuencia, la que ha tomado el control de ciertos territorios comunitarios en la regiones Centro, Montaña, parte de la Norte y Costa Chica.
En consulta telefónica, indicó que la nueva Ley de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos que promueve el Ejecutivo federal y en proceso de consulta, se tiene que ver en ese contexto, en que se están violando los derechos básicos de las comunidades indígenas y afromexicanas y su libre determinación.
“Que siga sin reconocerse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que han demostrado eficiencia es dejar en la indefensión a las comunidades indígenas”.
Advirtió que los jóvenes de las comunidades son amenazados con una serie de drogas que truncan sus proyectos de vida.
Reconoció el trabajo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de su director Adelfo Rufino Montes, quien cumplirá el compromiso de realizar esta reforma.
Sin embargo, criticó que la consulta nacional de la propuesta de ley mantiene el formato de foros regionales, con invitaciones masivas de comisarios municipales citados en algunas cabeceras municipales: Tlapa, Tlacoapa, Chilpancingo y Ometepec.
El resultado será una consulta al vapor de unas cuatro horas por sesión, que son más bien foros informativos. “Sí, se va a dar oportunidad a la gente de dar sus opiniones, habrá una relatoría, pero podemos decir que la ley general está perfilada para que sea aprobada como está”.
“Queda ausente la voz de las comunidades”
Abel Barrera resaltó que el esfuerzo “vemos que es valioso, favorable, dicen que fueron expertos los que trabajaron la propuesta y algunos consejeros, aquí el tema es que el mecanismo de consulta tiene limitaciones”.
Reconoció que es difícil discutir de manera amplia los diferentes temas, pero la consulta comunitaria es lo que le da consistencia y fuerza a la consulta y que nunca se ha logrado.
“Siempre queda esa ausencia de la voz de las comunidades que están en lo más recóndito de la montaña o de la costa”, lamentó.
No obstante, pugnó porque sirva para reducir la brecha entre la ley y la práctica. “Las leyes son importantes siempre y cuando haya voluntad política, compromiso probado con los pueblos indígenas, porque vemos que en los hechos se sigue afectando sus territorios”.
Como ejemplo, señaló que la federación sigue impulsando megaproyectos mineros, que con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo que no iban a haber más, y sobre todo en territorios ancestrales de los pueblos.
A la fecha las empresas están buscando convencer a las comunidades de que aprueben trabajos de exploración de potencial minera, que de por sí existen. Denunció que la propuesta de Ley no protege a los pueblos de los megaproyectos.
El crimen violenta la paz y el Estado lo permite
El director de Tlachinollan señaló que los criminales han violentado la paz comunitaria, y el Estado ha permitido que los grupos de la delincuencia asuman el poder de facto.
“Son los que han tomado el control de los territorios de comunidades indígenas de la región Centro, Montaña, parte de la región Norte, parte de la Costa Chica, y la Ley general no va a poder por sí misma garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas si no se desmontan estructuras delincuenciales, si sigue habiendo poder fáctico que tiene el control territorial”.
Lo confirman, las familias desplazadas de manera violenta en Chilapa, en Ayutla de los Libres, en Tecoanapa, en Zapotitlán Tablas, y en la comunidad de Huitzapula, en Atlixtac; en Tetipac y otras localidades de Olinalá.
Lamentó que las autoridades no tengan registros de ello.
Asimismo, indicó que en Cochoapa El Grande hace cinco años han denunciado que bandas de tres grupos delincuenciales asaltan, secuestran y asesinan a personas que transitan esos caminos. “La gente vive acostumbrada a sufrir este flagelo de la delincuencia”.
Morena ha fallado
En materia de justicia indígena, denunció que las tres legislaturas locales con mayoría de diputados de Morena, ni el gobierno estatal de la Cuarta transformación, nada hicieron para revertir la desaparición de la Ley 701 en el sexenio anterior”.
“Han sido muy complacientes con un sistema jurídico etnocéntrico, racista, que sólo actúa en la medida que hay línea política, en que ven que los vientos soplan a favor de los pueblos indígenas pero no han mostrado compromiso probado de que están dispuestos a defender la autonomía de las comunidades”.
Por lado, señaló el interés de las autoridades que se consulte a los pueblos una Ley General, y por otro, el escenario atroz que enfrentan los pueblos y comunidades, y que ninguna autoridad de Guerrero está comprometida a revertir de fondo esa espiral de violencia, para luchar contra los perpetradores que atentan contra la vida, seguridad y patrimonio de las comunidades”.
Tampoco ha habido un compromiso que tienda a revertir este rezago ancestral de los derechos básicos, siguen negando maestros y médicos a las comunidades indígenas.
Los hospitales de Ayutla y Tlapa, para las regiones indígenas, se mantienen sin servicios de laboratorio por falta e insumos para los análisis clínicos, sin medicamentos ni especialistas.
Así, señaló que habrá una ley con letras de oro que contrastará gravemente con una realidad que lacera y asfixia. “Tenemos que ser realistas, estamos ante un escenario donde parece que la delincuencia está llevando la delantera y se está quedando rezagado el gobierno. No vemos cómo revertir este rezago, más bien veo un repliegue de las autoridades ante una ofensiva criminal”.
Texto: Lourdes Chávez
