Chilpancingo, Guerrero, 21 de mayo de 2026. El Juzgado Séptimo de Distrito, con residencia en Chilpancingo, admitió un amparo promovido por académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en contra de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Congreso del Estado, el Periódico Oficial del Estado y el Consejo Universitario, por la armonización de la Legislación Universitaria, en contra de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la misma institución.
Los académicos Silvia Alemán Mundo, Jorge Luis Yopan Fajardo, María Félix Valente Navidad, Adolfo Román Román, Griselda Frasco Cristino, Judith Solís Téllez, Gloria Fernández Tilapa y Antonia Sánchez Muñoz, promovieron el amparo, asesorados por el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, el cual fue admitido por el juzgado el pasado 13 de mayo.
En conferencia de prensa, Rubén Cayetano, Silvia Alemán y Jorge Yopan informaron de la resolución del juzgado, que tiene efectos legales y obliga a las autoridades señaladas a rendir un informe correspondiente.
Silvia Alemán detalló que el amparo es “por el incumplimiento y falta de armonización ordenada por el artículo tercero transitorio del decreto 288, por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la UAG”.
Esto, porque las leyes armonizadas “exceden, contradicen y violan lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la UAG 178, que prevé los máximos requisitos para ser aspirante a rector de la máxima casa de estudios”.
Resaltó que “en la sesión del Consejo Universitario, de fecha 16 de abril de 2026, se violó la convocatoria a una Consulta Universitaria, realizada el día 26 de marzo del mismo año, con el objeto de recibir propuestas, opiniones u observaciones que serían consideradas en la armonización del Estatuto y los reglamentos de UAG, que no fueron consideradas”.
Indicó que, con la reforma y las leyes armonizadas, se mantienen “los llamados ‘candados’ que impiden ejercer nuestra democracia interna y privilegia las candidaturas únicas, que deciden y convienen a la administración central, cerrando el paso a quienes somos disidentes y críticos de la unanimidad mecánica, así como de las formas erróneas en que se conduce a nuestra alma mater”.
Rubén Cayetano precisó que las normas universitarias “tienen que ser acordes” con la ley universitaria, “esto es una coyuntura, qué bueno que ellos abrieron a una consulta, porque eso le abrió la legitimidad a los universitarios quejosos de la demanda de amparo”.
Destacó que durante la consulta, que se realizó en marzo pasado, el Consejo Universitario ratificó los “candados” que obligan a los aspirantes a la Rectoría a acreditar el reconocimiento y aval de 25 consejeros universitarios o los consejos académicos de al menos 12 escuelas o 93 consejeros académicos.
Lo que “contradice, excede y viola”, los principios de legalidad y deben ser revisados por las autoridades federales.
Silvia destacó que la actual reforma universitaria favorece al rector Javier Saldaña Almazán e inhibe la participación política y democrática dentro de la UAG, por lo que es necesario que las autoridades analicen la reforma y la armonización correspondiente de la Ley de la UAG que se aprobó.
Con la resolución del juzgado, la gobernadora, el Congreso del Estado, el Periódico Oficial del Estado y el Consejo Universitario, que preside Javier Saldaña, están obligados a justificar su actuación en el proceso correspondiente.
Rubén Cayetano añadió que no hay una fecha determinada para que las autoridades señaladas respondan, pero “no tenemos prisa” y espera que haya una respuesta a favor de los quejosos.
Alina Navarrete Fernández/ Foto: Jéssica Torres Barrera
