Marina Reyna Aguilar acepta que el mecanismo tiene fallas que se deben corregir con una estrategia que involucre a autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, puntualiza que no se va a permitir la suspensión del trámite de alerta.
Chilpancingo, Guerrero, 19 de septiembre de 2019. Tras el anuncio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que se revisará la efectividad de las alertas de género que se han aplicado en los estados, la promovente de ese mecanismo en Guerrero, Marina Reyna Aguilar, dijo que las autoridades federales deben conocer el análisis de expertas europeas que destaca que han servido no sólo para visibilizar situaciones graves y sistemáticas de la violencia, sino los vacíos que tienen las leyes y para generar políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
El anuncio de Sánchez Cordero se dio luego que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que tiene un proceso de solicitud de Alerta de Género en la capital del país, indicó que no veía mejoría en los estados con ésta.
Consultada al respecto, la promovente de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, Marina Reyna Aguilar, informó que expertas de Eurosocial, una iniciativa para la cohesión social de America Latina, elaboraron un análisis del funcionamiento de las alertas en el país, a petición del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Explicó que el informe México, Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, fue publicado en junio de 2018, elaborado por Bénédicte Lucas y Françoise Roth, expertas de Eurosocial, y en el estudio participaron funcionarios federales y estatales, académicos y representantes de la sociedad civil; hubo visitas a algunos estados alertados y la información corresponde a todas las entidades con declaratoria.
Indicó que las expertas señalaron que metodológica y temporalmente era prematura una evaluación al mecanismo, pero consideraron pertinente una evaluación del funcionamiento de las alertas declaradas en México.
En el estudio, destacaron la reforma de 2013 al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retiró obstáculos que estaban entorpeciendo la admisión de solicitudes de las alertas en los estados.
También subrayaron que el mecanismo ha servido como una alerta pública, para visibilizar no sólo situaciones graves y sistemáticas de la violencia, sino los vacíos que tienen las leyes y la necesidad de generar políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Además, indicó que las alertas son llamados de atención y un mecanismo de reclamo para las autoridades. Por otro lado, dijo que las expertas reconocerán que los grupos de trabajo creados para el análisis de las solicitudes y seguimientos de las declaratorias, hacen un análisis territorial, con propuestas para atender necesidades específicas.
Señaló que el punto por el que no están funcionando, es que las recomendaciones no son atendidas por las autoridades, particularmente de los municipios que no tienen presupuesto, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres tiene subsidios mínimos.
Reyna Aguilar aclaró que el mecanismo tiene fallas que se deben corregir, con una estrategia que involucre a autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que los sujetos obligados cumplan con las acciones de los programas, de lo contrario, “seguirán siendo llamados a misa”.
Advirtió que si la intención del gobierno federal es suspender el trámite de las solicitudes de alerta, las organizaciones no lo van a permitir.
Añadió que la nueva reforma sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se discute en la Cámara de Diputados, trata de incorporar los tipos de violencia contras las mujeres que se identificaron a partir de las alertas de violencia de género.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero-Archivo
