El Sur / Ciudad de México, 13 de febrero de 2021. En el último día de 2020, México se sumó a la lista de países que buscan vetar definitivamente el uso del glifosato, uno de los herbicidas más tóxicos y más utilizados a nivel mundial. Por medio de un decreto presidencial, publicado el pasado 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la prohibición progresiva –hasta 2024– del agrotóxico y del maíz transgénico.
Patentado en 1974 por la compañía Monsanto con la marca Roundup, en 2015 el glifosato ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencialmente cancerígeno. Sin embargo, y a pesar de que sus impactos en el medio ambiente, la salud y la biodiversidad estén ampliamente documentados por científicos y organizaciones ecologistas, su erradicación ha representado toda una batalla debido a los altos intereses económicos en juego.
Por el momento, la responsabilidad de hacer cumplir los buenos propósitos del decreto recae principalmente en tres dependencias: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que tienen hasta el primer semestre de 2023 para promover reformas legales que bloqueen el uso del herbicida.
“Este decreto es un paso en la dirección correcta, pero el glifosato no es el único altamente peligroso: existen más de 80 moléculas que se utilizan en cientos de plaguicidas que todavía se aplican en México mientras están prohibidos en otros países”, comenta a El Sur Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México.
A lo largo de los últimos 20 años, ésta y otras organizaciones civiles han realizado campañas para erradicar el glifosato junto con otros productos similares igualmente agresivos, y promover la sustitución de los monocultivos con policultivos, así como la asociación de especies vegetales, a fin de crear un ecosistema donde los agrotóxicos no sean necesarios.
Aunque las empresas que dominan el mercado de herbicidas y semillas transgénicas –principalmente Bayer-Monsanto, Dow-DuPont y Syngenta-ChemChina– cabildean con los gobiernos contra las prohibiciones como la aprobada recientemente en México, la lista de países que han empezado a vetar el glifosato se va alargando: Francia, Alemania, Austria y ciudades de Estados Unidos, Canadá y Argentina se han sumado recientemente.
También por eso, recuerda la experta de Greenpeace, tiene poco peso el argumento usado por la agroindustria de que sin glifosato la producción del campo mexicano colapsaría.
“El mismo Conacyt sacó estudios que confirman que con el policultivo la productividad aumenta hasta 25 por ciento. Incluso hay algo que se llama ‘manejo integral de plagas’ que implica combinar varias técnicas, como la mecánica, la asociación de cultivos, el uso de bioinsumos. Estas soluciones se podrían poner en práctica con el acompañamiento adecuado de los cultivadores”, acota Lázaro Lembrino.
En Guerrero casi todos los campesinos lo utilizan desde los 80
En Guerrero, “98 por ciento de los agricultores usa herbicidas”, afirma el presidente de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos, Arturo García Jiménez, en entrevista con El Sur.
De orgullosas raíces campesinas, el agrónomo formado en la Universidad de Chapingo tiene como objetivo rescatar la cultura de la milpa, entendida como aquel conjunto de cultivos diversos que permite que la maleza no crezca y que los insectos no se ensañen en una plantación única.
Desde hace una década, la Red de Agricultores ha impulsado en Coyuca de Benítez el cultivo de variedades de maíz y la producción de abono orgánico, como la lombricomposta y la “harina de rocas”: piedras que son molidas para regresar sus minerales y nutrientes al suelo.
El también asesor de la Coordinadora de Comisariados de Guerrero recuerda que antes de la llegada de los plaguicidas al estado, a principios de los ochenta, se desmalezaba con machete y tarecua. La difusión sin control de agrotóxicos –sobre todo paraquat y trasquat, cuya base es el glifosato– dañó la salud de miles de personas y de la naturaleza.
“La gente enjuagaba los envases de los herbicidas y los usaba para cargar su agua para tomar, eso provocaba problemas de intoxicación. La aplicación de esas sustancias se hacía sin protección, la fumigación era directa, sin cubrir manos o cara; las gotas provocaban irritación en la piel, en los ojos, había niños y gente mayor que moría, el suelo se envenenaba”, recuerda.
Los insectos “buenos”, los que ayudan a la polinización, diminuyeron drásticamente. En toda la Costa Grande esto se reflejó en la última década en el aumento del “mango niño”.
“Al principio los técnicos no entendían, pensaban que era por falta de agua y de nutrientes en el suelo. Pero es un defecto que sale a raíz de que no hay polinización adecuada”, explica García Jiménez. “Hay huertas en donde casi el 90 por ciento es puro mango niño y deriva de la ausencia de polinizadores por uso de estos pesticidas”.
Aunque algunas cosechas, como el frijol y el mango, se polinicen autónomamente, su productividad mejora si son polinizadas por insectos. Por eso muchos productores de mango optaron por rentar colmenares móviles para que las abejas fertilizaran los cultivos.
“Necesitamos políticas públicas que impulsen la agroecología con programas y presupuestos, no sólo con el discurso. Además, no basta con eliminar el glifosato o suplirlo con algún insumo menos tóxico. Hace falta cambiar el modelo de la agricultura en su conjunto”.
Por ello, enfatiza García Jiménez, hay que pensar en cómo el cultivador puede trabajar de la mejor manera para que su producción salga adelante. Es importante que la gente se organice para promover una cultura agrícola libre de fertilizantes y herbicidas químicos.
El derecho a saber
Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), destaca en entrevista con El Sur una carencia del decreto en lo que concierne al acceso a la información.
La norma falla en garantizar el derecho a saber dónde, cuándo y en qué cantidades se usa el glifosato, y en dar a conocer las estadísticas de los casos de intoxicación aguda y crónica derivados de su uso. Esta información, afirma el experto, no es pública sino discrecional y depende de las empresas distribuidoras.
“Este es uno de los retos, porque cualquiera puede comprar y vender glifosato sin ningún tipo de control. Es necesario un marco regulatorio no neoliberal que amplíe los derechos de información y fortalezca los mecanismos de vigilancia, porque hay grandes vacíos en las obligaciones de monitoreo de estos plaguicidas.
A pesar de celebrar el decreto, Bejarano advierte que ciertas aplicaciones del glifosato deberían de vetarse de manera inmediata y no hasta 2024. Por ejemplo, la empleada en jardines, en el control de plantas acuáticas –con efectos devastadores– y como disecante para acelerar la fase de maduración de ciertos cultivos, lo cual agudiza el riesgo de residuos de glifosato en los alimentos que llegan a los consumidores.
En diciembre de 2018, por medio de la recomendación 82/2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el Estado mexicano había sido negligente al no restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, lo que violaba los derechos de la población a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud.
De acuerdo con la Comisión, la Sader, la Semarnat, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Sinacica) están obligadas a impulsar programas de reducción progresiva de los plaguicidas con metas alcanzables a mediano y largo plazo.
Para ser efectivas, menciona Bejarano, estas metas deben basarse “en una expansión de los derechos a conocer y a poder educar a la población sobre los riesgos de estos compuestos”. Tendría que empezarse con un mejor etiquetado que indique los riesgos para la salud a corto y largo plazo, considera.
El glifosato, insiste, es sólo la punta del iceberg del problema: las reformas hacia un camino agroecológico –si es el que efectivamente se quiere emprender– deberían incidir también en el uso de otros plaguicidas de alta peligrosidad. Por eso urge contar con una ley general de plaguicidas que determine mecanismos eficientes.
Medidas más radicales
La recepción del decreto de prohibición del glifosato no ha sido pareja entre las organizaciones ecologistas y defensoras de una agricultura independiente. A principios de febrero, la Red en Defensa del Maíz criticó la ambigüedad del decreto, pues no prohíbe claramente ni el glifosato ni el maíz transgénico.
“Tan sólo el nombre del decreto dice que instruye a las secretarías para que hagan ciertas actividades para sustituir gradualmente el uso del glifosato, pero nunca habla de prohibir. Dice que, en el mejor de los casos, lograrían sustituir el glifosato por otro veneno menos dañino para la salud y el medio ambiente”, puntualiza Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, una de las 50 organizaciones que conforman dicha red.
El decreto menciona que Semarnat, Sader y Conacyt tomarán acciones de “conformidad con la normatividad aplicable y en el ámbito de sus competencias”. Para la investigadora, esta “normatividad aplicable” –que incluye a la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados– está más bien volcada a favor de los transgénicos. Es decir: no constituye un punto de partida favorable para que el retiro del glifosato y del maíz transgénico sea efectivo.
La prohibición del maíz transgénico, por ejemplo, merecería un norma específica, señala De Ita. “La siembra del maíz transgénico está suspendida provisionalmente por un juicio que se impulsó en 2013 con una demanda colectiva. Este juicio todavía no termina”, recuerda. Y plantea: “¿Por qué no hacen un decreto específico sobre la prohibición del maíz transgénico, tal como lo prometió el presidente –Andrés Manuel López Obrador– en su campaña?”.
Creer que el decreto establece la definitiva erradicación de este plaguicida, alerta, podría provocar la desmovilización de las comunidades que defienden las semillas nativas y la soberanía alimentaria.
Texto: Caterina Morbiato
