Humberto Musacchio
En México, cada año se extraen 133 mil millones de litros de agua que se utilizan en “la industria de comida ultraprocesada” y bebidas que provocan enfermedades crónicas y dañan el medio ambiente, dice el trabajo México: país con sed donde sobra el agua para la industria de las bebidas chatarra, obra de los investigadores Kennia Velázquez, Alonso Merino Lubetzky y Arnoldo Cuéllar (El Machetito no. 307, 27/II/24).
Estos científicos señalan que en el derroche participan en forma relevante Coca- Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras empresas. Advierten que la citada cifra del gasto de agua podría ser superior, si bien con los 133 mil millones de litros podría llenarse 16 mil 862 veces el lago de Chapala, en un país donde 24 por ciento de los hogares no disponen del líquido todos los días.
Para los autores citados, “El consumo de agua embotellada también es un problema, (pues) según la International Bottled Water Association, México compra el 8.7 por ciento del volumen total mundial, es decir 32 mil 864 millones de litros anuales, lo que representa ingresos de más de 66 mil millones al año a Danone, Coca Cola y Pepsi, reportó Fortune”. Para colmo, se sabe que en 2018 Coca Cola pagaba una anualidad de dos mil 600 pesos por cada una de sus concesiones, aunque el líquido que vende tiene un precio de diez mil veces su valor.
Si las empresas mencionadas pagaran lo justo, el Estado contaría con financiamiento para llevar el agua a sectores de la población que no tienen acceso a ella. Pero “la Conagua incumple con su obligación constitucional de regular la extracción de agua subterránea y supervisar el respeto a cabalidad de los volúmenes de agua que se explotan mediante los títulos de concesión que otorga a las empresas”, pues empresas autorizadas a extraer cinco mil metros cúbicos, se despachan hasta 300 mil. La ineficiencia de la Conagua se expresa igualmente en que no conoce “el volumen de agua en existencia, ni la cantidad de los recursos hídricos que se explotan, ni tiene la capacidad de supervisión del uso que se le da”.
Hasta ahora, la Conagua ha pasado por algunos episodios poco edificantes. Recordemos que en 2015, su ex director fue pillado cuando trasladaba a su familia a bordo de un helicóptero de la misma Comisión. En el presente sexenio, el presidente López Obrador cesó a seis subdirectores y en su lugar nombró a “gente preparada y que no pertenece a ningún grupo político o con intereses económicos”, pero la directora, también designada por AMLO, Blanca Elena Jiménez, “una profesional de primer orden”, poco después fue enviada a Francia como embajadora (?).
A la dirección entró entonces Germán Martínez Santoyo, uno de los subdirectores nombrados antes por López Obrador, quien poco después se deshizo de la subdirectora general técnica, Jacinta Palerm Viqueira, una especialista ampliamente reconocida, quien en su carta de renuncia dijo que había recibido la instrucción presidencial de “erradicar la corrupción y recuperar los valores perdidos”, pero sus subordinados se negaban a acatar sus órdenes, no asistían a las juntas y saboteaban el trabajo por todos los medios.
Luego salió Mario Esparza de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, subdirección que por su alto presupuesto es un apetecible botín para los corruptos. Le siguió Elena Burns, subdirectora de Administración del Agua, oficina que otorga concesiones en torno a las cuales se mueven muchos intereses y millonadas de dinero en cochupos y mordidas, frente a lo cual ella defendió siempre el principio de que el líquido sea, en primerísimo lugar, para el consumo doméstico y el riego en ejidos y comunidades, convicción que la llevó a cancelar casi la mitad de las concesiones a empresas privadas, según informó El País (11/Nov/22).
Por si algo faltara, Germán Martínez Santoyo (nada qué ver con su tocayo el senador), de quien se dice que su preocupación principal es servir a las empresas cerveceras y refresqueras, es dueño de una empresa que vende sus servicios a la propia Conagua y a Sacmex, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo que constituye un escandaloso conflicto de intereses, pues no se sabe que el funcionario haya dejado los negocios particulares.
¿Seguirá todo igual?
