Octavio Klimek Alcaraz
Agua en tiempos de sed. Cosmovisión y vida cotidiana entre los nahuas de la Montaña Baja de Guerrero es el título del libro de la doctora Rosalba Díaz Vásquez. El texto fue publicado este 2024 a través del soporte del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), que conjunta recursos financieros federales y estatales.
Este libro es producto de los estudios de doctorado de la doctora Díaz. Surge a partir de su interés en “contribuir, en alguna medida, a visibilizar dos aspectos: primero, la importancia del agua en una región –la Montaña Baja de Guerrero– que depende básicamente de la lluvia; segundo, revisar e ilustrar como, aunque el agua es vista como un bien preciado, los pueblos viven en un permanente deterioro ecológico y en una disminución creciente de los mantos acuíferos.”
Así, su autora señala que se busca con este trabajo “centrarse en un análisis que se visibilice la importancia del conocimiento basado en la cosmovisión vigente en los pueblos indígenas de la región y así asumir que estos conocimientos pueden ser la base de la gestión comunitaria del agua y de otros bienes de uso común”.
Para ello, la doctora Díaz realizó su trabajo de campo en cuatro comunidades nahuas de la región de la Montaña baja de Guerrero. Zitlala, en el municipio del mismo nombre; Acatlán, Buenavista y Mezcaltepec del municipio de Chilapa.
En las 199 páginas del libro centrados en una columna vertebral de cuatro capítulos desarrollados en un orden lógico y consistente se toma conocimiento de por qué su autora le ha dado este título tan significativo Agua en tiempos de sed, dado que esta impregnado de los tiempos del estiaje y las lluvias que prevalecen en la mayor parte del territorio guerrerense. El capítulo 1 realiza una caracterización del área de estudio, así como su marco teórico; el capítulo 2, presenta la cosmovisión del agua entre los nahuas de la Montaña Baja de Guerrero; el capítulo 3 señala múltiples ejemplos y casos de los conflictos por el agua a lo largo y ancho de Guerrero y la región; el capítulo 4, examina los impactos adversos de la violencia en la región; y finalmente se presentan las reflexiones y propuestas finales de la investigación.
En las reflexiones y propuestas finales del libro de la doctora Díaz, hace un gran énfasis con base en el estudio de las experiencias locales por ella estudiada en que se requiere “rescatar el papel de las fiestas y ritos como una forma de valoración cultural del agua; difundir la noción de patrimonialidad en la que ésta es un bien común que se comparte y se cuida; fortalecer las formas de organización comunal y prácticas culturales que regulan el acceso, manejo y conservación” entre otros aspectos.
Este estudio permite articular a la presentación del mismo, el hecho que, desde el año 2012 se publicó la reforma al sexto párrafo del artículo 4º. Constitucional en que se estableció el derecho humano al agua para consumo personal y su saneamiento, así como la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Conforme a los mandatos transitorios de la propia reforma, el Congreso de la Unión tenía la obligación de expedir la Ley General de Aguas un año después, en el 2013. Sin embargo, ha incurrido en omisión legislativa hasta ahora durante 11 años.
Causa fundamental es que la denominada hidrocracia del agua, que representa los grandes intereses económicos relacionados a la gestión del agua, ha impedido que se expida la Ley General de Aguas. Así, se mantiene sin transformar el actual sistema ineficiente de concesiones y asignaciones, entre otros aspectos, que se establece en la Ley de Aguas Nacionales expedida en 1992.
En los hechos, la Ley de Aguas Nacionales vigente no resolvió los múltiples problemas relacionados con el agua en México, por el contrario, a más de 30 años de la existencia de esta, los problemas de la gestión del agua son mucho mayores para la sociedad mexicana y la naturaleza. Por ello, es necesario una Ley General de Aguas que atienda los vacíos y omisiones de la Ley de Aguas Nacionales, transformando el actual modelo de gestión del agua en el país, que no es ni equitativo, ni sustentable como lo mandata la reforma constitucional en la materia.
Por ejemplo, el propio Programa Nacional Hídrico 2020-2024 señala que de las 757 cuencas hidrológicas, en 69 el caudal concesionado o asignado es mayor que el de agua renovable, así como de 653 acuíferos, 115 presentan una situación de sobreexplotación. Adicional, 17 acuíferos registran intrusión salina y 32 tienen problemas de salinización de suelos y aguas salobres.
Asimismo, México es actualmente el país paradigma del agua embotellada, ya que la mayor parte de la población consume agua embotellada, debido a que, a lo largo y ancho del país, la calidad del agua es pésima para el consumo humano. Inegi revela que el porcentaje de hogares que beben agua proveniente de la compra de agua de garrafón o botella aumentó poco más de 5 puntos porcentuales en los últimos años, al pasar de 70.8 por ciento en 2015 a 76.3 por ciento en 2017. Es decir, más de 2 de cada tres hogares de México consumen su agua embotellada. Así, se informa por el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. en el 2017 que “debido a la falta de confianza de los usuarios en la potabilidad, México se ha convertido en el mayor consumidor en el mundo de agua embotellada, con 264 litros per cápita al año”. Como se observa del propio estudio, las comunidades estudiadas no escapan a esa problemática, donde es más fácil adquirir un refresco o cerveza, que tener agua potable en el hogar.
En general, los datos del estado del agua en México señalan que en el territorio nacional existen graves conflictos por el agua, esto ante su escasez y de manera contrastante en otros sitios simplemente en cada temporada de ciclones se inundan. Asimismo, es difícil identificar un acuífero, río o cualquier otro cuerpo de agua superficial no contaminada por descargas industriales y domésticas o simplemente sus aguas son sobreexplotadas, sin controles reales de transferencia de títulos y venta de transmisiones de derechos; la contaminación de los recursos hídricos sin que los responsables reparen el daño ocasionado.
En especial, se debe destacar, respecto a las comunidades indígenas y afromexicanas o pueblos originarios, que en ningún artículo de la Ley de Aguas Nacionales se hace alusión alguna a ellos. Por ejemplo, el determinar las provisiones cuando una autorización u otros actos previstos en la ley puedan afectar los derechos colectivos, de alguna comunidad campesina, indígena o afromexicana.
Además, la Ley de Aguas Nacionales no establece criterios, principios o mecanismos claros de delimitación de competencias y de decisión para resolver la problemática de la organización por cuencas. Esto, hace que se presenten conflictos por el agua entre estados, municipios o comunidades, ya sea en la propia cuenca o en cuencas compartidas de manera recurrente, en donde la participación ciudadana no es efectiva. Las soluciones no son simples, se requieren reglas claras y procedimientos bien definidos en la ley para resolver estos conflictos por el agua.
No obstante, ante estas adversidades, las comunidades indígenas y afromexicanas o pueblos originarios, que han sufrido siglos de opresión, relegados a vivir en territorios marginales en arduas condiciones, como lo demuestra este libro, ofrecen valiosas formas de abordar la crisis del agua por medio de sus conocimientos y prácticas tradicionales, en lo que respecta no solo a la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos sino también a la gobernanza democrática del agua potable y el saneamiento. Sin embargo, estos conocimientos y prácticas tradicionales están sujetas a una erosión continua, ahora más acuciante debido a la violencia cotidiana, como se presenta en este estudio.
Una Ley General de Aguas idónea debería derogar esta Ley de Aguas Nacionales de 1992 y todo su andamiaje que conlleva. Desde su origen, la Ley de Aguas Nacionales privilegió el valor del mercado como fuerza dominante y en consecuencia se redujo el papel rector del Estado, a un simple regulador, al quitarle en la realidad su rectoría sobre un bien esencial para la vida, como es el agua, eliminando la orientación social de legislaciones anteriores. Se trata de transitar de una gestión del agua centralista y tecnocrática a una gestión más democrática, más ciudadana y cercana a las comunidades. En especial, esta nueva rectoría del Estado debe asegurar los medios necesarios para que las comunidades indígenas y afromexicanas o pueblos originarios disfruten de sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento con pleno respeto a su cosmovisión, conocimientos y prácticas en manejo sostenible y comunitaria del agua.
Finalizo con mi felicitación a la doctora Rosalba Díaz Vásquez por su aportación para lograr una nueva cultura del agua en México a través del estudio las comunidades Nahuas de la Montaña baja del estado de Guerrero.
* Comentario leído en la presentación del libro citado, el 9 de agosto de 2024 Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Museo Regional del INAH, Chilpancingo, Guerrero.
