El futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dice que es necesaria una nueva reforma electoral y advierte que la instrucción del Presidente electo es que no se tolere ningún acto de corrupción.
Texto: Apro / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 10 de septiembre de 2018. En las elecciones federales de 2018, a pesar del “impresionante triunfo” de Andrés Manuel López Obrador, “no se detuvo el flujo de financiamiento ilícito a las campañas electorales” y el próximo gobierno debería hacer una nueva reforma para revisar la autonomía de los organismos estatales electorales y reforzar el sistema de controles de servidores públicos para detener el flujo del dinero público a las campañas.
Esta fue la propuesta principal planteada por el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, durante el coloquio en la Casa Universitaria del Libro, de la UNAM, acompañado por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janine Otálora Malassis.
Una nueva reforma electoral en el gobierno de López Obrador “mandará un mensaje para la nueva clase política mexicana de que el condicionamiento de programas sociales y el financiamiento ilícito son conductas que deben desterrarse” del sistema político mexicano, abundó Niego Castillo, futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entrevistado por Apro, Nieto Castillo indicó que “la instrucción del Presidente electo es que a partir del 1 de diciembre no se tolere ningún acto de corrupción.
Durante su participación en el foro en la Casa del Libro, Nieto Castillo indicó que en los comicios de 2018 se presentaron tres tendencias preocupantes, ancladas en el viejo modelo político.
“Primero, no se detuvo el flujo de financiamiento ilícito a las campañas electorales, provenga de delincuencia organizada, de peculado electoral o de algunas de las instituciones prohibidas por la ley”, advirtió.
“Segundo –que impacta en el sistema electoral mexicano– es la debilidad de los sistemas de control de servidores públicos, por lo que el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y equidad en la contienda, es decir, la neutralidad gubernamental, en realidad no se aplica en el sistema electoral mexicano”, abundó Nieto Castillo.
En tercer lugar, afirmó que “se tendría que revisar en una eventual reforma la relación del Instituto Nacional Electoral (INE) con los Oples (Organismos Públicos Locales). Estos no tienen recursos suficientes, ya que los gobiernos estatales no los fondean.
“Lo mismo sucede con el ámbito de las fiscalías electorales, diez de ellas inexistentes y los magros resultados que tuvo Fepade en el proceso electoral. No se vio ningún asunto relevante”, apuntó.
