Teodomira Rosales informa que piden al gobierno estatal que destine recursos para la compra de terrenos para quienes no pueden regresar a sus comunidades por falta de garantías de seguridad
Chilpancingo, Guerrero, 5 de agosto de 2025. La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra y representantes de un grupo de desplazados se reunieron ayer con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, a quien pidieron que el Gobierno estatal atienda sus demandas, la principal, su reubicación.
Rosales Sierra, quien da acompañamiento al grupo de desplazados por la violencia en el 2018 de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Zitlala, dijo que piden al gobierno estatal que destine recursos para la compra de terrenos en donde puedan reubicarse las familias que no pueden regresar a sus comunidades por falta de garantías de seguridad.
“Los desplazados ya no quieren que les devuelvan lo que perdieron; casas, muebles, huertas, ganado, sino un terrenito donde puedan construir sus casas y empiecen de nuevo a vivir en paz”, expuso la activista.
Es decir, comentó, quieren tener un domicilio para que cuando menos reciben los apoyos de los programas sociales que tampoco tienen porque carecen de una vivienda.
Por ejemplo, informó que de las 125 familias de este grupo de desplazados sólo reciben 56 los apoyos como víctimas de la CEAV federal.
También dijo que actualmente el Gobierno federal, tiene un programa de vivienda mediante el cual otorga 200 viviendas por cada uno de los municipios de la entidad, pero los desplazados no están considerados.
Informó que ya encontraron un terreno en el estado de Morelos, “con excelente ubicación como para un asentamiento” y le plantearon al subsecretario que el Gobierno estatal los apoye con la compra o bien hacer la promesa de compra-venta.
Informó que se trata de un predio de 28 hectáreas, pero las que necesitan para las viviendas son 12 en las que construirían sus casas 125 familias.
Informó que el predio tiene un precio de 500 pesos el metro cuadrado “yo siento que está económico porque hay un río y una calle cerca y está en plan, no se le metería mucho para relleno”, explicó la abogada.
Contó que el funcionario les prometió que va a buscar los medios para empezar la compra del predio.
Rosales Sierra explicó que en caso de que no se logre reunir el recurso para ese terreno, la otra propuesta es que mediante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) les den el recurso para que cada una de las familias, por separado, compre su propio terreno.
Dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les dio la calidad de víctimas a las familias desplazadas, por tanto, la CEEAV también es su responsabilidad.
Informó que en el caso debe intervenir también la CEAV federal “porque desde que se firmó el convenio, el 7 de abril del 2021, se ha desligado de las víctimas de desplazamiento, e incluso, ha revictimizado a las víctimas”.
Rosales Sierra informó que la propuesta del grupo es que haya una reunión interinstitucional, es decir, que participen todas las instituciones que tienen que ver con el problema: la CNDH, la CEAV, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del estado y los municipios, para que se pongan de acuerdo “cuaánto les toca a cada una” y se integre una bolsa de recursos.
Indicó que las autoridades tienen que buscar los mecanismos de cómo articularse para que se cumpla con el derecho a la vivienda y a la reubicación que tienen las familias desplazadas.
De acuerdo con la activista, la solución urge porque muchas de las víctimas han fallecido, “por la desesperación, por enfermedades que les vienen por la depresión”, y otras han sido desaparecidas, “pero de eso no se dice nada porque son amenazadas con desaparecer a toda la familia”.
Informó que desde el 2021 han venido desapareciendo a personas desplazadas, pero no dijo cuantas.
“Todo eso es una doble violación a sus derechos humanos, primero porque fueron desplazados por la violencia de sus comunidades debido a que no tuvieron la protección de las autoridades, y después no se les voltea a ver para resolver su problema de reubicación, “incluso no se quiere reconocer que hay un problema de desplazamiento forzado en el estado”.
Dijo que las familias no están fuera de sus comunidades por voluntad, sino porque ven que no hay garantías de seguridad.
Informó que hace dos años algunas familias quisieron regresar a sus comunidades pero se regresaron porque sus casas están ocupadas por gente del grupo delictivo que los desplazó.
Rosales Sierra, informó que hay familias que al salir de sus pueblos perdieron todo, y hay algunas que han hecho el inventario de sus bienes que dejaron y rebasan los cinco millones de pesos; incluyendo casa, huertas de aguacate, durazno, pera, manzana, vehículos, muebles o algún negocio que tenían. Dijo que todo esto al momento de salir quedó en manos del crimen organizado.
Por ello insistió que hasta para el Gobierno la mejor opción es su reubicación porque le pondría menos recursos que ofrecerles la reparación del daño.
Después de la reunión los representantes de los desplazados se concentraron frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde pasó a saludarlos la titular de la CEEAV, Enedina Medrano Serrano, quien se negó a contestar preguntas del reportero.
En los últimos dos años la CEEAV ha sido constantemente señalada por los representantes de los colectivos de entregar con retraso de hasta cuatro meses los apoyos para despensa.
También han declarado que se desconoce cuál es el padrón de víctimas en el estado, con lo que se sabría cuántos son los recursos que se destinan.
Nada de eso quiso contestar la encargada de despacho de esa Comisión; trastabillando caminó a prisa para ir al encuentro del vehículo en el que pasaron a recogerla.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
