Iguala, Guerrero, a 27 de septiembre de 2025.- Una historia de abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales que se cometían con impunidad en Iguala, en un contexto de vínculos de políticos, autoridades civiles, mandos del Ejército y de corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno con el grupo delictivo Guerreros Unidos, antecedieron a la trágica noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la que alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos y detenidos para de ahí ser desaparecidos sin piedad.
La noche de Iguala no se podría entender sin el contexto que le antecedió, principalmente en el periodo 2010-2014 durante los gobiernos del alcalde postulado por el PRD, el empresario José Luis Abarca Velázquez y su antecesor, el priista Raúl Tovar Tavera, donde el grupo Guerreros Unidos tomó relevancia con un control hegemónico en varios municipios de la zona Norte.
En el gobierno de Tovar Tavera (2009-2012) se formó el grupo de “élite” de la Policía Municipal, con unos 40 efectivos entrenados y comisionados a tareas de reacción inmediata en materia de seguridad, que después serían conocidos como Los Bélicos, por su forma de proceder con violencia y uso de exceso de la fuerza contra la población. Por su uniforme gris con blanco pixelado, parecido al que ahora usa la Guardia Nacional, también fueron identificados por la gente como Los Pintos.
Durante el gobierno de José Luis Abarca, considerado por algunos vecinos como “el mejor alcalde” que ha tenido Iguala y su gobierno clasificado como uno en los que menos inseguridad se vivió, tienen sus motivaciones en el periodo de silenciamiento bajo amenazas que hubo en la prensa, líderes sociales, dirigentes del transporte público, comercio y familiares de víctimas de delitos, para lo que se utilizó a la policía local y crimen organizado.
Ayotzinapa fue la punta del iceberg que evidenció el cúmulo de abusos cometidos en ese periodo y los nexos entre la clase política y mandos militares y de las policías de la región con el grupo Guerreros Unidos, que facilitaron y permitieron sus operaciones delictivas.
Asimismo, de familias de Iguala y empresarios que fueron detenidos o se libraron órdenes de aprehensión por posibles vínculos con el grupo criminal y delitos de lavado de dinero, entre los que se encuentra el empresario Cirilo Lara Brito y su esposa Roselia Abarca Pineda, que son cuñado y hermana del ex alcalde José Luis Abarca, que están prófugos.
En septiembre del año pasado, el gobierno federal y la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, revelaron en un informe los vínculos que existían entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellos del Ejército y Policía Federal, con Guerreros Unidos, quienes entregaban sobornos para facilitar el trasiego de droga, dar protección, así como proveer al grupo criminal de armas y municiones.
Guerreros Unidos es una escisión de cártel de los Beltrán Leyva, al que pertenecieron Salomón y Alberto Pineda Villa, hermanos de María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca Velázquez, ambos detenidos desde noviembre de 2014 por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y el secuestro de siete activistas de la organización Unidad Popular, de los que tres fueron asesinados entre ellos el luchador social Arturo Hernández Cardona, por lo que el 23 de septiembre se conoció que un tribunal federal le ratificó al ex edil la sentencia de 92 años y seis meses de prisión, y el pago de una multa de 920 mil 970 pesos. Pero el 24 de septiembre de 2025, dos días antes de que se cumplieran 11 años de la noche de Iguala, se dio a conocer que Abarca promovió un nuevo amparo contra esa sentencia, y obtuvo la suspensión de la ejecución de la misma, aunque seguía en prisión.
Retenes de la policía en los accesos a Iguala
Uno de los mecanismos de protección y vigilancia del territorio que impuso la Policía Municipal en ese periodo, fue la instalación de retenes de vigilancia y revisión que operaban las 24 horas del día en las entradas y salidas a Chilpancingo, Taxco y Teloloapan. Por las noches, accionaban enormes faros de luz dirigida a los automovilistas que ingresaban a la ciudad, lo que permitía a ellos ver a los ocupantes, pero a éstos les imposibilitaba ver a los que estaban en el retén.
Muchos testimonios denunciaron abusos que se cometieron en estos filtros principalmente contra automovilistas con placas de otras entidades, con vidrios polarizados, por la ocupación de puros hombres en los vehículos o inclusive por una apariencia “sospechosa”.
Hay testimonios de familiares de víctimas de desaparición que denunciaron que en uno de estos retenes de la Policía de Iguala fue la última vez que tuvieron comunicación con ellos, ya que los policías los habían detenido para alguna revisión, y jamás los volvieron a ver.
Es el caso de Efrén Ciprés González, de 23 años, lo levantaron en el retén de Loma de Coyotes, en la carretera federal a Ciudad Altamirano cuando salía para Teloloapan el 11 de mayo de 2013.
En tanto que de otros abusos en estos filtros, también fueron testigos dirigentes de policías comunitarias y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
El 27 de agosto de 2014, un mes antes de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, en el retén ubicado en la salida a Chilpancingo, fue detenido el abogado de la UPOEG Manuel Vázquez Quintero con dos de sus compañeros con los que habían acudido a los juzgados de distrito Quinto y Noveno con sede en esta ciudad para a dar seguimiento a juicios de amparo.
Los policías los detuvieron al considerarlos “sospechosos” al portar radios de comunicación, por lo que fueron trasladados a Barandillas, donde fueron interrogados durante cerca de 3 horas, encañonados y golpeados.
Vázquez Quintero presentó una queja en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con expediente VG/175/2004 contra los policías de Iguala por violaciones al derecho de seguridad jurídica y trato indigno.
Un año antes, el 9 de agosto de 2013 vivieron lo mismo en este retén afuera de la comunidad de El Tomatal, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo, cuando con cinco coordinadores de las casas de justicia de Zitlaltepec y Espino Blanco regresaba de la Ciudad de México, luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), a bordo de dos taxis en los que iban con tres choferes.
La detención, sin causa alguna, ocurrió cerca de las 10 de la noche, los golpearon y los llevaron a Barandillas en la comandancia de la Policía Municipal, ahí los tuvieron retenidos una hora, según denunciaron.
Se informó que fueron liberados con la intervención del secretario de Gobierno estatal, Jesús Martínez Garnelo y del procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, luego de que el hecho fue reportado por teléfono por miembros de la agrupación.
Represión a líderes sociales y organizaciones
Durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez fue muy marcada la represión a los movimientos sociales con el uso de la fuerza pública, que derivó en los asesinatos de cinco dirigentes y la extinción de la lucha social, luego de que las organizaciones y dirigentes que quedaron, no volvieron a movilizarse.
El caso más emblemático, y por el que el ex edil tiene una sentencia de más de 92 años de prisión, es el secuestro de ocho miembros de la Unidad Popular el 30 de mayo de 2013. Entre los luchadores sociales contra los que se cometió desaparición forzada está el activista Arturo Hernández Cardona, quien habría sido asesinado personalmente por Abarca Velázquez, según el testimonio de uno de los sobrevivientes.
La mañana del 3 de junio en un paraje cerca de Mezcala fueron hallados asesinados Hernández Cardona, quien tenía huellas de tortura, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román. Derivado de su muerte, alumnos de la Normal de Ayotzinapa y miembros de las organizaciones que integraban la Unidad Popular que habían salido a marchar para pedir su presentación con vida, causaron destrozos en el Palacio Municipal, quemaron oficinas y demandaron la destitución de José Luis Abarca, al señalar su responsabilidad por estos crímenes.
Hernández Cardona y los dirigentes Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes Maldonado y Jimmy Castrejón, fueron interceptados por policías municipales y sicarios luego de que se retiraron de la caseta de peaje donde realizaron una protesta para exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre por la falta de atención de Abarca Velázquez a su demanda de fertilizantes y obra pública.
Uno de los sobrevivientes de la Unidad Popular, Rafael Ochoa Ochoa fue detenido el 31 de agosto de 2013 por policías municipales, denunció que fue golpeado y lo obligaron a sostener un revólver calibre 38 especial para inculparlo por ese delito y ponerlo a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas de la entonces PGR. Después de eso, dejó su activismo.
En un hecho separado, dos meses antes, el 8 de marzo de 2013, a sólo seis meses de haber iniciado la administración de Abarca Velázquez, el primer síndico Justino Carvajal Salgado fue ejecutado a balazos en el edificio en el que vive su mamá, Naborina Salgado Macedonio, hermana del actual senador Félix Salgado.
Otra organización que vivió la represión de la policía municipal fue Mártires del Vado de Aguas Blancas que lideraba el ex secretario general del PRD en Iguala, Francisco López Liborio, asesinado a balazos el 9 de junio de 2015 cuando llegaba a su casa.
El 27 de septiembre de 2013 un conflicto que inició por el transporte público, donde hubo la intervención de civiles armados que desaparecieron al chofer Alejandro Díaz Rodríguez, derivó en la detención de siete miembros de la organización, entre ellos su dirigente Francisco López, quienes fueron golpeados en Barandillas y fueron sacados en ambulancias hasta que hubo la intervención de soldados del Ejército y representantes de Derechos Humanos.
Secuestros, detenciones arbitrarias y desapariciones
El caso Ayotzinapa destapó una serie de abusos y desapariciones de cientos de personas que se cometieron durante los cuatro años anteriores y que se habían ocultado por las familias debido al miedo y amenazas que recibieron.
El Sur documentó en estos años la recuperación de alrededor de 300 cuerpos que fueron localizados por familiares de víctimas de desaparición, como los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala y Madres Igualtecas en Busca de sus desaparecidos, que surgieron a partir del hallazgo de fosas clandestinas durante las búsquedas de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
A estos hallazgos de las familias se suman los cuerpos y fragmentos óseos que ha recuperado la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Testimonios de familiares de víctimas que fueron detenidas por policías y desaparecidas
Los colectivos de familiares de víctimas de desaparición han documentado decenas de casos que se denunciaron ante las fiscalías del estado y de la República, y otras más en las que los familiares dieron sus testimonios a reporteros, muchos de los que informaron que sus familiares fueron detenidos por policías y desde ahí están desaparecidos.
En los expedientes de desaparecidos figuran también policías municipales, entre ellos el ex director Abraham Alemán García, que fue mando de Los Bélicos, desaparecido en Iguala el 10 de mayo de 2013 después de que fue a visitar a sus padres. Ha trascendido que habría sido asesinado y sepultado en una fosa por la misma agrupación junto con su grupo de confianza de la policía.
Otros policías municipales desaparecidos son Saturnino Giles Beltrán, de 48 años, quien fue visto por última vez el 8 de marzo de 2014; dos días después, el 10 de marzo de 2014, también se denunció la desaparición del policía Minael Salgado Sánchez, al salir de la comandancia cerca de las 9 de la mañana y ya no llegó a su casa.
También está Saulo Rodríguez Cruz, de 38 años, esposo de la directora del colectivo Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, desaparecido el 7 de enero de 2011 al salir de su trabajo siendo asesor jurídico de la Policía Ministerial bajo el mando del comandante Humberto Velázquez, asesinado en junio de 2021.
Entre las víctimas hay testimonios que afirman haber visto cuando sus familiares fueron detenidos por policías y a partir de ahí están desaparecidos.
Entre las víctimas está la joven Ivette Melissa Flores Román, privada de la libertad de su casa el 24 de octubre de 2012 con intervención de policías municipales, ministeriales, agentes de tránsito y civiles armados, caso por el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una sentencia en contra del Estado mexicano y le exigió su búsqueda.
El chofer de Urvan del transporte público Sergio Sánchez Tolayo, de 30 años, fue detenido y golpeado por policías municipales encapuchados el 19 de agosto de 2014, a él se lo llevaron preso en una patrulla afuera de la iglesia de san Francisco de Asís, en la calle Juan Álvarez en pleno Zócalo, y a partir de ahí fue desaparecido. Lo mismo que César Alejandro Sánchez Contreras, de 33 años, detenido por policías municipales en 2014 y desaparecido.
Ignacio Campos Jiménez, de 22 años, fue detenido por policías municipales el 2 de diciembre de 2013 en la calle José María Morelos, de la colonia Centro de Iguala, y no ha sido localizado; en tanto que Martín Valencia Mendoza, de 39 años, el 18 de octubre de 2013 fue detenido por una supuesta orden de aprehensión en su contra, y desapareció luego de ser llevado a Barandillas.
El 1 de julio de 2013, un comando de entre 20 y 30 hombres armados, encapuchados con pantalones pixelados y playeras negras a bordo de camionetas blancas, irrumpió en una casa ubicada a cien metros del Palacio Municipal, en la que abrieron las puertas a disparos, gritando que eran policías federales y buscaban armas.
De allí se llevaron detenidos a los hermanos Luis Alberto y José Daniel Albarrán Miranda de 23 y 14 años, frente a su mamá y su hermana a las que dejaron desnudas encerradas en un baño, con amenazas de asesinarlas.
Un caso más de los muchos que hay, ocurrió el 20 de mayo de 2010, donde el adolescente Cristian Mazón Peralta, de 17 años, fue detenido por presuntos policías judiciales en la colonia Ruffo Figueroa de Iguala, y desde ahí fue desaparecido.
Comerciantes y transportistas pagaban cuotas
Era del conocimiento público, aunque nunca se denunció debido al miedo y las amenazas, que los comerciantes del mercado municipal Adrián Castrejón y toda esa zona comercial de su alrededor, cada mes debían entregar una despensa al gobierno municipal, las cuales después eran entregadas en colonias populares por la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, para ganar popularidad en su aspiración por la alcaldía.
En tanto que choferes de taxis y rutas de camionetas Urvan, denunciaron en su momento que cada mes debían pagar 200 pesos que supuestamente se dirigía al gobierno local con el que posteriormente hacían obra pública en colonias populares.
Alejandro Guerrero – Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
