Chilpancingo, Guerrero, a 27 de septiembre de 2025.- Siete años después de que fueron desplazadas por la violencia de sus comunidades en los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Zitlala, el Gobierno estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incluyeron a algunas de las víctimas en un censo.
El procedimiento se realizó ayer en la Secretaría General de Gobierno a donde asistieron 132 jefes de familias que no han podido regresar a sus comunidades por falta de garantías de seguridad.
La mayoría de las familias fueron desplazadas en noviembre del 2018 de comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, cuando irrumpieron unos 3 mil miembros de la entonces llamada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo que desplazó, se informó entonces, a más de mil 600 personas.
A ese grupo se sumó, entonces, otro de familias que fueron desplazadas de comunidades del municipio de Zitlala por miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
Siete años después, “el Gobierno estatal quería ver si todavía existían los desplazados, pidió que hicieran presencia para verles las caras y confirmar si en realidad existen para levantar un censo”, declaró después de la reunión la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra.
Dijo que, aunque les pareció una burla el argumento del Gobierno del estado “sí se dejaron venir los jefes de las familias”.
Rosales Sierra aclaró que todavía faltan muchas más pero que por vivir dispersas en distintos estados del país no pudieron ser localizadas de improviso.
Declaró que el número de familias desplazadas es mucho más alto, pero que muchos no pudieron ir y otros no fueron localizados pues se desconocen los lugares donde actualmente radican.
La defensora indicó que desconoce si las familias que no quedaron incluidas en el censo van a tener una oportunidad de que se integren, aunque algunos de los que vinieron ayer dejaron los nombres de sus familiares que están desplazados y es posible que posteriormente se haga una búsqueda de ellos.
Informó que de su propia voz los funcionarios supieron que siguen resistiendo y buscando su reubicación, “les dijeron que lo único que quieren es seguir viviendo y tener una solución a su problema, porque se quedaron sin casa y sin nada de lo que construyeron y obtuvieron en toda su vida porque todo se quedó en sus comunidades”.
Informó que obviamente estas familias ya no van a regresar a sus comunidades porque el Gobierno no les garantiza seguridad.
La activista declaró que esperan que después de la realización del censo los llamen para que les den una propuesta de reubicación.
Indicó que creen que habrá un acuerdo interno entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal y el Gobierno estatal para su reubicación en algún lugar.
Rosales Sierra informó que un grupo de las familias desplazadas ya tenía la propuesta de un terreno en Morelos para que fueran reubicadas ahí, pero que funcionarios de Sedatu argumentaron que quieren ubicarlos “donde haya condiciones, escuelas cerca, centros de salud, centros comerciales para que no se vulneren sus derechos”.
En cambio, informó que la propuesta de terreno que presentaron sólo les gustó a las familias porque había un río cerca, pero sin servicios públicos.
La defensora adelantó que buscarán que este año los gobiernos federal y estatal cuando menos elaboren el presupuesto para saber cuánto van a destinar para su reiniciación, y el próximo año ya se tenga el lugar donde serán reubicados.
En la reunión estuvieron un visitador de la CNDH y el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Juan Carlos Castañón.
Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
