El plan comenzará en El Quemado, incluye una compensación económica y se busca rescatar la memoria histórica, informa en Atoyac el comisionado Jaime Rochín. Esta deuda no se podrá cubrir si no hay seguridad, advierte la CNDH.
Atoyac, Guerrero, 12 de febrero de 2019. El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón presentó este lunes en Atoyac un programa piloto para la reparación del daño a las víctimas de violencia política durante la guerra sucia, que comenzará en el poblado serrano de El Quemado.
Antes de la presentación del programa habitantes de El Quemado, familiares de víctimas del terrorismo de Estado que se vivió en la década de 1970 marcharon porque se les canceló una audiencia privada con funcionarios federales de la CEAV.
En la presentación del programa piloto, en el gimnasio municipal, al que acudieron el gobernador Héctor Astudillo Flores, la alcaldesa Yanelly Hernández Martínez y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava, se destacó que el programa que se aplicará en el poblado incluye no sólo la reparación del daño de manera económica, sino que se busca rescatar la memoria histórica como parte integral del proceso.
Se abundó que habrá talleres de capacitación, impulso al desarrollo productivo de la comunidad con una procesadora de mango, un documental, un memorial y un libro sobre lo que los habitantes vivieron en el poblado durante la ocupación del Ejército que dejó más de 400 desaparecidos sólo en este municipio.
La CEAV planea que otras comunidades agraviadas vayan incorporándose y adecuándose al programa, pero en la actividad no se informaron los montos ni el número de familias beneficiadas para evitar riesgos.
El funcionario de la CNDH dijo que esta deuda no se podrá cubrir en la medida que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no cumplan su obligación básica y fundamental, con acciones seguridad que permitan la convivencia entre las personas y acaben con el entorno de violencia, e impunidad que se enfrentan.
Dijo que la desaparición de personas seguirá siendo una prioridad por lo que ratifican su compromiso para abatir la impunidad, y se logren la verdad y justicia a la que los familiares de las víctimas tienen derecho.
Destacó que la transparencia con la que se manejen las dependencias será fundamental para la construcción de una sociedad respetuosa, sustentada en los derechos humanos.
Reseño que estas desapariciones ocurrieron en un contexto de violencia conocido como la guerra sucia.
Mencionó que el 27 de noviembre de 2001 la CNDH emitió la recomendación 26/2001 al gobierno de la República con 532 expedientes recibidos por presuntas desapariciones en la década de los setentas y principios de los ochentas, de los cuales 275 se pudo demostrar la desaparición forzada que fue ejecutada por servidores públicos del Estado mexicano.
En los ataques a la población civil participaron diversas dependencias del Estado, en particular la Brigada Especial o Brigada Blanca de la Dirección Federal Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la Dirección de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y el Ejército, quienes intervinieron en la desaparición de personas que fue el principio de las violaciones a los derechos humanos.
Los agraviados fueron retenidos por lapsos prolongados y finalmente desaparecidos, por lo que se pidió al entonces presidente de la República, Vicente Fox Quezada, que asumiera su compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar que sucesos como los ocurridos se repitieran y girara instrucciones al procurador para nombrar un fiscal especial para la investigación y persecución de los delitos que pudieran desprenderse de la recomendación.
Agregó que de esa recomendación se conformó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp), sin obtener las sentencias esperadas contra los responsables generando que la impunidad provoque que delitos como desaparición forzada se sigan cometiendo, y no operó la garantía de no repetición como se demostró en el caso Ayotzinapa, incluso se ha agudizado en los últimos años esta práctica.
Dijo que a pesar de ser un documento de hace 17 años su estado es parcialmente cumplido, ya que sólo 139 casos han recibido la compensación correspondiente de los 275 acreditados, lo que representa el 51 por ciento.
En 2012 el gobierno del estado creó la Comisión de la Verdad que señaló la necesidad de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas implementara un cambio especial de la reparación del daño individual y colectivo.
Reconoció el trabajo de dar a conocer el plan colectivo de reparación integral de víctimas pero lamentó que esta práctica de desaparición no ha sido erradicada y es una realidad latente en el país, siendo una de las violaciones más grave de los derechos humanos que agravia a la sociedad en su conjunto.
Ofrece la CEAV disculpas y una política distinta
El comisionado ejecutivo, Rochín del Rincón señaló que casi 50 años después están reunidos distintas autoridades ante ustedes, que lo sucedido en esa zona fue “una política de Estado, represión, incluso de exterminio”.
El funcionario federal dijo que hoy se disculpan y ofrecen una política distinta que detona en un proceso sumó a 491 víctimas directas y mil 70 indirectas con las que hubo acercamiento en Atoyac y Acapulco con talleres para las víctimas.
Con la reparación, dijo, se pretende visibilizar a quienes desparecieron, dar voz a quienes fueron silenciados y recuperar sus comunidades donde reconstruyen el tejido social que inicia con el programa piloto en El Quemado y se repetirá en distintos municipios para sanar una herida que sigue abierta, acceso a la verdad y respeto al familiar de las víctimas.
El gobernador Héctor Astudillo iba a hablar y justo antes los presentes corearon “vivos se los llevaron vivos, lo queremos”.
Dijo que cuando estuvo de campaña en la comunidad platicaron del tema, que la aplicación de este plan permitirá demostrar en los hechos que el país está cambiando, “ahí está la parte de nuestra lamentable historia que nadie quiere, que nadie desea que se vuelva a repetir por eso entre todos debemos cerrar filas”.
Agregó que estará atento, personalmente le dará seguimiento y será como los familiares digan.
Agregó que Guerrero un estado difícil que los problemas no son de hoy, “han aparecido desde hace muchos años pero la dignidad los mantiene, no se han doblado en la adversidad se tiene que seguir adelante, no celebro nada, porque esto no es para celebrar sólo que se avance en este tema de justicia, que aquí está el gobernador con ustedes”.
La Comverdad registró 522 víctimas y se les debe de atender, expone Nicomedes Fuentes
El ex comisionado de la verdad Nicomedes Fuentes García pidió que se escuchara a las víctimas, que no se les dio voz durante la presentación del plan.
Pidió que se atiendan a 522 víctimas que documentó la Comisión de la Verdad y no solamente 275 que registró la CNDH, caso por caso, de manera personal sin intermediarios.
Dio lectura a un documento donde dijo que 515 casos no están contemplados, piden la reparación del daño además de que los integren al registro oficial.
Insistió en que requieren verdad y justicia, que se restablezca la confianza mediante el diálogo con las autoridades, que se informe de los casos y se elabore un calendario a las víctimas que faltan, que por temor no se habían acercado a pesar de que ya pasaron casi 50 años.
Pidió de manera especial se considere el caso de desaparición de habitantes de El Pozquelite, entre ellos Francisco Castro que fue liberado después de que lo tuvieron retenidos, pero lo volvieron detener cuando trabaja en la carretera de El Quemado.
Marchan porque les cancelaron una reunión privada
Antes, familiares de víctimas del los años 70 marcharon inconformes por la cancelación de una reunión privada.
Los manifestantes se quejaron de que de forma repentina ayer se les informó que se cancelaba el encuentro que tendrían en el poblado antes de la presentación del plan de atención y reparación del daño.
Expresaron su inconformidad por el cambio de sede también de última hora.
La marcha partió del arco de entrada a la ciudad minutos antes de las 11 de la mañana y avanzó por la avenida Juan Álvarez, hacia el hotel México donde se haría la presentación.
Ante la llegada del contingente los funcionarios de la CEAV que se hospedaron en el hotel México de manera improvisada realizaron una reunión en la que explicaron parte del plan.
El funcionario Sergio Garibay expuso que se busca restablecer el tejido social de la comunidad que ha sido visitada de manera constante desde 2017 con brigadas médicas.
Anunciaron que los trabajos arrancan en marzo y se estima que concluyan en diciembre de este año.
Entre ellas destacaron la parte del pago reparatorio a los familiares y víctimas de este delito de lesa humanidad, y que se apoyará de manera colectiva e individual.
Precisaron que los proyectos para impulsar la producción en la zona fueron una procesadora de mango y bambú, y se estima se eche a andar el proyecto y haya finalizado en diciembre de este año.
Los arquitectos que asesoran informaron que tendrán acceso a los archivos de la nación para documentarse y poder plasmar y compartir con los pobladores el diseño que ellos elijan.
Abundaron que para el rescate de la memoria histórica se contará con expertos en el tema, quienes impartirán talleres a los habitantes y sean ellos los que aporten el diseño para el memorial que se construirá en la comunidad, asesorados por los expertos.
Además, se tiene programado un documental así como una edición impresa de testimonios y fotografías del hecho para lo que recibirán ayuda emergente y un pago durante la capacitación en los talleres que se les impartirán.
Los manifestantes pidieron que lo ahí expuesto se asentara en una minuta de acuerdo para que fuera firmada por los funcionarios el a CNDH que estuvieron presentes, ya que siempre los han traído con promesas.
Posteriormente llegaron en una marcha al evento oficial en el gimnasio municipal con las autoridades locales, estatales y federales, para la presentación del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de Violencia Política del Pasado.
Texto y foto: Francisco Magaña
