12 febrero,2019 4:37 am

Despidió Media Luna a 20 trabajadores y están amenazados, denuncian ante López Obrador

El jueves le solicitaron su intervención para que sean reinstalados, y el cumplimiento de los compromisos que la empresa canadiense asumió con los pueblos de la zona de Cocula. Cuatro ex trabajadores se encuentran refugiados en un hotel por amenazas de muerte, informan. 
Chilpancingo, Guerrero, 12 de febrero de 2019. Unos 20 trabajadores despedidos de la minera Media Luna SA de CV, subsidiaria de Torex Gold Resources, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que sean reinstalados, y el cumplimiento de los compromisos que la empresa canadiense asumió con los pueblos de la zona.
Los trabajadores entregaron mediante el dirigente de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) de Taxco, Roberto Hernández Mojica, un escrito a López Obrador durante su visita el jueves pasado a Iguala en el que le piden su intervención para que sean reinstalados, y para que Media Luna cumpla las obras y los compromisos que asumió con los pueblos asentados en los alrededores de la minera ubicada cerca de Nuevo Balsas, municipio de Cocula.
En la actividad del Presidente en Iguala, los trabajadores despedidos desplegaron una lona que decía: “Señor presidente los trabajadores de la empresa Media Luna solicitamos su intervención para que se nos reinstale en el trabajo que veníamos desempeñando con dicha empresa, ya que fuimos despedidos injustificadamente por exigir nuestros derechos de libre sindicalización, así como la seguridad e higiene en el trabajo. Atentamente: trabajadores despedidos injustificadamente”.

La petición a López Obrador fue hecha pública hasta ayer mediante terceras personas debido a que los trabajadores despedidos y todos los que participaron en el paro laboral el año pasado se encuentran amenazados y temen salir a la luz pública.
Incluso ayer se informó que cuatro ex trabajadores se encuentran refugiados en un hotel de la Ciudad de México por amenazas de muerte que han recibido.
Los trabajadores participaron en un paro laboral que comenzó el 3 de noviembre de 2017 en demanda de la cancelación de su relación laboral con un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y su incorporación al SNTMMSRM.
Al movimiento se incorporaron también  pobladores de Real de Limón, La Fundición, Atzcala y colonia Valerio Trujano, para demandar a la empresa minera el cumplimiento de obras y servicios en esos pueblos.
El paro laboral y los bloqueos a las instalaciones de la minera que mantenía suspendidas sus actividades, terminaron abrupta y sigilosamente en abril de 2018, después de diversos episodios de violencia como el asesinato de los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, originarios de Tonalapa del Sur, municipio de Tepecoacuilco, quienes trabajaban para la minera a través de otra empresa subrogada.
Ambos fueron asesinados la noche del 19 de noviembre del 2017 en la entrada de Atzcala donde había un plantón de pobladores en contra de la minera.
El 24 de enero de 2018 fue asesinado en Nuevo Balsas el dirigente del movimiento laboral, Quintín Salgado.
Previo al levantamiento del paro y los bloqueos a los accesos de la minera también hubo varios intentos de desalojo en los que participaron las policías Federal y Estatal, por lo que al finalizar el movimiento los dirigentes se negaron a informar respecto a las condiciones y circunstancias por las que levantaron el paro y los plantones en contra de la minera.
Ayer se conoció que tras el movimiento la empresa despidió a 20 trabajadores a los que ubicó como los “incitadores” del paro laboral, y hubo amenazas de terceras personas en su contra al grado de que cuatro de ellos abandonaron sus pueblos y se fueron a refugiar a un hotel de la Ciudad de México.
El jueves pasado aprovechando la visita del presidente López Obrador a Iguala, los obreros despedidos entregaron un escrito en el que le informan de la situación y le piden su intervención para que sean reinstalados en sus empleos, y el cumplimiento de la minera con los pueblos de la zona a los que les prometió obras y servicios públicos a cambio de que permitieran la apertura de la minera.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur