Chilpancingo, Guerrero, a jueves 20 de febrero de 2025.- Ayer venció el plazo para que un juez federal determinara la situación legal de los cinco integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Malinaltepec, que fueron detenidos el domingo cuando trasladaron a un herido al hospital de Tlapa.
Pero la audiencia no se celebró por falta de traductores y el defensor de oficio solicitó un aplazamiento.
Los policías comunitarios fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República, ubicada en Chilpancingo.
A las 11 de la noche del domingo dos comandantes y cinco policías de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de Espino Blanco prestaron un servicio social y trasladaron a un vecino lesionado de Xalpatláhuac al hospital general de Tlapa, en la región Montaña.
A su regreso los policías comunitarios fueron interceptados por agentes de la Guardia Nacional cuando circulaban en la carretera federal Tlapa-Marquelia.
La Policía Militar detuvo a los integrantes de la CRAC-PC por portación de armas.
Se trata del primer comandante Juan Simón Melgarejo y el segundo comandante Teodoro Francisco Dircio Simón, quienes portaban armas largas AR-15.
Así como los policías Agustín Vitinio Montés, Leobardo Rosendo Gabino Gómez y Pedro Javier Álvarez Villareal, que llevaban escopetas. También les quitaron una patrulla.
Los detenidos y su unidad fueron trasladados la mañana del lunes a la delegación de la Fiscalía General de la República en la capital del estado, Chilpancingo.
El martes el consejero regional de la CRAC-PC, Martín Rosales Sierra informó que no había indicios de la liberación de sus compañeros a pesar de la intervención del subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Y que ya se habían entregado pruebas para demostrar que no cometieron algún delito, que la portación de ese tipo de armas está autorizada por la asamblea y el reglamento.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó en un comunicado que las autoridades comunitarias de la CRAC-PC han presentado datos de prueba para acreditar que fueron electos en asamblea, y que la salida de su territorio fue para prestar un servicio humanitario.
“Tales datos de prueba no fueron valorados por el Ministerio Público que los consignó a un juez federal y este mediodía (miércoles) tuvo lugar una audiencia inicial donde les formularon la imputación”, asentó la organización.
El consejero regional de la CRAC-PC, Martín Rosales informó que hasta las 8 de la noche la audiencia no iniciaba, y que no tenían más información.
“Al parecer no empezaba por falta de traductores. Entendemos que el defensor (de oficio) difirió la audiencia”, dijo.
Se supo que gobierno del estado había desistido de pedir la liberación de los integrantes de la CRAC-PC.
Las cinco casas de justicia de la CRAC, Espino Blanco, San Luis Acatlán, Zitlaltepec, Chilixtlahuaca y El Paraíso han determinado movilizarse para exigir la liberación de sus compañeros.
Texto y foto: Luis Daniel Nava
