La gobernadora sólo ejerció sus facultades constitucionales, dice el presidente. No habrá impunidad y se va a investigar a todos los funcionarios implicados en el caso Kothan, anuncia. Dejó Valdovinos de ser fiscal al notificarlo Evelyn, sostiene la presidenta de la Jucopo. El Congreso no ha recibido alguna solicitud de la destituida, dice aparte la presidenta de la mesa directiva. Sigue la SSP sin encargado y se van funcionarios que llegaron con el general Rolando Solano
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 16 de marzo de 2024. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno federal respalda a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, tras la renuncia de Ludwig Marcial Reynoso como secretario general de Gobierno, y de Rolando Solano como secretario de Seguridad Pública, tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por policías estatales.
“La gobernadora de Guerrero no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno y también está solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal. En este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad”.
Durante su conferencia de prensa de este viernes en La Paz, Baja California, a pregunta de si se investigaba a Solano, el presidente afirmó que debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de asesinato de Kothan, la instrucción es que se investigue a todos los posibles involucrados
“Se va a investigar a todos, está abierta la investigación. Lo que le hemos pedido a la Fiscalía, que ya atrajo el caso, que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie, no somos iguales”, subrayó.
Al presidente se le preguntó directamente sobre la decisión de la gobernadora de remover del cargo a la fiscal estatal, la teniente coronel del Ejército Sandra Luz Valdovinos, quien anunció que acudirá ante el Congreso local a exponer sus argumentos para revertir la decisión.
Y respondió que Valdovinos “tiene todo su derecho, está muy clara la Constitución de Guerrero, de que tiene la facultad la gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso si no está de acuerdo en la remoción, con dos terceras partes que voten, que no estén de acuerdo, no puede la gobernadora”.
Subrayó que “muy lamentablemente un joven de la Normal de Ayotzinapa perdió la vida, fue asesinado y quisieron, porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad. Nos metimos a investigar y se encontró que en efecto, habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero”.
El presidente añadió que el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se volvió más complejo debido al encubrimiento y fabricación de versiones como la llamada “verdad histórica”.
“¿Por qué se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala? Porque se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada “verdad histórica”. Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad, otra cosa, no caemos en provocación”.
Se le preguntó sobre la reunión de padres de los 43 normalistas desaparecidos con el senador Ricardo Monreal este jueves, y dijo que “con todo respeto” para su compañero de partido, desea conversar con los familiares, pero sin intermediarios, porque no confía en ellos.
“Lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no les tengo confianza a los intermediarios, ya lo he dicho varias veces, no les tengo confianza a los abogados. Imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta del Palacio y lleva a unos tiradores con piedras y al mismo tiempo dice que quiere diálogo”.
Dejó Valdovinos de ser fiscal al notificarlo Evelyn, sostiene la presidenta de la Jucopo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Citlali Calixto Jiménez, informó que en el momento que la gobernadora Evelyn Salgado notificó a Sandra Luz Valdovinos Salmerón que la removía del cargo, ésta dejó de ser fiscal de Guerrero.
Sólo si las dos terceras partes de los diputados locales objetaran la remoción, en un plazo de diez días, volvería a la posición, pero estimó que los 46 diputados de la Legislatura apoyan la decisión de la mandataria.
En consulta telefónica precisó que el procedimiento administrativo señalado en la fracción séptima del artículo 142 de la Constitución estatal es puntual en este sentido, y no prevé el derecho de audiencia, al que apeló Valdovinos Salmerón.
Por separado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Leticia Mosso Hernández, informó que el jueves por la tarde, el mismo día del anuncio, recibió el oficio de la gobernadora sobre la remoción de la fiscal, y lo remitió a la Jucopo.
Calixto también dijo que la Mesa Directiva hasta ayer no tenía ningún documento de la ex fiscal solicitando la audiencia que mencionó en su comunicado del jueves tras el anuncio de la gobernadora.
Mosso, diputada del PT, indicó que habló con los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, “y por supuesto, (tienen) la disposición y compromiso con el pueblo de Guerrero, que nos hace coincidir como movimiento en el respeto total a la legalidad y rendición de cuentas eficiente y transparente, primero, la dignidad del pueblo, la transparencia de los hechos, para que haya una investigación eficiente”.
Lo anterior, en relación con el l asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta a manos de policías estatales, a las acciones de encubrimiento tras la agresión y la fuga del autor material, que derivaron en las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera, respectivamente, y la decisión de la gobernadora de remover a la fiscal del estado.
Calixto Jiménez agregó que hay coincidencia en que “todo se dé conforme a derecho, total transparencia y eficiencia”.
Incluso dijo que celebró la decisión de separar del cargo a la fiscal “porque es un principio de verdad y de justicia que ha promovido el movimiento, que se tomen las decisiones pertinentes, en este sentido”.
Sin embargo, precisó que habrá un diálogo con los representantes de los grupos parlamentarios y representaciones políticas en la Jucopo, para saber si hay alguna inquietud, a pregunta de si habrá algún pronunciamiento en el pleno o sólo dejarán correr el plazo de diez días para que la decisión de la gobernadora quede firme.
Señaló que la ex fiscal está en su derecho de correr los procedimientos que crea correspondientes, incluida una audiencia para escuchar sus argumentos, pero subrayó que el Congreso no está incurriendo en ninguna falta que amerite un amparo u otra situación legal.
Como representación del PT, la diputada Leticia Mosso informó que respalda la decisión de la gobernadora de remover a la fiscal. Adelantó que el lunes, en la reunión de la Jucopo, donde se revisan los temas de la agenda, se presentará el oficio de la gobernadora. Estimó que el martes será llevará a cabo la sesión ordinaria.
Sigue la SSP sin encargado y se van funcionarios que llegaron con Solano
Con la renuncia del secretario estatal de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, que aceptó este jueves la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el contexto de la crisis social por el homicidio del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, se separan del gobierno del estado el subsecretario de Operación Policial, Isidro Miguel Cruz, y su secretario particular, que llegaron con el ex funcionario hace mes y medio, según fuentes extraoficiales.
De manera informal también se tuvo información de que la operación policial quedó a cargo del director general de la Policía Estatal, Gabriel Rebollar Gonzalez, en tanto la gobernadora Evelyn Salgado Pineda designa al siguiente encargado de despacho, como hizo en la Secretaría General de Gobierno, o realiza el nuevo nombramiento.
Los dos anteriores titulares de la SSP, militares, fueron propuestos por las fuerzas armadas, Evelio Méndez Gómez, capitán de la Marina, y Solano Rivera, general brigadier Diplomado de Estado Mayor, uno de los más altos rangos dentro de la jerarquía del Ejército Mexicano.
Oficialmente no hay información de lo que acontece en la SSP, pero ya se observan en las calles policías estatales en recorridos, reducidos desde los hechos del 7 de marzo.
El directorio de la SSP del estado no se ha actualizado en línea, sigue el nombre del anterior secretario y sus colaboradores.
El subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Marco Antonio Guijosa Mora, es el mismo que se nombró desde el inicio de este gobierno.
El subsecretario del Sistema Penitenciario, Isaías Juárez Martínez, es el segundo de la actual administración.
Incurriría en usurpación de funciones la fiscal si no deja el cargo, dice abogado
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sí tiene facultades constitucionales para pedir la remoción del cargo de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien en caso de que se mantenga en funciones incurre en el delito de usurpación de funciones.
El abogado constitucionalista Valentín Sandoval Montiel, entrevistado en su despacho ayer, dijo que la funcionaria, igual que los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, incurrieron, además, en delitos de abuso de autoridad, simulación de pruebas y administración fraudulenta, por lo que, independientemente de su destitución, deberían de ser sancionados penalmente.
Para el abogado, no hay mucha controversia respecto a quién tiene la razón, si la gobernadora o la fiscal, luego de que Salgado Pineda informó que notificaría a Valdovinos Salmerón la remoción de su cargo, y ésta respondió con un comunicado que se mantendría en sus funciones hasta que se agotara el procedimiento administrativo.
Consultado al respecto ayer, el abogado Sandoval Montiel declaró que “no hay mucha controversia”, puesto que la Constitución General del Estado establece claramente los lineamientos que se siguen tanto para la designación del o al fiscal, como para la remoción de su cargo.
Explicó que en el apartado siete del artículo 142 de la Constitución Política del Estado, se establece que el fiscal general podrá ser removido por el gobernador o gobernadora en este caso, “por causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.
Aclaró que la remoción podrá ser objetaba por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado, dentro de un plazo de 10 días, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones si el Congreso del Estado no se pronunciara, pero que si no se pronunciara se entenderá que no existe objeción.
“Es decir, sí es facultad de la gobernadora remover de su cargo a la fiscal, lógicamente, tiene que cumplirse con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados, pero si no se oponen se entenderá que la orden de la gobernadora deberá ser acatada”, insistió.
Aclaró que en el mismo apartado se establece que la fiscal será nombrada para seis años, en este caso la gobernadora está basando su actuación en las irregularidades que hubo por la muerte del estudiante de la Normal de Ayotzinapa.
“Cuando una persona es detenida por un delito, como el que se le imputa a los policías, forzosamente tienen que ponerlos a disposición del Ministerio Público, y dentro de las 48 horas tendrá que determinar si existen elementos para judicializarlos ante una autoridad, si no lo hace, la fiscal está faltando a su labor”, advirtió.
Sin embargo, aclaró que también funcionarios como el secretario de Seguridad Pública y el de Gobierno incurrieron en ilícitos graves.
“La Secretaría de Seguridad Pública trató de justificar el actuar de sus elementos cuando dijo que repelieron la agresión en defensa de su vida, y que los estudiantes traían armas y drogas”.
Indicó que con ello existieron omisiones graves de la Secretaría de Seguridad Pública, al justificar el actuar de los policías, “cuando después se descubrió que existió un abuso de la fuerza de los policías, quienes de manera incorrecta trataron un delito y su actuación fue excesiva y lo más grave, que después trataron de justificar ese uso de la fuerza con la creación de pruebas falsas, al decir que traían armas y droga”, indicó el abogado.
Añadió que la autoridad penal debe de determinar los delitos en que incurrieron los funcionarios, porque “avalaron la creación de pruebas, peritajes, sembraron pruebas, incurrieron en abuso de autoridad, simulación de pruebas y administración fraudulenta, y advirtió que con ello pueden iniciárseles un procedimiento penal.
Además, advirtió que si ayer (viernes) la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón continuaba al frente de la Fiscalía, incurrió en usurpación de funciones, “porque al momento que fue notificada legalmente de su remoción del cargo por la gobernadora Salgado Pineda ya está usurpando funciones, y esto es un delito penal, independientemente de los delitos administrativos que llevaron a su remoción”, insistió.
Explicó que tiene razón cuando dice que se debe de agotar el procedimiento administrativo para que se proceda con su remoción, pero que antes se tiene que separar del cargo y enfrentarlo desde afuera, “y si el procedimiento que hizo la gobernadora es incorrecto podrá ser restituida y si fue incorrecta la decisión tendrá que verlo después”.
Advirtió que todas las actuaciones que está haciendo después de su notificación es delito penal, usurpación de funciones, “porque ella, al día de hoy, (viernes) ya no es la fiscal”.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela, Lourdes Chávez y Zacarías Cervantes/Foto: Cuartoscuro
