Chilpancingo, Guerrero, a 24 de abril de 2025.- Con una votación y discusión que ocurrió en medio de divisiones entre la alianza conformada por Morena-PT-PVEM, con la oposición de la panista Irene Montiel Servín y la abstención de los cinco diputados del PRI presentes en la sesión, el Congreso local aprobó por mayoría de votos un exhorto dirigido a los 85 ayuntamientos, a los tres poderes y a los órganos autónomos para prohibir que se utilice presupuesto público para financiar y promover concursos de belleza.
La propuesta lanzada por la diputada de Morena, Luissana Ramos Pineda, consistía en exhortar a los 85 ayuntamientos a no destinar presupuesto público para certámenes de belleza por considerar que dichos actos son un tipo de violencia hacia las mujeres, por lo que el Estado no debería fomentarlos, y que los recursos se reorienten a acciones y programas en favor de los derechos de las mujeres. Su propuesta se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, órgano que en la sesión de este miércoles presentó al pleno el dictamen para su discusión y aprobación.
Durante la discusión se sumaron otros tres puntos, para terminar en un exhorto dirigido ya no solo a los 85 ayuntamientos, sino a los tres poderes del Estado y a todos los órganos y entes públicos que reciban presupuesto público para que no financien, ni promuevan dichos eventos, además de prohibir la creación de comités o patronatos que los organicen.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género el Congreso del Estado, el exhortó hacía los ayuntamientos fue fundamentado en que: “Los certámenes de belleza representan una forma de violencia estructural, al perpetuar la cosificación de las personas, en especial de las mujeres, este tipo de eventos fomentan estándares de belleza poco realistas y limitados, que contribuyen a una cultura donde el valor de una persona se mide en función de su apariencia física, en lugar de sus cualidades intelectuales. La cosificación deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos que deben ser evaluados y comparados según criterios superficiales”, según la diputada Leticia Mosso Hernández, al fundamentar la propuesta de la Comisión, la cual preside.
Para razonar su voto a favor, la diputada promovente de la iniciativa, la morenista Ramos Pineda aseguró que los certámenes de belleza generan violencia simbólica, mediática y digital contra las mujeres, por lo que las autoridades tienen la obligación de erradicarlas y no promoverlas con presupuesto público.
“Este exhorto va acompañado de una propuesta que solicita que también en los ayuntamientos se promueva poder fortalecer el liderazgo comunitario de las mujeres, poder enaltecer la participación académica de las mujeres, porque solamente así vamos a reducir la brecha de género”, explicó Ramos Pineda.
En rechazo al exhorto, la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, defendió que los certámenes son eventos que contribuyen a la economía local y en la difusión del patrimonio y la cultura de cada lugar donde se realizan.
Citó casos como el certamen Señorita Flor de Nochebuena, de Chilpancingo, así como de otros municipios de Guerrero que repiten este tipo de actividades que aseguró, “puede ser fuente de inspiración para las audiencias” y que “fomentan valores importantes como la confianza y el respeto…
Son más que competencias estéticas, son espacios que generan un espacio positivo en la sociedad, economía y una buena imagen del lugar sede”, argumentó.
Aquí terminó la primera discusión de la propuesta, con una votación de 31 votos a favor de los diputados de Morena y MC; tres en contra, dos de diputados del PVEM y uno del PAN y cinco abstenciones de los priistas. Por lo que se aprobó en lo general el exhorto.
Propone el PRI prohibir uso de recursos
En la discusión particular inició otro debate, el cual se amplió durante una hora con intervenciones y recesos, por las participaciones de Lührs Cortés y Sandoval Ballesteros
Lührs Cortés propuso que el exhorto se eleve a iniciativa para que, a partir del 2026, sea obligatorio prohibir el financiamiento público para los certámenes de belleza. Además que se amplíe a los tres poderes del Estado, órganos autónomos, organismos paraestatales, organizaciones, asociaciones civiles, cámaras y patronatos.
“Es decir, a todas aquellas entidades que pudieran en algún momento organizar algún evento o certamen de la naturaleza de lo que estamos tratando y que para ello pudieran hacer uso discrecional de recursos públicos”, consideró la emecista.
En su intervención, Sandoval Ballesteros amplió la propuesta para que los entes públicos “se abstengan de utilizar recursos públicos o aceptar cualquier forma de financiamiento, para la organización, promoción o auspicio de estos concursos, que evalúen califiquen o premien la apariencia física y atributos estéticos de niñas, adolescentes y mujeres”.
Ya en dichas propuestas, la alianza Morena-PT-PVEM votó a favor, los cinco priistas mantuvieron su postura de abstenerse, al igual que se mantuvo el voto en contra de la panista Montiel Servín.
Aprueban sancionar la difusión de información de mujeres víctimas de violencia
Por unanimidad se aprobó una reforma de adición a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la protección de los datos personales de las mujeres víctimas de violencia digital, evitar su difusión, uso indebido, prevenir la revictimización y proteger la privacidad, integridad y seguridad de las víctimas.
En la reforma aprobada se establecen medidas de confidencialidad en la atención institucional y sanciones para quienes vulneren dicha protección.
A través de adiciones a la fracción XVII al artículo 8, un tercer párrafo al artículo 9 Bis y la fracción XV al artículo 59 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se garantiza la confidencialidad de los datos personales de las mujeres víctimas de violencia y evitar transferencia de registros de sus datos personales en todos aquellos libros, archivos, expedientes u otros sistemas, físicos o digitales, que puedan ser susceptibles de apropiación de la información por parte de terceros.
Se establece que la persona servidora pública a cargo del manejo y consignación de datos personales de mujeres víctimas de violencia será responsable de su conservación, confidencialidad y resguardo, y si los difunde o facilita será sancionado conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Código Penal para el Estado y la Ley de Responsabilidad Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado.
También se aprobó un dictamen por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar la paridad de género en los Ayuntamientos.
En la reforma aprobada se sustituye el término “observando el principio de paridad” por “en cumplimiento al principio de paridad”, lo que, aseguran, favorecerá a una administración municipal más equitativa.
Texto: José Miguel Sánchez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
