Faculta y obliga al Estado a erradicar cualquier acto o práctica que denigre, menoscabe la dignidad y los derechos humanos de las niñas, incluidas las basadas en tradiciones y usos o costumbres
Chilpancingo, Guerrero, 30 de septiembre de 2022. El pleno del Congreso local aprobó una serie reformas en materia de derechos de las mujeres, entre ellas la de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que faculta y obliga al Estado a “erradicar cualquier acto o práctica, que denigre, menoscabe la dignidad y los derechos humanos de las niñas, incluidas las basadas en tradiciones y usos o costumbres, que tenga como resultado final la venta de niñas, matrimonios forzados y explotación”.
El dictamen fue de las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizó a partir de la propuesta presentada por la diputada priista Julieta Fernández Márquez, en la cual planteó que se garantice que “los usos y costumbres de las comunidades y de la sociedad en general no vulneraran de ninguna forma los derechos humanos” de ese sector.
También se plantea la erradicación de cualquier práctica que se base en tradiciones, usos y costumbres que tenga como resultado final directa o indirectamente la venta de niñas para contraer matrimonios forzados, o cualquier otra actividad denigrante e ilícita”.
Al artículo 44 de la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado, en el que se establecen las facultades obligaciones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se agrega el numeral séptimo bis.
Este numeral se estableció que es facultad del sistema el “erradicar cualquier acto o práctica, que denigre, menoscabe la dignidad y los derechos humanos de las niñas, incluidas las basadas en tradiciones y usos o costumbres, que tenga como resultado final la venta de niñas, matrimonios forzados y explotación en cualquiera de sus formas”.
La diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz leyó en tribuna la argumentación del dictamen aprobado que señaló que este es solo uno “de los problemas que viven nuestras niñas en las regiones más pobres”, porque los matrimonios forzados “constituyen una violación de los derechos humanos, pues esta práctica no respeta el principio básico de lo que constituye el matrimonio -la unión marital del libre consentimiento entre dos individuos- e impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí mismo”.
En su participación dijo que, para comunidad internacional, los matrimonios forzados “son una forma contemporánea de esclavitud, son una violación a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y son una forma de violencia de género”.
La priista señaló que además de lo grave que ya es el problema de los matrimonios forzados, este se agrava aún más “bajo el argumento de los usos y costumbres, al existir dinero de por medio, se ha convertido en una práctica denigrante de comercialización real de las mujeres para contraer matrimonios arreglados, por encima de sus derechos humanos y con el consentimiento muchas veces de algunas autoridades”.
También reconoció que no es suficiente la reforma al Código Civil para prohibir el matrimonio infantil que ahora establece que sólo los mayores de 18 años se pueden casar, por lo que es necesario que las autoridades estatales y municipales en su conjunto, realicen tareas en diferentes vertientes para concientizar, prevenir y erradicar esta práctica que lastima a las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado.
Otra de las reformas aprobadas fue un dictamen de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para establecer sanciones administrativas a los superiores jerárquicos que sean omisos en recibir y dar curso a una queja sobre hostigamiento o acoso sexual en los centros de trabajo, así como promover la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a identificar este tipo de violencia contra las mujeres.
También aprobaron dictamen de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero para que la política estatal se fundamente en este principio y oriente como parte de sus metas, objetivos y acciones la participación y representación paritaria efectiva dentro de los cargos públicos.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
