Explica el presidente que en esa dependencia hay posiciones distintas, y una de éstas intentó impedir la detención del ex procurador Murillo Karam y de los militares implicados. Algunos de los 43 normalistas estuvieron con vida una semana después de su desaparición, revela el GIEI. La Sedena y la FGR obstaculizan la investigación, señala y defiende al ex fiscal García Trejo. Hay una campaña contra el informe de la Comverdad: Encinas. Los responsables “tienen nombre” y hay que castigarlos, pide el obispo de Chilpancingo
Ciudad de México y Taxco, Guerrero, 30 de septiembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que desde la Fiscalía General de la República (FGR) se trató de “dinamitar el proceso” que se derivó del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, para impedir la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam y de los militares implicados en la desaparición de los normalistas. Asimismo, reiteró su defensa del Ejército ante la crítica de los padres de los 43 estudiantes.
Explicó que en la Fiscalía “hay interpretaciones distintas”, intereses distintos, y una de éstas buscaba una “rebelión dentro del Ejército”, pidiendo órdenes de aprehensión para 20 militares, pero en el informe de la Covaj sólo aparecen cinco.
“Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino (que) son soldados. Pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás” en la aprehensión de Murillo Karam y de los militares, de los cuales cuatro están en prisión en el Campo Militar Número 1.
La FGR consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero, aunque tres semanas después se desistió de 16 de esos mandamientos de captura.
Apenas este 27 de septiembre, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que la Fiscalía Especializada en Control Regional, un área ajena a su unidad, se desistió –sin su autorización– de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Iguala.
Ayer, en conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el ex procurador Jesús Murillo Karam (que este miércoles obtuvo la suspensión definitiva para que no sea sometido a proceso mientras no se resuelva un amparo que solicitó contra su detención) tiene derecho a defenderse, pero es responsable de la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
“La Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, ex procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, cómo distorsionaron o cambiaron, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, para sacar declaraciones torturaron a personas, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en el basurero, algo que está demostrado fue falso, además él se asume como responsable”, dijo.
Agregó, que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, que está prófugo en Israel, “también tiene derecho a defenderse, pero la Fiscalía va fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas y aclarar que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam y que no es un asunto del presidente”.
Recordó que el 4 de diciembre de 2018 “emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa y se detuviera a los responsables y en eso estamos. Cuando me presentaron el informe (de la Covaj) di la instrucción de que se procediera”.
“No se está excluyendo a nadie, como también se menciona, todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos van a ser requeridos por la Fiscalía, si hay otros, pues también, siempre y cuando se tengan las pruebas porque se va actuar a partir del informe que presentó la comisión y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables”.
López Obrador explicó que cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que es presidente de la Covaj, le presentó el informe, él dio la instrucción de proceder de inmediato, a pedir las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables que aparecen en el mismo informe, porque si no se actuaba pronto, se corría el riesgo de que los imputados se fugaran.
Que no se meta al Ejército como institución, insiste
Dijo que él dio la instrucción por escrito al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de que se cumpliera con lo que establece el informe de la Covaj, “yo le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”.
El reportero de Rompeviento TV cuestionó que al general José Rodríguez Pérez, que el día de la desaparición de los 43 estudiantes era comandante del 27 Batallón en Iguala, se le permitiera dar una entrevista en el Campo Militar Número 1, donde se encuentra preso. López Obrador, respondió “todos tenemos derecho a la defensa”, y agregó: “él puede decir lo que quiera, como cualquier persona, nada más de que la fiscalía está actuando. Y en el informe se sostiene que el general, entonces coronel, estuvo implicando en la desaparición de los jóvenes, así como te lo estoy diciendo”.
López Obrador lamentó que se meta al Ejército, como institución, en un conflicto de esta naturaleza.
Y estableció su hipótesis sobre el encubrimiento de los militares implicados en la desaparición de los normalistas: “¿Qué, no se pudo al día siguiente, a los dos días, a la semana, una vez que se tenía toda la información decir ‘fue así’? ¿Por qué engañar? ¿Por qué inventar? Pues, la única explicación es que dijeron: ‘No podemos meter aquí a elementos del Ejército porque está de por medio la institución’, y usaron eso”.
“Y otro también la impunidad, el pensar: ‘No va a pasar nada, ¿qué va a suceder?, ¿quién va a reclamar por estos jóvenes revoltosos?’, por el clasismo, volvemos a lo mismo, el desprecio”.
El reportero le dijo que al general Rodríguez Pérez, que entonces era coronel, lo ascendió el general Salvador Cienfuegos como titular de la Sedena. Y el presidente respondió: “sí, siempre hay, sí, cada año hay promoción”. Y más adelante agregó: no es un asunto del general Cienfuegos, es un asunto de una autoridad civil. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas?
Insistió en que los soldados “son pueblo uniformado” , Pero, defendió: “no es el estereotipo que tiene el abogado (de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra), con todo respeto. O sea, no es un Ejército matón, es un Ejército que surge de un movimiento revolucionario, ya lo he dicho muchas veces”.
Descalificó la posición de que el Ejército es el responsable: “no es ese estereotipo, decir: ‘Fue el Ejército’. No, participaron, y se tiene que demostrar, elementos del Ejército, pero no querer socavar una institución”.
Sólo Murillo Karam puede involucrar a Peña Nieto
La única manera de procesar al ex presidente Enrique Peña Nieto, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, es mediante una confesión del ex procurador Jesús Murillo Karam, consideró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Planteó: “que Murillo hable, que diga si le dieron instrucciones, porque en el documento (de la Covaj) no aparece como responsable Peña, aparece Murillo”.
Algunos normalistas estuvieron con vida una semana después de su desaparición, revela el GIEI
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a otorgar información sobre el caso Ayotzinapa, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha intervenido indebidamente en las investigaciones de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), afirmaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) este jueves en conferencia de prensa.
Además, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Sedena entregar toda la documentación sobre el caso, no se ha otorgado la información acerca del Centro Regional de Inteligencia Militar, que tendría registros de la participación de los batallones de infantería 27, 41 y 50 en los hechos que culminaron con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, expusieron los expertos internacionales Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain.
Los miembros del GIEI destacaron que elementos del Ejército tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que sucedió entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, pues en ese lapso intervinieron las líneas telefónicas de Guerreros Unidos, el grupo criminal presuntamente encargado de desaparecer a los normalistas.
Revelaron que, con audios y documentos de la propia Sedena, se ha establecido que mandos militares pudieron estar al tanto de la ubicación de varios normalistas hasta el 4 de octubre, lo que significa que éstos habrían estado cautivos y vivos una semana después de su desaparición.
Realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM) ante la presencia de madres y padres de los 43 y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en la rueda de prensa los expertos del GIEI informaron que a petición de las familias de los estudiantes desaparecidos continuarán en la investigación del caso. Se había informado que su trabajo concluiría el próximo 30 de septiembre.
Inexistente, la relación con Gertz Manero
A lo largo de la presentación de su informe, los especialistas del GIEI se refirieron a las resistencias por parte del Ejército para facilitarles su labor, pese a que el presidente de la República ha dado la orden de abrir los archivos militares y proporcionar toda la información del caso a los investigadores.
“Hay lugares que se han resguardado de manera especial, y solamente contando con la colaboración total de la persona que está enfrente de cualquiera de esas secretarías podemos conseguir esos documentos”, expuso Ángela Buitrago.
Sobre la intervención de la FGR en el trabajo de la Unidad Especial, los especialistas del GIEI pusieron distintos ejemplos, como el que personal de la antigua SEIDO empezara a despojar de atribuciones a la Unidad Especial.
“El mayor rompimiento se dio en agosto de 2022”, dijo Buitrago. El 16 de agosto, cuando la Fiscalía de Asuntos Internos pidió, a nombre de la unidad, 83 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables “y se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de Ministerio Público inscribiéndola en la UEILCA, que los fundamentos no explican por qué esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justifica al anuncio”.
Pero “el hecho más grave” de esta intromisión, externó el abogado chileno Francisco Cox, fue la solicitud de cancelación de 21 órdenes de aprehensión –principalmente contra militares– por parte de ministerios públicos externos adscritos al juzgado, sin consultar al entonces fiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo, y sin argumentar la decisión.
“Se necesita conocer el fundamento de la solicitud de esa cancelación”, recalcó.
Los expertos del GIEI lamentaron la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien dejará la Unidad Especial a partir del 1 de octubre. “Actuó con voluntad, con profesionalismo y tenía la confianza de los papás”, reconocieron, y alertaron también de una posible represión contra él luego de que ha sido anunciada una auditoría a la UEILCA.
“En cuanto a la renuncia del fiscal, queremos decir que lo que se ha avanzado fue en cuanto a su función. La renuncia se produce en cuanto a las intromisiones en las cuales nos referimos. El intento de sincronía entre los tiempos judiciales y tiempos políticos impidió que se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo, y que esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el fiscal general de la República”, acusó Buitrago.
Insistió en que la solicitud de todas las órdenes de aprehensión se ha hecho con fundamento y demandó respeto a las decisiones de la justicia. “Es incomprensible que un fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados” tome ese tipo de decisiones, dijo, “son más de 600 folios que nunca solicitó el fiscal que solicitó la revocatoria”.
Buitrago también lamentó que desde la reactivación de las funciones del GIEI, en 2020, ha sido inexistente la relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero. “No se nos ha recibido más que una vez al inicio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa sobre la reunión en particular”, dijo.
“Apresurada” aprehensión de Murillo Karam
Al denunciar que la FGR se ha entrometido en las funciones de la Unidad Especial, los integrantes del GIEI cuestionaron la “apresurada” detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, uno de los artífices de “la mal llamada verdad histórica”.
Cox criticó que los principios y lineamientos del acuerdo por el que se creó la Unidad Especial en 2019 hayan sido “rotos por el propio fiscal general de la República”.
“El GIEI reitera que en un Estado de derecho la fiscalía como ente autónomo no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización débil del ex procurador (Jesús) Murillo Karam se corre el riesgo –advirtió– de que posteriormente no se logre la condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la mal llamada verdad histórica”.
Clave, el Centro Regional de Inteligencia Militar
En los archivos militares a los que ha tenido acceso, el GIEI encontró comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que mostrarían la relación que existía en 2014 entre este grupo criminal con militares –el capitán José Martínez Crespo, el coronel Rafael Hernández, por ejemplo– y con personal de la Marina que no se ha investigado, así como alcaldes, policías estatales y municipales.
No se trataba de una relación endeble, indica el informe: el grupo criminal tenía acceso a las instalaciones del servicio forense y a informes de los Centros de Comando (C4).
En sus distintas intervenciones, los expertos confirmaron que la Sedena estaba al tanto de esto porque vigiló con el programa de espionaje Pegasus a miembros de Guerreros Unidos, a los policías e incluso a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos; aparte, los estudiantes de la Normal Rural eran espiados desde adentro, a través de infiltrados.
Beristain, médico y psicólogo español, detalló que agentes de inteligencia del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dieron seguimiento a todo el proceso de la desaparición de los 43 jóvenes. Dijo que inclusive grabaron partes.
Desde febrero de 2022 el GIEI entregó un informa al gobierno federal en el que dio a conocer que, después de tener acceso a los archivos de la Sedena, descubrieron que el Centro Regional de Inteligencia Militar existía desde 2014, pese a que funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto dijeron en su momento que había iniciado funciones en 2015. Habría sido en ese centro donde se realizaron los monitoreos.
Las intercepciones a las comunicaciones se registraron entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, lo cual es un indicio de que varios jóvenes seguían vivos hasta una semana después de su desaparición.
Los archivos que se encontraban en la Sedena, continuó Beristain, “muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, insistió Beristain.
Agregó que se enteraron de esas “incerceptaciones” el año pasado. “Había interceptaciones telefónicas en tiempo real” sobre lo que ocurría la noche de Iguala, sin embargo, “ninguna de esa información llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes y para las investigaciones del caso”.
El informe del GIEI precisa que las “intervenciones técnicas telefónicas” no fueron proporcionadas a la investigación ni a la búsqueda de los desaparecidos.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenían intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello ni se conozca el contenido completo de las mismas”.
Añade que “en un documento de la Sedena, fechado el 5 de octubre de 2014, se incluyen algunas de estas intervenciones del 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014. Esto significa que las autoridades militares y del Cisen estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”.
La guatemalteca Claudia Paz y Paz recordó que un grupo de jóvenes fue llevado el 26 de septiembre ante el entonces el juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé.
Los llevaron esa noche “a las barandillas municipales, probablemente el grupo de jóvenes que fueron privados de la libertad en la calle Juan N. Álvarez. Consideramos que sí. Así lo hacemos ver en este tercer informe”, planteó la especialista en derecho penal.
El informe del GIEI también señala que el 5 de octubre se efectuó una reunión de altos mandos de todas las corporaciones, pero no se sabe quiénes participaron en el encuentro.
El quinto autobús y el tráfico de drogas
Claudia Paz y Paz comentó que las interceptaciones “muestran una relación cercana de la organización criminal con militares; también se menciona a la Marina, lo que debe de ser investigado”.
Dijo que hubo hechos que se realizaron de manera coordinada. “El acceso directo de Guerreros Unidos a información que se manejaba en el C4; la relación con personas que trabajan en Semefo (Servicio Médico Forense), con presidentes municipales, jefes de policía, pero sobre todo la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal y la investigación que se realizó en Chicago sobre el transporte de droga en camiones”.
Recordó que las investigaciones confirmaron la existencia de un quinto autobús, que no ha sido corroborada por las autoridades, y que confirmaría las indagatorias de autoridades de Estados Unidos sobre el trasiego de droga desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago.
“Uno de los autobuses tomados por los estudiantes, el quinto autobús, había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, advirtió.
Ese quinto autobús, insistió, “existió, salió esa noche detrás de la central camionera. Llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando a los muchachos. Sorprendentemente pudo pasar todos los retenes”.
Investigación en “tiempo acelerado”
El GIEI informó, finalmente, que estaba a un día de terminar su periodo de trabajo en la investigación, pero había pedido una prórroga de un mes para analizar sus resultados y entregárselos a las familias de los 43, y verificar que no haya represalias contra el ex fiscal Gómez Trejo, ya que se han abierto auditorías en contra de la Unidad Especial, lo que podría traducirse en acciones represivas.
Sin embargo, a petición de madres y padres de los 43 continuará participando en las investigaciones.
El presidente López Obrador ya ha hecho saber a los integrantes del GIEI su intención de que se queden hasta 2024.
En opinión de Beristain, el caso Ayotzinapa se encuentra en un “tiempo acelerado” y las decisiones que se tomen “son cruciales”.
“Vivimos un momento de aceleración de la historia, pero también de confusión y queremos dar a conocer detalles que ayuden a conocer”.
Hay una campaña contra el informe de la Comisión para la Verdad, señala Encinas
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró ayer que existe una campaña en contra de los resultados de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), debido, dijo, a que están muy cerca de tener certeza sobre lo que ocurrió.
“Estamos tan cerca que por eso tenemos toda esta campaña que pretende desacreditar la investigación”, afirmó.
Invitado a la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), Encinas rechazó además haber sido acosado, al menos abiertamente.
“Yo no me siento acosado por nadie, yo solamente tengo que cumplir con mis compromisos. Nadie me ha presionado, al menos abiertamente, si alguien quisiera presionarme, que me lo diga”, dijo.
El subsecretario de Gobernación defendió la validez de los chats en los que se basó el informe de la Covaj, presentado el pasado 18 de agosto, y sobre el que el GIEI indicó que apenas lo van a revisar con notario para confirmar su validez.
“Se tiene que hacer siempre (la verificación), para su judicialización, todo el análisis pericial”, señaló Encinas.
Sobre el informe del GIEI –en el que se acusa intromisión de la Fiscalía General de la República, negativas del Ejército para acatar la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir los archivos y un apresuramiento judicial para empatarlo con el tiempo político–, Encinas respondió que “son muy atendibles todos los señalamientos”, y adelantó que se continuará con estas líneas de investigación.
Encinas también reconoció el trabajo de Omar Gómez Trejo, quien renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, tras la cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión que fueron giradas el 19 de agosto.
“Todo mi aprecio y reconocimiento por su profesionalismo y su ética”, elogió Encinas.
“Es una relación institucional”, se limitó a responder sobre el trabajo con el fiscal Alejandro Gertz Manero.
López Obrador refrenda su confianza en Alejandro Encinas
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el subsecretario Alejandro Encinas es una persona íntegra, que tiene todo su apoyo y al que le tiene plena confianza.
“Están trabajando de manera conjunta, pero yo me apego al decreto donde se constituye la comisión y se nombra al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al que le tengo la confianza”, comentó.
“Vean el decreto, revísenlo. Y le tengo la confianza al subsecretario Alejandro Encinas, que es una gente íntegra y que tiene todo nuestro apoyo, y a partir del informe que me entrega con los anexos es que se toma la decisión de actuar”.
López Obrador sostuvo que las críticas a Encinas tras la presentación del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, se deben a que no les gustó que “se actuara”.
Llama el obispo González Hernández a castigar a los responsables de Iguala
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández recordó el caso de los normalistas de Ayotzinapa a ocho años del clamor sin justicia de los padres de los 43, por lo que exigió al gobierno de México decir la verdad y castigar a los responsables porque “tienen nombres”, además de un alto a la violencia en Guerrero.
Al lado de varios sacerdotes, el prelado encabezó aquí una misa multitudinaria en honor a San Miguel Arcángel en el barrio del mismo nombre, luego de dos años en que fuera suspendido el tradicional festejo debido a la pandemia, y pidió que “el enemigo que incita a la violencia sea destruido por San Miguel y que nosotros seamos colaboradores, que no haya más violencia en tu corazón, ¿verdad?, allí donde tú estés y trabajes no haya violencia”.
Consideró que el panorama de violencia e inseguridad es en todo México y eso es una responsabilidad de los dirigentes del gobierno, por eso están las familias pidiendo que se les haga justicia, porque no lo han hecho y no lo pueden hacer, “es un sistema que tenemos que nos deja así, en un estado inseguro de indefensión y que tienes que aguantar”.
“Dios nos cuide de una ruptura, que México se harte y ahí sí hay que pedirle al gobierno que no vayan a provocar que nos hartemos, como ya se ha hartado la gente en otros lugares y aquí mismo, que no vayamos a eso porque sería después muy lamentable llegar a esa altura”, por lo que queda dialogar y perdonar, “pero, sinceramente, Dios quiera ver a México se levante y los mexicanos nos levantemos también” de la crítica situación que se padece, dijo.
De la Iglesia expresó que en el giro que han dado las investigaciones y la politización del caso, los gobernantes son los que tienen el poder y ojalá lo puedan ejercer, “es decir, ¿quién mejor que el gobierno puede muy bien responder a todas las preguntas que tienen?”.
“Les pedimos que se pongan las pilas y sean auténticos, que dejen la corrupción, que dejen todas las cosas que les impide ser un buen gobierno (…) y si alguno no puede, pues que deje el lugar a otros que sí quieran, es lo que más deseamos y de eso pedimos la verdad, la Iglesia pide que haya buenos gobiernos que se inspiren ahora sí en San Miguel”, agregó.
Emocionado, el obispo siguió en la entrevista entre la música y la euforia de los asistentes, reiteró su llamado a que el gobierno y las autoridades de justicia hagan su trabajo y se llegue a la verdad, porque “Dios les va a pedir cuentas, que ellos puedan ejercer bien su poder aquí en la Tierra, que sean buenos políticos, que llegue la verdad y la justicia, un buen político es el mejor cumplidor del mandamiento de Dios, pues entonces un político debe amar sus camisetas de verdad, de amar a su pueblo que le ha confiado este poder”.
En un mensaje a los padres de los normalistas que viven entre el agobio y la incertidumbre, expresó su deseo de recurrir como cristianos al perdón para evitar el sufrimiento, en alusión al pasaje bíblico cuando Cristo perdonó a los que le mataban, y la virgen también perdonó cuando le mataban a su hijo, de ahí que pidió mirar a la virgen María de los Dolores.
“Ella, dijo, al igual que ellos vieron desaparecer a sus hijos y nos da una respuesta que sublima, de que no solamente perdonen, sino que inclusive ofrezcan sus hijos por la paz en Guerrero, por la paz en México, cuando en circunstancias adversas sus hijos fueron violentados, sacrificados, desaparecidos, y para que no se vuelva a repetir eso”.
La fiesta de San Miguel recobró sus viejos tiempos de fe, esperanza y tradición, lo que se observó en el arribo de lugareños y pobladores de comunidades para rendir tributo a la imagen y ofrecer sus productos del campo, con frutas, pan artesanal, dulces y flores de pericón que el obispo y otros sacerdotes colmaron con agua bendita en un día pleno de alegría en los rostros de niños, jóvenes, adultos y personas mayores.
Texto: Redacción, Agencia Reforma y Claudio Viveros Hernández / Foto: Agencia Reforma
