José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Las reformas constitucionales en materia de Bienestar y de Vivienda, que forman parte del llamado Plan C propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron aprobadas por unanimidad del pleno del Congreso del Estado en la sesión celebrada la tarde de ayer jueves.
A las 10 de la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, que preside la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, de Morena, sesionó para analizar y dictaminar ambas reformas, para más tarde presentarla al pleno para su votación y aprobación.
Se trata de los dictámenes de reformas a los artículos constitucionales 4 y 27, en materia de Bienestar y 123 sobre Vivienda Digna los que se aprobaron el día de ayer.
Para la reforma en materia de Bienestar, esta indica que se disminuirá de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión, además, se establecen como obligatorios el programa Sembrando Vida y el pago de una pensión por discapacidad a personas de hasta 65 años.
En el caso de la reforma en materia de Vivienda, establece que los trabajadores después cotizar un periodo de 12 meses en el Infonavit, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social, con una mensualidad que no podrá exceder el 30 por ciento de su salario. La modificación constitucional también determina que un trabajador después de 10 años de arrendamiento de una misma vivienda, tendrá derecho a adquirirla.
Al tratarse ambas de una reforma constitucional, se siguió el protocolo de que un representante de cada grupo parlamentario fijará una postura, aunque no hubo debate porque todos los diputados presentes votaron a favor.
Para el caso de la reforma en materia de Bienestar, se aprobó por unanimidad de todos los diputados presentes en el pleno, por lo que no hubo una sola abstención ni un voto en contra.
Reforma en materia de Bienestar
Al fundamentar el dictamen sobre la reforma en materia de bienestar, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, destacó que con la aprobación de dicha reforma se beneficiará a las familias de menores recursos económicos de Guerrero y del país.
Agregó que la modificación de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizará el acceso de las personas a los programas sociales, “más allá de los periodos sexenales, estableciendo la obligación de las autoridades de generar las condiciones para que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años reciban una pensión no contributiva, que les ayude a mejorar sus condiciones de vida”, además de reconocer el derecho de las familias campesinas “a recibir un jornal permanente para que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables, a través de un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos”.
A pesar de que no hubo votos ni posturas en contra, algunos partidos de oposición, como el caso del PAN, comentaron que los programas no tienen que convertirse en una medida de control político, mientras que el PRI se atribuyó el ser pionero en realizar los programas sociales.
En su participación, la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, reconoció la importancia de elevar a rango constitucional los programas sociales, pero llamó a cuidar que estos no sean utilizados con fines distintos a los que fueron creados.
“En Acción Nacional consideramos que todo apoyo social que es financiado con recursos públicos debe de respetar por encima de todo la dignidad de todas las personas, si no el programa pierde su sentido social y corre el riesgo de convertirse en un programa de control político”.
La postura de que hay un riesgo de que estos programas tengan fines electorales fue retomada por la diputada del PRD, Mirna Guadalupe Coria Medina, quien dijo en tribuna que los apoyos sociales “pueden ser utilizados con fines políticos y ventajas electorales, lo cual reduce la efectividad y traiciona la confianza de la ciudadanía”, por lo que exhortó al gobierno estatal y federal a que exista un mecanismo vigilancia.
A nombre del PRI, la diputada Beatriz Vélez Nuñez subió a tribuna a asegurar que su partido fue el que dio origen a los programas sociales.
“Compañeras y compañeros diputados, el PRI, es el partido que da origen a los programas sociales, y con esta reforma constitucional queda de manera formal en la Constitución Política, los programas sociales Sembrando Vida, el fertilizante gratuito, pensiones para adultos mayores, entre otros”.
Los representantes de Morena, PT y PVEM, coincidieron en que la reforma en materia de Bienestar es un tema de justicia social, que garantiza los derechos humanos de los sectores más vulnerables y combate a la pobreza.
La reforma fue aprobada con 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones
Reforma de vivienda
Sobre la minuta de reforma y adición a la fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras, fundamentó el diputado Joaquín Badillo Escamilla, vocal de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, quien mencionó que el reconocimiento al derecho a la vivienda “es congruente con artículo 11, inciso 1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, comprobando que avanzamos y evolucionamos al reconocer a la vivienda adecuada, como un competente adecuado para garantizar la dignidad humana”.
Razonaron su voto a favor la diputada María Irene Montiel Servín del PAN, Erika Lorena Lührs Cortés de MC, Leticia Mosso Hernández del PT, María de Jesús Galeana Radilla del PRD, Jhobanny Jiménez Mendoza del PVEM, Víctor Hugo Vega Hernández del PRI y Araceli Ocampo Manzanares de Morena.
En los razonamientos no hubo discusión ni comentarios en contra de la reforma de vivienda, sólo la diputada de MC, Lührs Cortés, dijo que preocupa lo que pasará con el Infonavit, la cual será la encargada de garantizar se cumpla con dicha ley.
“Y lo que más me preocupa es que quien ahora es el director general del Infonavit (Octavio Romero Oropeza) viene de ser director general de Pemex, e hizo de esa empresa, una empresa medianamente sustentable a pasar a ser la empresa con la mayor crisis económica del mundo””.
Los legisladores de todos los partidos coincidieron en que esta reforma constitucional sienta las bases para que un gran número de personas cuente con una vivienda digna y decorosa, lo que aseguraron, garantiza justicia social a la clase trabajadora del país.
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