Con apenas 54 votos en favor, 49 en contra y ocho abstenciones de la bancada mayoritaria se avala la polémica iniciativa
Ciudad de México, 14 de abril de 2021. Con un estrecho margen de votación, la bancada de Morena en el Senado de la República empujó la aprobación, en lo general, del dictamen que crea un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que recabará datos biométricos.
Con apenas 54 votos en favor, 49 en contra y ocho abstenciones de los suyos, la bancada mayoritaria aprobó la polémica iniciativa, derivada de una minuta que había salido avante en la Cámara de Diputados.
Además de anunciar que impugnará ante la Suprema Corte la creación del padrón, la Oposición advirtió que se creará “un gran hermano” que vigilará y monitoreará a más de 109 millones de dueños de teléfonos celulares.
Las bancadas del PAN, PRD, PRI y MC alegaron que el registro de los datos es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. También recordaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha informado que no tendría recursos para manejar el padrón.
Los morenistas argumentaron que el padrón servirá para inhibir delitos, señaladamente el de la extorsión y el secuestro exprés.
Por el PAN, la senadora Xóchitl Gálvez hizo notar que el 60 por ciento de las llamadas de extorsión “salen de los penales y no de los mexicanos. La intención es buena, pero conlleva el riesgo de crear una red inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea telefónica celular a registrar sus huellas dactilares y biométricos.
“Se vuelve una especie de gran hermano para vigilar y monitorear a más de 109 millones de usuarios de telefonía celular”, avizoró. “Es un dictamen anticonstitucional y que atenta contra los derechos humanos. Propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento autoritario.”
El senador independiente Emilio Álvarez echó en cara a Morena haber renunciado a un modelo de seguridad con democracia.
“¿Por qué avanzamos en medidas que en realidad generan tensión y un riesgo y amenaza a los derechos humanos?”, cuestionó.
El activista del grupo Ahora aseguró que el padrón no contribuirá a reducir los delitos, amén de que representará un daño irreversible a la privacidad.
“Esta es una medida abiertamente inconstitucional y atenta contra los derechos fundamentales y violenta la presunción de inocencia”, sostuvo la priista Claudia Ruiz Massieu.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), contendrá, entre otros datos, el nombre completo, nacionalidad, domicilio, CURP y datos biométricos del titular de la línea.
Entre los morenistas que se abstuvieron figuran Ifigenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Cecilia Sánchez, Eva Galaz y Cora Cecilia Pinedo.
Advierte el Inai riesgos por el aval al padrón telefónico
La recolección de datos para el PNUTM podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios debido a que en su recolección participan muchos operadores, advirtió el INAI.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que, por las características de los datos biométricos, se debe limitar al máximo su recolección.
“Se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar dichos datos”, indicó.
La Cámara de Diputados avala en lo general la reforma al outsourcing
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que elimina la subcontratación laboral que ponga a trabajadores propios a disposición de otra empresa.
De última hora, se incluyó en el dictamen que el Gobierno también tendrá que eliminar la subcontratación de la estructura de la Administración Pública Federal, pero sin poner presupuesto adicional para absorber a los trabajadores con sueldos, prestaciones y reconocimiento de antigüedad.
“Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
“Las agencias de empleo o intermediarias que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios”, cita la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones.
Sin embargo, tras una negociación entre el Gobierno y el sector empresarial, se permitirá la subcontratación de servicios u obras especializadas, sin que se especifique de qué tipo.
Como parte de las sanciones, se prevé que quien viole la prohibición del outsourcing se equiparará la falta como defraudación fiscal, y se aplicarán multas que varían de los 173 mil a 4 millones de pesos.
La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato.
“La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones”.
En la reforma también se prevé que el monto de la participación de utilidades tenga como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
En el artículo cuarto transitorio se señala que tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento durante el plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiada a los trabajadores en dicho plazo.
Sin embargo, en otro transitorio no queda claro cómo cumplir con el respeto a los derechos laborales en caso de la Administración Pública Federal.
“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente Decreto, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.
“Por lo que no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores”, señala la redacción aprobada.
El dictamen contempla un paquete de reformas a varias leyes, que son Federal del Trabajo, del Seguro Social; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, además del Código Fiscal de la Federación.
Critican legisladores de oposición reforma de outsourcing
Al iniciar en el pleno de la Cámara de Diputados la discusión de la reforma que prohíbe la subcontratación, legisladores de la oposición advirtieron que se perderán fuentes de trabajo y que afectará a los trabajadores que sí reciben utilidades importantes.
Criticaron que habrá efectos negativos que no se quieren reconocer.
El perredista Antonio Ortega calificó la reforma como un acuerdo corporativo entre el Gobierno, el sector empresarial y el nuevo charrismo sindical de la Cuarta Transformación.
El diputado del PRI Carlos Pavón, contrario a la posición de su bancada, advirtió que la reforma en realidad va en perjuicio de la clase trabajadora.
Dijo que se topan las utilidades y eso va a beneficiar a las empresas y afectar a los trabajadores que reciben más que el promedio que se plantea.
El panista Carlos Alberto Valenzuela también reclamó que la reforma afectará especialmente a las mujeres, de los 4.5 millones de trabajadores que están en el régimen de la subcontratación.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Angélica Zamudio, señaló que la reforma no ofrece garantías de empleo a quienes están en dicho esquema, porque no está sustentada en la evidencia ni está apegada a las mejores prácticas internacionales.
Al hablar a favor, la diputada Anita Sánchez respondió que la reforma está acordada con el sector empresarial, por lo que se hace justicia a los trabajadores.
“Se termina con la simulación y la evasión fiscal. Las reglas de la figura de la subcontratación fueron violentadas y, en consecuencia, se incumplieron las obligaciones fiscales”, explicó.
Texto: Agencia Reforma
