Preveía la Mesa Directiva votar en sesión “secreta” el dictamen de la Comisión Especial encargada de investigar la alteración de un artículo transitorio a la ley del Sistema de Seguridad Pública aprobada por el pleno y publicada con una modificación. Diputados de Morena y del PRI pretendían votarlo en contra y regresarlo a la Comisión para que presentaran uno nuevo. Finalmente la sesión no se realiza por presunta falta de quórum
Chilpancingo, Guerrero, 13 de enero de 2023. En el Congreso local finalmente hubo ayer al menos un intento de sesión “secreta” para discutir y votar el dictamen de la Comisión Especial encargada de investigar la alteración de un artículo transitorio de la ley 179 del Sistema de Seguridad Pública aprobada por el pleno y publicada con una modificación, pero no se logró supuestamente por “falta de quórum”.
Sin embargo, se conoció que la intención de la mayoría de los diputados de Morena y del PRI era votar el dictamen en contra y regresarlo a la Comisión Especial para que presentaran uno nuevo, en el que se incluyeran y tomaran en cuenta los “nuevos elementos” y “pruebas” que se tienen, aunque las fuentes no especificaron cuáles son.
El rechazo a este dictamen es porque se determina que no se tienen los elementos para señalar a los responsables y no se presentan conclusiones claras, y en su lugar se plantean reformas a leyes que establezcan sanciones a acciones como la alteración, así como un protocolo de custodia de los documentos aprobados por el pleno y hasta su entrega al Ejecutivo Estatal.
Ayer, al concluir la primera sesión del pleno, la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez convocó a sesión secreta para tratar este tema en la sala José Bajos Valverde, la cual tiene aproximadamente cinco metros de ancho por cinco de largo, en la que pretendían estar los 46 diputados precisamente para no utilizar equipo de sonido y evitar que se escuchara al exterior.
La cita era a las 4:48 de la tarde, pero casi cuatro horas después inició en el salón de plenos una sesión ordinaria y pública en la que no se mencionó por qué no se realizó la sesión secreta. En esta segunda sesión se clausuraron los trabajos del periodo ordinario de sesiones y la presidenta de la Mesa Directiva leyó su informe.
Después fuentes del Congreso confirmaron que sí se intentó iniciar la sesión, pero que a la sala José Bajos Valverde sólo llegaron 22 de los 24 diputados que se necesitaban como mínimo para que hubiera quórum. Ahí se colocaron 41 sillas más las de la Mesa Directiva.
Se supo también que a la sala llegaron unos cinco diputados de Morena encabezados por Alfredo Sánchez Esquivel, nueve del PRI y los otros siete fueron perredistas.
El dictamen
En el dictamen se señala al entonces Contralor Interno Eusebio Pérez Almontes –que se encargó de realizar una investigación de lo sucedido a la par del que realizó la Comisión Especial– y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso.
En el caso del ex contralor que ahora es director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, lo señalan de entregar un informe que “dista muchísimo de una investigación seria, a profundidad y con profesionalismo, por lo que, analizando los documentos recibidos, se concluye que su investigación está inconclusa, por lo que es imposible entregar ese resultado como una investigación completa”.
Mientras que del secretario General de Gobierno se señala que se realizó una segunda solicitud de documentación pero que el funcionario estatal no respondió ese oficio “dejando inconclusa la investigación”.
El Sur tiene copia del dictamen entregado por la Comisión Especial que sería presentado y discutido en esta sesión secreta que no se realizó.
En este documento se recuerda que, en sesión del abril del 2022, el grupo parlamentario del PRI presentó una propuesta de acuerdo parlamentario para crear la comisión especial para investigar y que “contribuya a esclarecer” los hechos relacionados con el cambio a lo aprobado por la Legislatura y lo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero en su edición extraordinaria del 14 de abril.
La comisión quedó integrada como presidenta la perredista Elzy Camacho Pineda, y los vocales Gabriela Bernal Reséndiz, los morenistas Leticia Castro Ortiz y Antonio Helguera Jiménez, así como la petista Leticia Mosso Hernández.
También se informa que la Comisión sesionó por última vez el 30 de junio, y que la en las reuniones de trabajo se solicitó “información de la materia a la diputada Flor Añorve Ocampo, al diputado Alfredo Sánchez Esquivel y al licenciado Eusebio Pérez Almontes, Contralor Interno del H. Congreso del Estado”, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso de quien “su respuesta se estudió en la sesión permanente”.
Se detalla que por acuerdo de la comisión especial “se citó a reuniones de trabajo” al entonces asesor de la Junta de Coordinación Política, Salustio García Dorantes; a la entonces encargada de la Dirección de Servicios Parlamentarios, Marlén Eréndira Loaeza García, y al auxiliar de Servicios Parlamentarios, Irving Gómez Morales.
También se citó a la entonces presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo “donde se realizaron preguntas a los ya mencionados por parte de los integrantes de la comisión, todo esto para lograr tener una visión más clara al momento de realizar el presente dictamen”.
En el punto 10 de los antecedentes se plantea también que después de escuchar la “exposición de motivos de los citados a las reuniones de trabajo, se solicitó de nueva cuenta documentación al secretario general del Estado, mismo oficio que no ha sido respondido, dejando inconclusa la investigación”.
“La falta cometida lacera y perjudica el honor” del Congreso
Mientras que en las “consideraciones” establecidas en el dictamen se señala que de acuerdo con el estudio y análisis “de toda la información recibida, tanto documental, tecnológica, así como entrevistas”, la Comisión Especial “coincide en que la falta cometida lacera y perjudica el honor, la independencia y la investidura del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como la decisión tomada por los diputados y diputadas, por lo que involuntariamente, cometen la falta contra el pueblo de Guerrero, por eso, esta dictaminadora cataloga de grave la falta cometida”.
En un segundo punto consideran que el informe entregado por el contralor interno del Congreso, “dista muchísimo de una investigación seria, a profundidad y con profesionalismo, por lo que, analizando los documentos recibidos, se concluye que su investigación está inconclusa, por lo que es imposible entregar ese resultado como una investigación completa”.
También se señala en un tercer punto que la Comisión Especial “detectó que no existe un protocolo ni una guía con pasos a seguir establecidos ni verificados por ninguna autoridad, por lo que se deduce que existe descontrol en el manejo de documentos, específicamente en el proceso legislativo que van desde la sanción, publicación e inicio de vigencia”.
Y finalmente en un cuarto punto de las consideraciones se reconoce que las Comisiones Legislativas “no cuentan con facultades de investigación con el carácter expresado en el escrito, por lo que esta comisión opina que se deben agotar otras instancias institucionales” pero no se menciona cuáles.
En el dictamen se acuerda que “se legisle de manera inmediata para aplicar sanciones tanto penales como administrativas a todo aquel que resultara responsable de modificar o publicar de una manera distinta, todas las Leyes, Acuerdos, Decretos, Exhortos, Convocatorias, o cualquier documento de carácter oficial que sea de creación del H. Congreso del Estado”.
El segundo acuerdo que se propone en el dictamen se apunta que “la investigación deberá continuar en la Contraloría Interna del Congreso, el contralor deberá realizar una investigación a fondo, seria, profesional y responsable, por lo que se solicita de manera enérgica, realice las diligencias correspondientes y necesarias para emitir un dictamen profesional, todo esto en un plazo no mayor a 60 días naturales. El visto bueno de la investigación, lo hará la Jucopo en una sesión extraordinaria y con la mayoría de todos sus integrantes”.
En un tercer acuerdo se plantea que “los integrantes de la Jucopo, órgano de gobierno de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado, que representan la pluralidad de los grupos y representaciones parlamentarias, presenten en un plazo no mayor a 180 días naturales, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, en el que se establezca la cadena de custodia del proceso Legislativo y que deban cumplir todos los que en el intervienen, sobre las etapas de presentación de iniciativa, discusión, aprobación, sanción (promulgación, veto y/o observaciones), publicación e iniciación de la vigencia”.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
