Revela el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, que el expediente lo remitieron a la CNDH porque “los asuntos que trascienden las fronteras del estado en relevancia, son competencia de la Comisión Nacional”.
Texto: Karla Galarce Sosa
Foto: Archivo El Sur-Carlos Alberto Carbajal
Acapulco, Guerrero. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddhum), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atrajo el caso de investigación por la queja de abuso de autoridad contra policías estatales, por el desarme de la Policía Comunitaria en La Concepción el 7 de enero pasado, luego de un enfrentamiento que dejó 7 muertos y 38 detenidos, incluido al vocero del Cecop, Marco Antonio Suásgetui.
En declaraciones antes de la presentación de resultados del diagnóstico que la fundación World Visión y el DIF estatal integraron sobre la violencia contra la niñez, en salones del centro de convenciones Mundo Imperial, dijo que la queja, que incluyó casos de agresión contra periodistas, fue turnado a la CNDH.
“El expediente lo hemos remitido a la Comisión Nacional (CNDH) porque los asuntos que trascienden las fronteras del estado en relevancia, son competencia de la Comisión Nacional y ejercieron ellos la facultad de atracción”, reveló.
El seguimiento a esa investigación, insistió, lo tiene la CNHD y la Coddehum se mantendrá atenta a cualquier pedimento de ese organismo.
Navarrete Magdaleno informó que hay “poco más de 70” recomendaciones radicadas, “la mayoría por abuso de autoridad” contra funcionarios, policías y representantes públicos municipales, comisariales o estatales.
Recordó que la intervención de la Comisión Estatal fue a partir del desarme a policías comunitarios e involucró alguna agresión que sufrieron periodistas durante su cobertura.
“Trabajamos ese asunto en dos vertientes: una es el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se verificó que quienes estaban detenidos se sujetarán al debido proceso respecto a la defensa. Acudimos al reclusorio para verificar cómo se encontraban los detenidos e igual en la Fiscalía Regional en Acapulco a verificar a un aproximado de 22 detenidos que estaban allí y en la PGR que había otros detenidos.
Le dimos seguimiento con gente de la ONU y posteriormente, en una siguiente visita de personal de la ONU acudimos a La Concepción para entrevistar ambas partes porque hay una situación beligerante”, detalló.
Sobre los enfrentamientos entre los integrantes de la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dijo que se ha dado acompañamiento a los grupos de Policías Comunitarios “con la advertencia” de que se sujeten a un régimen legal para que cuenten con atribuciones, pero también tengan obligaciones, y que “respetarán los derechos humanos de la gente que detenían y las detenciones se hicieran lo más justas posibles”, pues señaló, no se puede decir legales dado que no están facultados para hacer detenciones pero finalmente las hacen y esa es una realidad
Advirtió que mientras las policías no se sujeten a condiciones legales y a un marco jurídico propio para el desempeño de una función, seguirán registrándose los enfrentamientos.
“Mientras esas condiciones persistan, vamos a tener cosas como ésta, como la de que deciden cuáles territorios ocupan esencialmente, porque la disputa es por los territorios, y lo que vemos en esas zonas es precisamente un resultado de esa anarquía”.
En relación a los comentarios vertidos por el Papa quién se dijo preocupado un nivel de violencia preocupante en México, el ombudsman guerrerense sostuvo:
“El Papa debe tener una permanente atención porque mueren niños, mujeres, estudiantes, es una violencia generalizada que no es privativa de Guerrero, porque hay varios estados que estamos en la misma situación en todo el país. Los líderes mundiales deben alzar la voz en todos los casos, no sólo cuando se les toca algunos de sus integrantes. Por eso cuando sabemos de homicidios de esta naturaleza desde luego lo lamentamos y hacemos un pronunciamiento general de todo lo que está sucediendo, no en específico cuando agreden a defensores de derechos humanos, tenemos que ser defensores de todo el pueblo”.
Adelantó que la cifra de más de 70 recomendaciones registradas durante 2017 será presentada a detalle en un informe que rendirá ante el Congreso local en próximos días.
“Las recomendaciones son a los gobiernos estatal y municipales, porque es la suma de las recomendaciones a todo el estado, funcionarios municipales y estatales, que son a los que nosotros tenemos competencia para emitir recomendaciones”.
Al final precisó que el mayor número de quejas y recomendaciones es contra las policías, funcionarios públicos, Ministerios Públicos, maestros en escuelas, así como de comisarios, síndicos y otros.
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