Muchos se han quedado sin trabajar porque sus puestos en el norte del país fueron ocupados por desempleados de esas zonas, dice la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Margarita Nemecio. A su precaria situación laboral, se suma el riesgo de contagiarse de Covid-19 durante el trayecto
El Sur / Ciudad de México, 21 de mayo de 2020. Guerrero aporta mano de obra a al menos a 22 entidades del país; la mayoría de jornaleros que trabajan en esos campos son originarios de ocho municipios de la Montaña, según el Consejo de Jornaleros Agrícolas de esa región: Tlapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte y Xalpatláhuac. Pero el grave desempleo generado por la pandemia de Covid-19 ha empezado a afectar a los guerrerenses, que ahora están siendo desplazados en el trabajo agrícola por pobladores locales que fueron despedidos.
“Hace poco unas familias de Cochoapa el Grande llegaron a La Sandía, en Guanajuato, y tuvieron que quedarse en el kiosco de la comunidad porque no encontraron viviendas. Los espacios o estaban ocupados o ya no eran accesibles: se habían encarecido a raíz de la crisis provocada por el coronavirus”, explica a El Sur Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Renacjja).
Las medidas sanitarias aplicadas en las fases 2 y 3 de la Jornada Nacional de Sana Distancia no funcionan para toda la población mexicana. En particular, las y los jornaleros agrícolas –y sus familias– representan uno de los sectores más desprotegidos frente a los riesgos de contagio por Covid-19.
Durante décadas, la explotación crónica de estos trabajadores se ha normalizado: a menudo son víctimas de abusos laborales con jornadas superiores a las ocho horas, salarios muy reducidos, alojamientos insalubres, cero prestaciones laborales, falta de acceso a servicios de salud y educación.
La sobredemanda de mano de obra, el aumento de los alquileres, las oscilaciones en la oferta y la demanda de los productos que se generaron a raíz de la pandemia amenazan aún más sus condiciones de vida.
El pasado 22 de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) difundió una serie de medidas contenidas en la Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas y la Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el Covid-19. Sin embargo, de acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, estos documentos aún no son de conocimiento pleno en la mayoría de las entidades a donde se movilizan los trabajadores del campo.
“Frente a la pandemia, la preocupación se hace mayúscula: lo primero que identificamos es que la información no llegó como estaba marcada en los tiempos. Si bien esto no necesariamente puso en riesgo a la población jornalera, muestra que no hubo coordinación entre autoridades y empresarios agrícolas. El margen de acción se vio un poco lento”, menciona Nemecio, entrevistada vía telefónica.
Añade que las guías emitidas por el gobierno federal o por gobiernos estatales –como el de Chihuahua– se están aplicando solamente en las empresas agroindustriales más visibles y al alcance de las inspecciones de las autoridades, pero no en aquellas que están más alejadas de las áreas urbanas, donde incluso puede haber grupos del crimen organizado y los inspectores de la STPS sólo acuden esporádicamente.
El 13 de mayo, las organizaciones integrantes de la Renacjja publicaron sus Recomendaciones prácticas dirigidas a personas que contratan, atienden y acompañan en diferentes niveles de intervención a las personas jornaleras agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México.
El documento hace hincapié en que la información sobre el coronavirus tiene que ser sencilla y tomar en consideración el contexto multicultural y multilingüístico de la población jornalera; que el acceso a la salud y a la seguridad social debe ser gratuito para las personas jornaleras y sus familias y que la seguridad alimentaria y el acceso a artículos básicos de higiene tienen que ser garantizados.
“Con la emergencia sanitaria –continúa Nemecio– el sector agrícola ha sido considerado una actividad esencial. Pero hay que considerar que, por como está la situación de este sector en México, se trata de una actividad que le quita lo esencial a los trabajadores y trabajadoras: los despoja de sus derechos”.
La movilidad representa un riesgo
En el país existen 2 millones 407 mil 701 jornaleros agrícolas; con sus familias suman 8.5 millones de personas; la gran mayoría de ellos carece de contrato laboral (93.4 por ciento), no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo (90.9 por ciento), y no cuenta con prestaciones laborales (85.3 por ciento), se indica en el comunicado 10/2020 publicado en abril por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Junto con Chiapas, Oaxaca y Veracruz, Guerrero es uno de los estados que expulsa más migrantes. Por eso, desde mediados de marzo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que brindaran apoyos a la población jornalera ante la crisis desatada por la epidemia de Covid-19.
Más de dos meses después, la alarma sigue viva.
“La Secretaría del Trabajo debería monitorear los campos agrícolas para detectar si hay casos de contagio o personas con síntomas a fin de prevenir su regreso y mitigar la difusión del virus”, dice a El Sur Paulino Rodríguez Reyes, responsable de Atención a Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Migrantes, de Tlachinollan.
“Pero en la práctica no lo ha hecho. La STPS no está yendo a los campos, cuando es lo que le correspondería”.
En la Unidad de Servicios Integrales de Tlapa, donde opera el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, se están registrando las personas jornaleras que salen de sus comunidades na saavi, me’phaa y nahuas o las que regresan de los campos para avisar al personal de los centros de salud de sus localidades.
A la fecha, de acuerdo con Tlachinollan, se tiene registro de un caso de contagio de una jornalera originaria de la Montaña.
Realizar un monitoreo meticuloso y brindar información exhaustiva acerca de la emergencia sanitaria no ha sido sencillo. “Muchos trabajadores no pasan por la Casa del Jornalero, quieren llegar a su casa. Los que son de localidades que están antes de Tlapa, se comunican con las (camionetas) pasajeras de su comunidad, que los esperan en ciertos cruceros. Y los pocos que llegan a Tlapa, bajan cerca de los centros comerciales para irse a surtir, luego abordan taxis mixtos y se van a sus localidades”, cuenta por teléfono a El Sur Alejandro Morales, investigador cultural independiente de ese municipio.
Insiste en que los tres niveles de gobierno deben desarrollar programas específicos de largo plazo que aseguren el acceso a la salud, la alimentación y la educación para la población jornalera y sus familias.
“Primero hay que garantizarles alimentación, pero no con una despensa, sino con un apoyo económico que implique que ellos también se comprometan a recibir una orientación para el autocuidado. Esto es importante porque muchas familias, en unos meses o unos días, van a volver a migrar”, subraya.
La movilidad representa el principal factor de riesgo, resalta Morales. Frente a la contingencia sanitaria, muchas empresas agrícolas no contrataron los autobuses especializados que normalmente transportan a los jornaleros de las comunidades a los campos; optaron por entregarles dinero en efectivo para que regresaran por sus medios.
“El trayecto es largo: de Sinaloa para acá son 24 horas, pero de acá para allá son casi tres días, y no son autobuses directos, hacen paradas, sube y baja gente. En las terminales y gasolineras los pasajeros van al baño, se paran a comer, pasan por lugares en donde se exponen al riesgo de contagio”, puntualiza Morales.
Salud precarizada desde siempre, pero peor
La grave situación generada por la llegada de la contagiosa enfermedad Covid-19 al país ha empeorado, además, las condiciones de insalubridad en que muchas personas jornaleras tienen que vivir.
Familias jornaleras de la Montaña y de la Costa que por ahora se hospedan en el albergue de San Francisco del Rincón, Guanajuato –uno de los primeros que construyó el gobierno estatal–, han denunciado ante la Renacjja que las instalaciones están en ruinas.
Por ejemplo, existe un persistente problema de drenaje, que no se ha reparado y que preocupa a las familias porque el agua estancada y fétida podría convertirse en un foco de infección.
“El Estado es omiso al no vigilar que lo que marca la Ley Federal del Trabajo, concretamente en el capítulo 8, se respete. Para esta población acceder a una vivienda digna, un salario justo, recibir atención médica y contar con estancias infantiles para sus hijos son derechos aniquilados”, destaca la Red.
Durante la pandemia, las consecuencias de esta indiferencia son más visibles.
“Las enfermedades más difundidas en esta población dependen sobre todo de la falta de higiene y son principalmente parasitarias. Si el Covid-19 se difunde sobre todo por esta causa, la población prácticamente se vuelve un foco rojo”, alerta Alejandro Morales.
Hace énfasis, asimismo, en el aumento de casos de diabetes, obesidad e hipertensión, factores de riesgo que no se presentaban hace 10 años y actualmente son un problema a tener presente sobre todo por la epidemia.
“A nivel gubernamental no hay un diagnóstico de la población jornalera. Es necesario conocer quiénes son la jornalera y el jornalero, cuál es su componente familiar, su contexto de origen, las condiciones en que viven”, remarca por su parte Margarita Nemecio.
“Todo esto se ha trazado a rajatabla, cada institución lo resuelve desde sus trincheras pero se necesita articulación”, concluye.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Antonia Ramírez-Archivo
