Pide el diputado de MC Silvano Blanco que el gobierno federal resuelva los daños que se generen por ese desarrollo, se atienda el problema de la inseguridad y que no sólo se utilice la mano de obra barata de la región, sino que haya preparación académica para los estudiantes para que se puedan profesionalizar
Chilpancingo, Guerrero. – Después de que el 29 de septiembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la federación el decreto de declaratoria de la zona económica especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, con el argumento de que se busca “impulsar el crecimiento económico sostenible, con el propósito de reducir la pobreza y permitir la provisión de servicios básicos”, ayer el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo suscribir el convenio de Coordinación.
El Poder Legislativo autorizó al gobernador para que firme en convenio con el gobierno federal y los municipios de la Unión de Isidoro Montes de Oca y Zihuatanejo de Azueta para el establecimiento y desarrollo de la zona económica especial.
También se autorizó al Poder Ejecutivo para que a través de sus representantes acuerden con la federación y los municipios participantes los términos y las condiciones para la suscripción del convenio “en plena observancia a las formalidades establecidas en la legislación aplicable”.
El diputado del partido Movimiento Ciudadano, el ex alcalde de Zihuatanejo Silvano Blanco Deaquino pidió que “de buena manera” el gobierno federal resuelva las afectaciones que se pueden generar, y el problema de la inseguridad y que no sólo se utilice únicamente la mano de obra barata de la región, sino que haya preparación académica para los estudiantes de la región para que se puedan profesionalizar.
Por su parte el diputado perredista Ernesto González Pérez subió a tribuna para reconocer el trabajo del gobernador por “atraer inversiones al estado”, y afirmó que el proyecto traerá beneficios económicos.
Sin embargo, pidió a Héctor Astudillo Flores que se garantice que los gobiernos participen con la capacidad presupuestaria con la que cuentan y que eso quede establecido en la firma del convenio. Porque advirtió que los beneficios económicos no serán inmediatos sino hasta en un periodo de 5 a 10 años, “que los municipios no se comprometan más allá de los límites presupuestarios. Que cada quien aporte y participe con lo que puede”.
Otra perredista que participó fue María del Carmen Cabrera Lagunas que dijo que estarán al pendiente de que la zona económica no provoque conflictos agrarios, y que no se transgreda la ley federal y local, así como la posible afectación de pequeños propietarios que pudieran ser afectados por expropiaciones de terrenos.
Pero también apuntó que no puede oponerse a un proyecto que generará “desarrollo, esta no es la panacea del desarrollo en Guerrero, pero sí contribuirá directamente a una región delimitada”.
El dictamen fue presentado por la Comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y de Desarrollo Económico y Trabajo.
La sesión
El diputado perredista Isidro Duarte Cabrera propuso exhortar al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Social modificar los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) e incluir las subclasificaciones “Infraestructura Agrícola; Mecanización de Tierras e infraestructura Agrícola; Huertos Comunitarios”, para que los ayuntamientos apoyen a los productores guerrerenses en la producción de autoconsumo y realización de proyectos productivos.
Que se refiere a que los 81 ayuntamientos de la entidad, puedan apoyar a los campesinos con fertilizante gratuito.
En tribuna, el diputado argumentó que de la producción de maíz en el estado dependen cerca de 200 mil familias, ya que el apoyo a los campesinos con fertilizante “ha permitido que la producción de maíz vaya en aumento, así por ejemplo en 2013 se produjeron 989,673.01 toneladas, en 2016 se registró una cosecha de un millón 335 mil 918 toneladas y se prevé que para este ciclo 2017, la producción de maíz sea de un millón 347 mil”.
Sin embargo, el primero de septiembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) eliminó el anexo 1 del Catálogo del FAIS, el apartado relativo a “Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios”, con lo que desaparecieron las fuentes de financiamiento de los ayuntamientos, para seguir apoyando a los campesinos en la producción de autoconsumo y realización de proyector productivos, y es lo que buscan revertir.
Ayer se turnó a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología la iniciativa de ley de Educación del Estado, propuesta por el diputado Mauricio Legarreta Martínez, que plantea establecer que el Sistema Educativo Estatal cuente con un método de innovación tecnológica que permita la obtención de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos a través de sistemas electrónicos con validez oficial.
Se aprobaron las reformas a la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, para que las tiendas de mascotas no exhiban a los animales enjaulados.
También diputados acordaron reestructurar las Comisiones Legislativas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública a partir de la solicitud del diputado Eduardo Cueva Ruiz, para separarse del cargo y funciones de vocal integrante de ambas.
Y se designó en su lugar a la ahora coordinadora de la fracción del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila, como vocal de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y a Rossana Agraz Ulloa, de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Más recursos al CEAV
Sobre las mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local y víctimas de los delitos en la entidad, el diputado Ricardo Mejía Berdeja se pronunció porque en el presupuesto del próximo año se destinen recursos para crear un Fondo Estatal para la Atención a Víctimas.
La intervención en tribuna se generó a partir de la reunión de familiares y víctimas de la violencia y diputados de las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto del Congreso local, que se realizó el miércoles en el Congreso local, donde reclamaron que no legislaban a favor de las víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos y asesinados, así como desplazados y representantes de colectivos de familiares y de organismos civiles de derechos humanos, exigieron este miércoles un presupuesto suficiente para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para el 2018.
En ese sentido Mejía Berdeja reprochó en tribuna que haya presupuesto para la oficina del comisionado estatal, pero no para las víctimas lo cual representa un incumplimiento con la Ley General de Víctimas y con la legislación local.
Afirmó que MC no será omiso con el tema de la atención a víctimas directas e indirectas del delito que apuntó que “no solo son los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, son miles los que día a día se suman a la estadística”.
Y exhortó a que el Ejecutivo realice el convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del país para que haya un recurso para operar el fondo de apoyo a víctimas “la situación es verdaderamente dramática y parece no tener fin”.
Violación a la carrera judicial
En tribuna la diputada de Morena recriminó que “un bien jurídico como es la justicia, no puede estar sujeto a intereses facciosos”, dijo por el caso del reciente nombramiento como magistrado otorgado por Héctor Astudillo Flores a favor de un abogado que es asesor en éste Congreso al priista Paulino Jaimes Bernardino.
El 12 de octubre se informó al pleno de la propuesta como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien es asesor de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Flor Añorve Ocampo.
La diputada de Morena afirmó que la justicia no se va a lograr con procedimientos que afectan la conformación de los tribunales encargados de impartirla.
Lamentó que la carrera judicial aún sega como una utopía “toda vez que el gobernador en turno hace lo que quiere con el nombramiento de magistrados, utilizando al Poder Legislativo para legitimar el trámite impositor, ausente de un escrutinio responsable y equilibrado para designar a las y los mejores juristas que tengan la preparación y experiencia para estar la altura de las exigencias de justicia del pueblo de Guerrero”.
Paulino Jaimes fue electo por el senado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revocó su nombramiento por su militancia priista, por eso María de Jesús Cisneros dijo que el “proceder del gobernador no es ético y exhibe la necedad de hacerlo magistrado a como dé lugar”.
Nota: Rosalba Ramírez García
Foto: Jessica Torres Barrera
