La Comisión de Justicia mantiene la obligatoriedad de que la mujer presente denuncia ante el MP, impone plazo de ocho semanas de gestación para practicarlo y añade sanciones a médicos. Es “retrógrada y regresivo” y está basado en las creencias religiosas de legisladores “conservadores”, señalan feministas. Piden al gobernador que vete la ley si se aprueba en el pleno
Chilpancingo, Guerrero, 30 de octubre de 2020. La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó un dictamen de reforma al Código Penal que mantiene la obligatoriedad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público para poder acceder al aborto en caso de violación. Establece también una temporalidad máxima de ocho semanas de gestación, y no de 12 semanas que es el acuerdo general, y agregaron que se fincará responsabilidad profesional contra los trabajadores de Salud que interrumpan un embarazo sin informar a las autoridades.
Ayer unas 15 feministas protestaron en el Congreso del estado contra el dictamen al que calificaron de “retrógrada y regresivo”, el cual fue aprobado por el priista Omar Jalil Flores Majul, presidente de la comisión, y los vocales, la panista Guadalupe González Suástegui, el perredista Servando Salgado Guzmán y el morenista Ossiel Pacheco Salas. Del mismo partido, Moisés Reyes Sandoval votó en contra.
El dictamen no sólo no elimina el candado de presentar denuncia para poder acceder a la interrupción del embarazo, sino que agrega otros más, señalaron las feministas, por lo que llamaron al pleno a no aprobarlo y convocar a un parlamento abierto.
La feminista Emma Cerón Díaz calificó a los diputados como “conservadores y leguleyos que piensan que sus creencias están por arriba de todo” y afirmó que “se aprovechan de su función para imponer” sus creencias religiosas y morales lo que calificó como “un abuso de poder porque ellos están para legislar con una visión de derechos humanos”.
Adelantó que es probable que dicho dictamen sea aprobado en la discusión del pleno “por políticos miedosos que se han dado cuenta que ser candidatos tiene buenas ganancias” y los acusó de ser “violadores de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.
Después una integrante del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO Guerrero) leyó un posicionamiento de la organización, peticionaria de la declaratoria de alerta de género por agravio comparado, en el que calificaron como regresivo el dictamen y llamaron al pleno a “frenar este atentado contra los derechos humanos”.
La organización de mujeres consideró que lo aprobado establece más obstáculos para acceder al aborto por violación y violenta los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Y recordaron que los estándares internacionales establecen que en caso de violación “no puede restringirse el tiempo”, por lo que consideraron violatorio a los derechos de las mujeres establecer temporalidad máxima para poder interrumpir el embarazo.
“Se condiciona a que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres sin tomar en cuenta que en la mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad los agresores son sus propios familiares”. Reprocharon que se intente sancionar y criminalizar al personal de Salud “que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres”.
El dictamen aprobado “contraviene lo establecido en la Ley General de Víctimas la cual no obliga a las mujeres agredidas a acudir ante el Ministerio Público para acceder a los servicios de salud, contraviniendo también la norma oficial mexicana 046 sobre la violencia familiar sexual contra las mujeres”, además de que es contrario a las recomendaciones internacionales como es el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Emma Cerón reprochó que a los diputados no les importe la realidad que viven las mujeres y la falta de eficiencia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Ante ese escenario y la alta posibilidad de que el pleno apruebe el dictamen en la sesión del martes, Emma Cerón apuntó que “hay una sola posibilidad de revertirlo, es la intervención del gobernador para desconocer esta (reforma) cuando pase al pleno y se legalice, solamente el gobernador puede tener el derecho de veto, ya lo estamos buscando, estamos pidiendo una reunión”.
También dijo que cuando el gobernador aceptó las recomendaciones de la Conavim se comprometió a que habría dos hospitales en Chilpancingo y Acapulco en los que se podría interrumpir el embarazo: “yo tengo el documento, está firmado”, Si el gobernador no ejerce su derecho al veto se van a amparar contra la reforma estatal y “tendremos que recurrir a las instancias internacionales para denunciar”.
El dictamen aprobado
El texto vigente del artículo 159 del Código Penal apunta que se excluye de responsabilidad penal por el delito de aborto cuando el “embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) recomendó que se elimine la obligatoriedad de la víctima de acudir a presentar la denuncia y esperar la autorización del M P.
Sin embargo, el dictamen aprobado no atiende en esencia la demanda del órgano federal, de las feministas y de la propuesta presentada por diputados de Morena.
El texto aprobado por la Comisión de Justicia establece además que “para ambos casos, la autoridad investigadora y las autoridades en materia de Salud deberán actuar en protección de la víctima, quien podrá solicitar la práctica del aborto en un plazo no mayor a ocho semanas de gestación previa denuncia ante el Ministerio Público correspondiente”.
Continúa: “Las autoridades en materia de Salud tendrán que estar capacitadas para la práctica del aborto realizado a la solicitante, asentando en el acta, la excluyente de responsabilidad penal como causa de su realización”.
Y agregan: “corresponderá a la autoridad ministerial la investigación de oficio, quien dará vista al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de la Mujer para cumplir los protocolos de protección a las víctimas y efectos procedentes en la ley. Tratándose de una mujer menor de edad, esta deberá ser acompañada de sus padres, tutores, representantes legales o cualquier persona mayor de edad de su confianza ante las autoridades de salud e investigadora”.
Finalmente apuntan en un último párrafo: “En caso de que el personal médico no cumpla con lo señalado en la presente fracción, las autoridades respectivas realizarán lo conducente para fincar responsabilidad profesional” de conformidad con los artículos 327, 330 y 331 de este Código Penal.
La Conavim pidió reconsiderar y no le hacen caso
El jueves 22 de octubre el pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen con el que se declaró improcedente la petición de la Conavim. En esa ocasión solo los morenistas Norma Otilia Hernández Martínez, Arturo Martínez Núñez y Marco Antonio Cabada Arias estuvieron en contra.
El 23 de octubre la Conavim envió a la presidenta de la Mesa Directiva, Eunice Monzón García un oficio en el que “lamenta la propuesta de modificación” al artículo 159 del Código Penal y planteó tres puntos que piden sean reconsiderados como el no condicionar la interrupción del embarazo a la presentación de la denuncia previa ya que no se establece así en la Ley General de Víctimas.
También plantea que el artículo 215 bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica señala que en dichos casos no se podrá “condicionar su prestación a la presentación de la denuncia o querella”, así como en la norma 046 y las recomendaciones de la CEDAW.
Dicho requerimiento “limita sistemáticamente la atención a la que tienen derecho las víctimas de violación y, en el mejor de los casos retrasar la atención, exponiéndolas a abortos inseguros y poniendo en riesgo la salud de las mujeres” señaló la Conavim.
También se insta al Congreso “a quitar el último párrafo de la propuesta, en donde se busca claramente inhibir a los prestadores de servicios de salud de realizar el servicio de interrupción de embarazo, bajo amenaza de que se les fincarán las responsabilidades profesionales correspondientes”.
Y señala que “las instituciones de salud deben garantizar que tales servicios se presten de manera pronta, oportuna y sin discriminación. Ni los prestadores de servicios, ni las instituciones de salud pueden ni están obligadas a asumir un papel (investigativo o persecutorio) que no les corresponde y que no tienen las competencias para llevar a cabo”.
La Conavim advierte que al condicionar la interrupción legal del embarazo a la presentación de una denuncia, el Congreso va en contra de la Ley General de Víctimas, el Reglamento de la Ley General de Salud y la NOM046 “y vulnera los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y niñas, incluyendo el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, a la integridad personal y a la vida privada, a decidir el número e intervalo de hijos (derecho a la autonomía reproductiva) y a la seguridad jurídica, así como el derecho a una vida libre de violencia”.
Y se insta al estado de Guerrero a no colocar barreras a la atención por semanas de gestación, porque las víctimas de violencia sexual tienen derecho a interrumpir un embarazo en el momento que lo determinen, “la evidencia demuestra que las mujeres pueden llegar a reconocer tardíamente su embarazo, tienen mayores dificultades para asumir decisiones autónomas en relación a tal embarazo- incluyendo por el contexto mismo de violencia que lo causó”.
En el documento se señala que limitar el acceso a un aborto seguro y colocar barreras para su acceso oportuno lleva a las mujeres a buscar maneras inseguras de interrumpirlo o “tener un embarazo forzado producto de una violación y es considerado tortura y trato cruel, inhumano y degradante por sus consecuencias físicas y psicológicas.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jessica Torres Barrera
