La Comisión de Justicia mantiene la obligatoriedad de que la mujer presente denuncia ante el MP, impone plazo de ocho semanas de gestación para practicarlo y añade sanciones a médicos. Es “retrógrada y regresivo” y está basado en las creencias religiosas de legisladores “conservadores”, señalan feministas. Piden al gobernador que vete la ley si se aprueba en el pleno