Ciudad de México, 25 de abril de 2023. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica el desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, como el fentanilo, e incluye a la Secretaría de Marina (Semar) entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para el control de dichas sustancias.
El proyecto que parte de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal el 28 de febrero pasado, elimina como autoridad encargada de la aplicación de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos y Máquinas para la Elaboración de Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos al Consejo de Salubridad General.
En su lugar, agrega a la Semar que, entre otras cosas, recibirá, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los informes que las personas físicas o morales dedicadas al transporte de precursores tendrían que entregar.
De acuerdo con la reforma, la Secretaría de Hacienda seguirá participando en la aplicación de la ley a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas, lo mismo que la Secretaría de Salud, que lo haría a través de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El texto agrega un párrafo según el cual, las Secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Medio Ambiente y la Guardia Nacional coadyuvarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de insumos para la producción de drogas sintéticas.
Las modificaciones establecen una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos a quien desvié o haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Plantea que cuando se trate de servidores públicos, la pena aumentará en dos terceras partes.
Plantea sancionar con entre siete y 10 años de prisión el delito de posesión ilegal de precursores o de máquinas para la producción de cápsulas, tabletas y comprimidos y con entre cinco y 10 años a quienes utilicen sociedades mercantiles para el desvío de ambos insumos o simulen operaciones. Las mismas sanciones se impondrán a los socios.
Por la falsificación o alteración de autorizaciones o permisos o el uso de documentos falsos se plantea una pena de entre ocho y 15 años y por la importación, exportación y transporte vía postal, mensajería o paquetería una pena de entre seis y ocho años de prisión y una multa de hasta el 10 por ciento del total de los ingresos.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, lamentó que la reforma elimine al Consejo General de Salubridad como una de las autoridades encargadas del control de precursores químicos, a pesar de que sus decisiones son de aplicación obligatoria y desde 2008, ha emitido de manera eficiente las reglas para la pseudoefedrina y efedrina y en 2017 actualizó el listado de estupefacientes desde el punto de vista del riesgo sanitario.
“En este caso eliminamos al Consejo de Salubridad General y creamos otra entelequia llena de organismos, muchos de los cuales ya están representados en el Consejo de Salubridad General”, dijo.
Advirtió que la reforma criminaliza todo lo que lleva precursores químicos aun cuando éstos se encuentran en insumos como la pintura. Además, agregó, aumenta el número de trámites porque ahora se requerirán permisos emitidos por la Semar para el transporte de precursores.
Chertorivski afirmó que esto no sólo aumentará el desabasto de medicamentos sino que encarecerá el mercado de éstos.
“Lo que vamos a hacer es que con más trámites y permisos vamos a encarecer el mercado de medicamentos ilícitos en nuestro País y, si de por sí ya tenemos el más grave desabasto de medicamentos en las últimas décadas, simplemente lo vamos a incrementar, vamos a generar un mercado negro más grande”, sostuvo.
La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, lamentó que la reforma no surja de los datos duros que genera la Secretaría de Salud o las Fiscalías del país, sino de lo que dicta Estados Unidos, que ha tenido que exigirle al presidente que legisle para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.
“Nuestra política de seguridad una vez más es dictada fuera de Palacio Nacional y enviada al Ejecutivo y por lo tanto, a este pleno, sin pasar por un proceso legislativo real”, indicó.
El panista Juan Carlos Maturino dijo que además de que la reforma elimina las facultades del Consejo General de Salubridad, propicia que la Semar pueda exceder sus competencias, ya que no establece de manera clara los ámbitos de competencia de dicha dependencia y de la SICT.
“Se corre el riesgo de que la Secretaría de Marina asuma funciones que son estrictamente civiles”, afirmó.
La priista Frinné Azuara reconoció la importancia de la iniciativa, al considerar que fortalece el control de los procesos en torno al uso de precursores químicos para la fabricación de medicamentos y evita que éstos sean desviados para la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo.
Azuara anunció el voto a favor de su bancada, al considerar que el consumo de drogas en el País se ha convertido en un problema de salud pública, de derechos humanos y de seguridad nacional e incluso medioambiental, como la contaminación del aire y de las fuentes fluviales.
Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud dijo que la reforma busca fortalecer las acciones de fiscalización y las medidas de control, de vigilancia y de verificación de precursores químicos, para evitar que su uso sea diferente al médico.
Reconoció que en los últimos años aumentó la producción, consumo y exportación de drogas sintéticas.
Afirmó que una de las principales drogas sintéticas que se producen actualmente es el fentanilo, la cual calificó como una potencial causa de muerte y un grave problema de salud.
Dijo que México no es ajeno a la situación que se vive en Estados Unidos con respecto a esta droga, de ahí que en ciudades como Tijuana, se ha reportado un aumento de esta sustancia.
“Apoyar este proyecto es estar a favor de todas las y los mexicanos y, por supuesto, a favor de la seguridad nacional”, afirmó.
El proyecto fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Texto: Martha Alicia Martínez Paredes / Agencia Reforma
