Establece la “cohabitación forzada” como un delito y se entenderá como coaccionar a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, a unirse con ella o con otra persona para cohabitar en una relación constante y equiparable al matrimonio
Chilpancingo, Guerrero, 14 de octubre de 2022. En la sesión del pleno del Congreso local quedó de primera lectura el dictamen por el que se establece como delitos contra el libre desarrollo de la personalidad la “cohabitación forzada”, que podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión a quienes coaccionen a una persona menor de 18 años a una unión equiparable a la de matrimonio, con lo que se busca prohibir las uniones arregladas de menores.
Se trata del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VI al título cuarto del Libro Segundo del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el que se establece la “cohabitación forzada” como un delito que tendrá una pena establecida en el artículo 177 bis.
Y se entenderá como “cohabitación forzada” a quién coaccione a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, a unirse con ella o con otra persona para cohabitar en una relación constante y equiparable al matrimonio”, al cual se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y multa de 250 a 750 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Y a quien solicite, gestione, oferte o induzca la cohabitación forzada o se beneficie de esta, se le aplicarán de 3 a 10 años de prisión y multa de 150 a 500 veces el valor diario de la UMA. Si el autor “es pariente de la víctima por consanguinidad en línea recta ascendente o colateral hasta el cuarto grado o por afinidad se le impondrá hasta un tercio más de las sanciones previstas en los dos supuestos anteriores”.
Ley de Austeridad y creación de la octava región económica
En la plenaria de ayer, también quedaron de primera lectura los dictámenes de las propuestas de Ley de Austeridad del Estado de Guerrero y de reforma a la ley de Planeación del Estado con el que se reconoce la octava región Sierra, ambas propuestas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a las cuales solo falta que en otra sesión se realice la primera lectura (que podría omitirse) para pasar a la discusión, votación y en su caso aprobación.
La Ley de Austeridad prohíbe la duplicidad de funciones en la administración pública; la obtención de algún privilegio económico adicional; contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados; mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
Mientras que el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, plantea el agregar a la lista de las siete regiones del estado, la octava: Sierra.
Se realiza una reforma al contenido del artículo que quedaría de esta manera: “Los programas regionales serán formulados al interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, focalizándolos a las comunidades con mayores índices de desigualdad, inseguridad, marginación, pobreza y falta de infraestructura, con la participación de las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, y en su caso, los municipios que se encuentren involucrados. La vigencia de los programas será determinada por las autoridades de planeación y la evaluación será, al menos, trienal”
A este artículo, se le agrega la parte en la que se señala “focalizándolos a las comunidades con mayores índices de desigualdad, inseguridad, marginación, pobreza y falta de infraestructura, con la participación de las secretarías, dependencias, entidades paraestatales”.
La sesión
El pleno aprobó un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda por el que se autoriza la donación de dos fracciones de terreno propiedad del municipio de Alcozauca de Guerrero en favor del organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública.
Ante el pleno, el diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto presentó un punto de acuerdo por el que los diputados de la 63 legislatura solicitan la comparecencia ante el pleno del titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) Marcial Rodríguez Saldaña, para “que rinda un informe pormenorizado de las acciones implementadas contra la deserción escolar en las regiones Montaña y Tierra Caliente, la cual fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
También de Morena la diputada Beatriz Mojica Morga presentó dos iniciativas de reforma a las leyes Orgánicas de la Administración Pública y del Municipio Libre, para que en la designación de funcionarios de ambos niveles se respete el principio de paridad de género, además de incluir en la redacción de estos ordenamientos “un lenguaje incluyente, justo y paritario”.
La diputada priista Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la “Comisión Ordinaria de la Familia”, cuya misión, dijo, será la de legislar con perspectiva familiar, atender los asuntos relacionados con el derecho familiar y actualizar el marco jurídico del estado para garantizar la protección de los derechos humanos de los integrantes de las familias.
En tribuna intervino el morenista Joaquín Badillo Escamilla. Habló sobre la actualización del sistema de video vigilancia, donde apuntó que el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5) ubicado Acapulco, y el estado de las cámaras de videovigilancia en Guerrero y aseguró que hay “avances importantes”.
Por su parte, el morenista Andrés Guevara Cárdenas participó en relación con las medidas para mitigar la inflación en los productos de la canasta básica, e hizo un llamado a las empresas productoras y distribuidoras para respetar el acuerdo el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, y a la población en general para adquirir los productos locales.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Ilustrativa
