Metales pesados
Tryno Maldonado
“Este año va a quedar lo de Ayotzinapa”. El jueves 30 de junio del 2022, durante una de sus conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador declaró tajante esa y otras afirmaciones sobre el caso de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada: “Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarlo, porque acuérdense que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos; pero ya tenemos mucho avance. Es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir”.
Es 2023. Faltó a su promesa con las familias. Este 26 de enero se cumplieron 100 meses de los hechos violentos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Ocho años y medio de dolor de familias y sobrevivientes. La promesa de AMLO sigue, como al inicio de su mandato hace cinco años, en el aire. Promesas. Sólo palabras. Es todo lo que ha tenido este gobierno para Ayotzinapa. Poca verdad. Nula justicia.
“Siento que el corazón se me desgarra”, es la imagen con que las madres de los estudiantes desaparecidos suelen equiparar ese dolor que se renueva cada mañana al despertar y todas las noches al irse a la cama desde hace 100 meses.
Pero igualmente dolorosos son los casos de los tres normalistas asesinados aquel 26 de septiembre mientras sus 43 compañeros eran levantados por policías y luego desaparecidos. Así como los de los múltiples heridos de gravedad de esa noche. Todos ellos siguen también empantanados en un limbo sin respuestas y al que sistemáticamente le es negada la integridad de la verdad y la justicia.
Es el caso de Julio César Mondragón. En un reciente reportaje realizado por Corriente Alterna –del que se publicó una versión resumida en El Sur– se documentan mediante una clara línea del tiempo los momentos y sitios en que Julio César estuvo la noche del 26 de septiembre durante los ataques a los normalistas en Iguala. A las 21:27 horas, “en su camino por el zócalo de la ciudad, camionetas y patrullas detienen el camión de Julio César. Algunos estudiantes bajan, armados con piedras y palos, para cuestionar la causa de su detención. Pero los policías municipales responden abriendo fuego. Julio César le escribe a (su pareja) Marisa a las 21:27, ‘Están disparando, amor’. Ella le responde a las 21:32. ‘Vete de ese lugar’. ‘No puedo irme, mis compañeros están en peligro’, contesta. Los autobuses donde van los estudiantes avanzan abriéndose paso entre los disparos de los policías”.
Tal como señala el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en su último informe del caso Ayotzinapa, Julio César estuvo grabando con su celular los ataques a sus compañeros. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) desestimó ese hecho y no lo presentó como evidencia. Además, su teléfono desapareció. En un nuevo ataque a tiros que sufrieron los estudiantes pasada la medianoche, sus compañeros Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados en el acto, mientras que Mondragón huyó y fue capturado: “En el Camino del Andariego, a medio kilómetro del lugar donde fue secuestrado y del C4 de Iguala, Julio César es torturado de manera despiadada hasta su muerte. Lo golpearon hasta fracturarle 40 huesos de su cuerpo. Mientras se resistía a morir, le despojaron de uno de sus ojos y el resto del rostro le fue arrebatado con una violencia sádica”, se lee en el texto de Corriente Alterna. Esta descripción se puede leer en el informe técnico del GIEI. Un nivel de tortura en su ejecución como el que sufrió Julio César requeriría de un adiestramiento profesional.
El teléfono móvil con el que Julio César grabó las agresiones fue robado. Sin embargo, como retoma el reportaje, del 17 al 19 de octubre de 2014, dos semanas después del que cambiaran el chip a otro equipo, “el ladrón se comunica con cuatro números ubicados cerca del Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen)”.
Las subsecuentes comunicaciones fueron omitidas por la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa –creada por decreto presidencial– en su informe, “pese a que su secretario técnico, Félix Santana, las reveló años atrás”. Las comunicaciones entre el Cisen y el ladrón del teléfono de Julio César se mantuvieron activas. Y no sólo eso sino que el ladrón chateó repetidas veces con números ubicados al interior e inmediaciones del Campo Militar número 1. La torre de comunicaciones con la que se enlazaban “se ubica al sur del Campo Militar, cerca de la Puerta 4 y 100 metros de los Batallones de Infantería 103 y 104.”
Estos datos no han aparecido en los informes de la Covaj dirigida por Alejandro Encinas. Pero dan un indicio sólido de que el Ejército pudiera haber participado en la tortura y el asesinato del normalista Julio César Mondragón.
¿Hasta dónde seguirá este gobierno protegiendo a los militares incluso sobre la dignidad, la verdad y justicia de un caso tan relevante para la vida de este país?
