Metales Pesados
Tryno Maldonado
El pasado 26 de febrero se cumplieron seis años y cinco meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. En el operativo coordinado participaron elementos de distintos cuerpos de policía y del Ejército Mexicano, bajo la observación e inacción de los distintos niveles de gobierno. A la fecha, aunque se ha judicializado a varios responsables directos menores, los eslabones más altos en las cadenas de mando siguen libres, protegidos e impunes. Tomás Zerón (entonces director de la Agencia de Investigación Criminal) está libre en Israel; Omar García Harfuch (entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero) es el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México; y el general Salvador Cienfuegos (entonces secretario de la Defensa Nacional que evitó a toda costa que el Ejército fuera investigado por su participación probada en el caso, y contra quien todavía el año pasado algunas familias de Ayotzinapa y colectivos internacionales que los acompañan se presentaron en la Corte de Brooklyn para exigir justicia en el proceso en su contra), fue exonerado por presión política del actual gobierno mexicano.
Ni hablemos de que existan, hasta hoy, avances contundentes que aporten a la máxima prioridad de las familias de los normalistas: las indagatorias para dar con el paradero de sus hijos. Esa línea de investigación está prácticamente congelada. Lo que han recibido sobre ese ámbito han sido largas, una nociva politización del caso en tiempos electorales y una burocratización cada vez más ignominiosa de su dolor.
El 18 de febrero, Presidencia de la República convocó a una reunión extraordinaria a las familias de los estudiantes desaparecidos. En palabras del abogado Vidulfo Rosales, vocero de madres y padres de los 43, se abordaron los avances de la investigación básicamente en tres líneas de acción: 1) Acopio y solicitud de información sobre personas que posean datos del paradero; visitas a los penales donde se hallan las personas que poseen datos sobre la desaparición. 2) Judicialización de las personas implicadas y con responsabilidad en la desaparición. Y, al final, 3) Búsqueda de los normalistas.
Los familiares fueron convocados a la capital desde Guerrero, en plena pandemia, para ser informados de otra detención infructuosa más: la del policía federal Luis Antonio Dorantes Macías, responsable de la Policía Federal en Iguala, quien está siendo procesado por delincuencia organizada y desaparición forzada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación donde dejaba clara la participación de la Policía Federal la noche de la desaparición de los estudiantes en el puente El Chipote, también lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y varios lo documentamos en su tiempo en crónicas y libros. Sin embargo, Omar García Harfuch, siendo el más alto eslabón en la cadena de mando de la PF en Guerrero, se avizora como un personaje intocable para la 4T, al igual que el general Cienfuegos.
Esta última línea de investigación que indaga a la Policía Federal estuvo cancelada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y su prisa por dar carpetazo al caso con la llamada “verdad histórica”. Es hasta hoy, a más de seis años de exigencias de las familias de Ayotzinapa, que han orillado al presente gobierno federal a explorar nuevas líneas y responsabilidades en el caso. Estos avances, por tanto, son producto de su lucha incansable a pesar de los obstáculos oficiales y las negativas contundentes para no enfilar las investigaciones hacia las instituciones del Estado involucradas en la desaparición forzada; no son concesiones de ningún nivel de gobierno.
Igualmente, sólo gracias a la contribución de un testimonio filtrado fue que se dio en 2020 con los 16 restos más que serán analizados en la Universidad de Innsbruck. Corresponden a los hallazgos en la Barranca de la Carnicería y el camino que conduce al basurero de Cocula, en el ejido Cocula. Es hasta ahora, un año más tarde, que el gobierno federal los envía a Austria. Vidulfo Rosales dijo que no les han dado una fecha aproximada para que produzcan resultados los análisis, sino que dependerá del grado de deterioro que presenten los restos una vez sometidos a pruebas de genética forense como el método nuclear o mitocondrial (cotejado con las muestras de los familiares tomadas previamente). Eso lo determinarán los laboratorios y la propia Universidad de Innsbruck.
Rosales mencionó que “se están realizando actualmente nuevas indagatorias para que se pueda judicializar a más personas; sin embargo, el trabajo importante que el gobierno tendrá que realizar es cómo obtiene información del paradero de los 43 estudiantes. De lo contrario, de nada sirve que se tengan a tantas personas detenidas”.
El 24 de febrero en Iguala, en un discurso plagado de elementos de retórica nacionalista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó algo en claro: la memoria de los 43 estudiantes para él y su gobierno lentamente se va convirtiendo en un símbolo conmemorativo más, en una vitrina; así como la claudicación implícita por la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos por un Estado que, parecido al anhelo unipersonal y absolutista de Luis XIV, él mismo parece querer encarnar.
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