Metales pesados
Tryno Maldonado
El gobierno de la 4T construyó una supuesta comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa por encima de las familias, abogados y expertos del GIEI. Explico: la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) ha estado presidida durante cuatro años por el funcionario Alejandro Encinas (subsecretario de Gobernación); es decir, se conformó por el propio Estado mexicano por decreto presidencial para resolver un crimen del propio Estado. Un absurdo por donde se le mire.
Los estragos y graves retrocesos para el caso Ayotzinapa al día de hoy, además de la abierta protección hacia las instituciones castrenses del Estado, así lo demuestran. En ningún país en que las sociedades violentadas por crímenes de lesa humanidad se han organizado para conformar comisiones de la verdad auténticas ha ocurrido que sea el propio Estado quien se investigue a sí mismo autonombrando sus comisiones para tal propósito.
Las comisiones de la verdad en América Latina, como la de la sociedad colombiana luego de la guerra de décadas pasadas, suelen conformarse con objetivos como “el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante conflictos armados internos; el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de sus derechos, reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto”. Y, en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones “como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir”. Además de la promoción de la convivencia y sentar las bases para la no repetición.
La comisión presidencial que dirige Alejandro Encinas, sin embargo, parece llevar objetivos con ejes diametralmente desvirtuados de este espíritu al basarse en pruebas espurias que podrían enlodar el caso. ¿Por qué su visible prisa por declarar muertos a los 43 normalistas sin pruebas científicas y, sobre todo, por encima del dolor de las madres y padres? Ellos, desesperados, le han exigido al gobierno federal respeto a su dolor y pruebas científicas de sus dichos.
En su más reciente informe, la Covaj de Alejandro Encinas dio forma a la nueva mentira histórica de que los 43 estudiantes fueron asesinados, basándose en 467 capturas de Whatsapp espurias. El día de ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmintió la validez de dichas pruebas y, por consiguiente, de esa nueva historia oficialista hecha con prisas por presión presidencial.
Al GIEI –ente fundamental en la construcción de la verdad–, ni la Covaj ni la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa le informaron ni le otorgaron acceso a las manipuladas capturas de pantalla de Whatsapp que sostienen su nueva “verdad histórica”. Sin embargo, al publicarse el informe, el grupo de expertas y expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cuestionado su origen a partir de un peritaje forense: 1) los metadatos no corresponden ni confirman el origen de dichos mensajes, 2) las fechas en los mensajes y las de los hechos no coinciden, 3) y demostraron que determinadas funciones de la aplicación de mensajería Whatsapp no existían en la época supuesta en que fueron enviados dichos mensajes de texto. Esas imágenes no sostienen ni fundamentan las judicializaciones del caso. Por tanto son irrelevantes en dichos procesos.
No obstante, estos mensajes de Whatsapp fueron filtrados a la prensa desde la propia Fiscalía General de la República. Los textos contienen explícitas descripciones de los horrores que supuestamente habrían perpetrado los criminales contra los 43 normalistas. Pero, desacreditadas las evidencias, todo lleva a pensar que esta filtración llevaba por objetivo una propagación de la didáctica del terror entre la opinión pública para apuntalar una nueva “verdad histórica”. ¿Quién gana con dicha campaña? ¿Por qué las prisas de dar carpetazo a un caso donde están tan lejanos la verdad y la justicia para los desaparecidos y sus familias? Esos mensajes de terror se asemejan bastante a la estategia de manipulación, fabricación e instrumentalización de las pruebas durante la administración de Enrique Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam: las imágenes del rostro deshollado del normalista Julio César Mondragón y las bolsas sembradas por Tomás Zerón de Lucio con restos humanos en el río San Juan y el escenario montado por la Marina en el basurero de Cocula, por ejemplo.
El futuro y la permanencia del GIEI en este escenario turbio a ocho años del caso Ayotzinapa se vuelve capital. Por todo esto, las familias de Ayotzinapa manifestaron, a través del Centro Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos –una de las organizaciones civiles que les acompañan–, “su más profunda tristeza ante la falta de verdad en el caso”. Y exhortaron al Estado mexicano a “rectificar y retomar la senda de la justicia y la verdad, con apertura a la asistencia técnica internacional”. Asimismo, agradecieron a Claudia Paz y Paz y a Francisco Cox, los dos miembros del GIEI que se retirarán de sus tareas, su profesionalismo durante estos más de siete años que estuvieron involucrados en la investigación.
Definir los mecanismos de seguimiento para los otros dos integrantes del GIEI que se quedan, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, se vuelve urgente en este largo y sinuoso camino por la verdad en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contrario a su primerísima promesa de campaña, ha empantanado el caso.
