El vocero Sabás Aburto señala que hay problemas con el delegado Amílcar Sandoval para que la organización comunitaria pueda abordar al presidente en Tlapa.
Chilpancingo, Guerrero, 11 de enero de 2019. El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, señaló que hay problemas de comunicación con el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, para que la organización pueda abordar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes o después de su visita hoy en Tlapa.
Aclaró que independiente de que tengan cita o no, unos 50 coordinadores y consejeros de las cinco casas de justicia y comités de enlace, acudirán al acto para que escuche tres peticiones sobre el proceso de amnistía para integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), por la cancelación de las concesiones mineras en territorio comunitario y su intervención para agilizar el de tres controversias constitucionales contra las reformas que se refieren a la Policía Comunitaria en Guerrero.
En declaraciones telefónicas, también informó que la CRAC-PC acudió a una reunión con el subdelegado de la región Montaña, Julio Lázaro Bazán, en Tlapa el 4 de enero, para conocer más sobre la Guardia Nacional, porque ha tenido información del nuevo proyecto de seguridad, de segunda o tercera mano.
Precisó que la CRAC aceptó la invitación a la reunión porque no quiere que la confundan con grupos anárquicos, y para saber hasta dónde van a llegar las acciones de los tres niveles de gobierno en el tema, porque consideró que ninguna autoridad municipal o estatal debe renunciar a su obligación de garantizar la seguridad pública, dejando la responsabilidad sólo al gobierno federal.
Añadió que la CRAC, está interesada en coordinarse con la Guardia Nacional, sin interferir en las actividades de la nueva corporación que integrarán policías federales y militares.
De la entrevista con el López Obrador, detalló que consejeros y coordinadores tomaron un acuerdo hace unos días para buscar “en privado, si es posible, o abordar durante su recorrido al presidente en Tlapa”. Dijo que, como candidato, durante la campaña, era posible hablar con él, ahora han tenido problemas para acordar un acercamiento.
El primer planteamiento, dijo, es pedir información sobre el proceso de amnistía de los integrantes del Cecop, entre ellos el dirigente Marco Antonio Suástegui, y policías comunitarios de la CRAC, internos en el penal de Acapulco.
Añadió que quieren saber cómo pueden agilizar la liberación de sus compañeros, y los acompañaron los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que los representan en el proceso judicial.
Consideró que debe haber un procedimiento para acceder a la amnistía, y espera llevar esa información a la asamblea del 26 de enero en la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, que se convocó principalmente para determinar acciones por la libertad de los presos políticos.
Por otro lado, dijo que le insistirán en la cancelación de concesiones mineras en todo el territorio comunitario, y en particular, en garantías de que no reactivará el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, para que sus compañeros en los Bienes Comunales de Cacahuatepec puedan vivir tranquilos.
Finalmente que interceda para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agilice el fallo sobre tres controversias constitucionales, dos promovidas por Tlachinollan y una por el ayuntamiento de Malinaltepec, para echar abajo reformas del artículo 14 de la Constitución estatal, y de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, que borraron de los textos el reconocimiento de la CRAC-PC, para mandarlos a depender del Ministerio Público. Recordó que el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC-PC, depende de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, que se rigen por sus procesos normativos y de forma autónoma.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
