Realizan excavaciones junto a una granja de puercos que presuntamente es de un ex líder de Guerreros Unidos, informan colectivos. Quiere AMLO imponer la narrativa del Ejército en la investigación, señala Tlachinollan. “No nos vamos a echar atrás”, dice el papá de uno de los 43 desaparecidos
Iguala y Chilpancingo, Guerrero, 30 de enero de 2024. Agentes de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Uelica) de la Fiscalía General de la República (FGR), realizan trabajos de exploración y búsqueda de fosas clandestinas en el paraje La Huerta, donde antes ya se han hecho exhumaciones, a unos 200 metros del Periférico Sur de esta ciudad, relacionado con las investigaciones y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 9 años en esta ciudad.
La directora de la asociación Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz y la presidenta del colectivo de Madres Igualtecas en Busca de sus Hijos, Sandra Luz Román Jaimes, informaron por separado que desde la semana pasada peritos forenses de la FGR que investigan el caso Ayotzinapa, realizan búsquedas y excavaciones en una huerta de mangos de la colonia Paraje Suriano, que es contigua a una granja de puercos que presuntamente es propiedad de un ex líder del grupo criminal Guerreros Unidos, agrupación a la que se le han adjudicado los ataques y la desaparición de los normalistas.
Bahena Cruz dijo que la única información que han logrado obtener, es que los agentes de la FGR siguen haciendo diligencias, han estado yendo a inspeccionar la huerta, han dividido la zona en cuadrantes y hacen excavaciones, y que de acuerdo con la información que tiene, es que no han encontrado nada.
En los dos casos, las activistas informaron que cuando la comisión que investiga el caso Ayotzinapa entra a un predio, les niegan el acceso al lugar y a la información, pese a que en casos como éste fueron los colectivos quienes ubicaron la zona mediante testigos anónimos que les dieron información.
Entre el 8 y 9 de agosto de 2022, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron una diligencia en este mismo terreno, en el que utilizaron maquinaria pesada y lograron la exhumación de al menos una osamenta humana, según se informó en ese momento.
Este predio, de acuerdo con las activistas, ambas lo incluyeron en sus carpetas de investigación, pues está relacionado con la posible desaparición de sus familiares, hecho por el que en los dos casos fue señalado de su probable participación el ex comandante de la Policía Investigadora Ministerial, Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, ejecutado el 16 de junio de 2021.
En el caso de Bahena Cruz está relacionado a la carpeta de investigación por la desaparición de su esposo, el ex asesor jurídico de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (ahora FGE), Saulo Rodríguez Cruz, desaparecido el 7 de enero de 2011.
Mientras que de Román Jaimes el mismo terreno está dentro de la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía de la República por la desaparición de su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida cuando tenía 19 años, el 24 de octubre de 2012 en Iguala.
En declaraciones por teléfono, Adriana Bahena informó que en esa diligencia que inició la semana pasada “es por el caso Ayotzinapa, con todos sus candados que no dejan que nadie más entre en esas diligencias”.
Denunció que mediante una estrategia “sucia y desordenada”, la Fiscalía del estado entró en ese terreno a realizar excavaciones en agosto de 2022, lo que generó molestia en los colectivos ya que un ex agente de esta corporación está relacionado con dos carpetas de investigación y que según testigos, habría utilizado ese terreno para desaparecer a sus víctimas.
Explicó que, ante la inconformidad de los colectivos en contra de la FGE, su manera de deslindarse del conflicto que generó, le “pasó” ese predio a la Unidad Especializada que investiga el caso Ayotzinapa, con lo que dejaron fuera de estas diligencias y las investigaciones a los dos colectivos, “porque (el caso Ayotzinapa) observe un predio, ya no te da información y no permite absolutamente nada”, se quejó.
Quiere AMLO imponer la narrativa del Ejército sobre el caso Ayotzinapa, señala Abel Barrera
En el informe número 29 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el director del organismo Abel Barrera Hernández denunció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere imponer, en lugar de la verdad histórica que montó el anterior gobierno, otra narrativa, que no es la de los padres y madres de los 43, sino la que quiere el Ejército: “una verdad vestida de verde olivo”.
Durante el desarrollo del informe, titulado precisamente La verdad vestida de verde olivo, los ponentes coincidieron que el actual gobierno blindó al Ejército para que no se conozca la verdad sobre Ayotzinapa.
El informe de Tlachinollan, se presentó en un salón del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, a donde asistieron representantes de las organizaciones sociales a las que ha dado acompañamiento el organismo.
El tema central del informe fue el caso Ayotzinapa, que se encuentra en su momento más crítico debido al rompimiento del diálogo del presidente López Obrador con los organismos que han dado acompañamiento a los padres, a los que el mandatario federal ha deslegitimado con descalificaciones.
Abel Barrera Hernández contó la expectativa que hubo al inicio de este gobierno del presidente López Obrador, quien se comprometió a resolver el caso Ayotzinapa.
“Hoy vemos una actitud totalmente contradictoria del presidente, se ha transformado en el defensor del Ejército, desvía la atención y desautoriza el trabajo del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Oficina de la ONU, de los expertos y expertas del GIEI para blindar al Ejército”, destacó.
El defensor de derechos humanos, dijo que hace seis años “nunca hubiéramos imaginado que llegáramos a este nivel”.
Enseguida, sostuvo: “Por eso creemos que el presidente, en lugar de la verdad histórica quiere imponer otra narrativa, pero no la de los padres y madres, sino la que le da el Ejército, una verdad vestida de verde olivo”.
Sólo se va a saber lo que quiere el Ejército: Sarmiento
El coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, uno de los ponentes, destacó la labor de Tlachinollan en medio de la violencia, inseguridad y graves violaciones a los derechos humanos que se viven en Guerrero.
Mencionó el “arco tan amplio” de acción espacial y territorial de Tlachinollan, “que se interna en lo más recóndito de la Montaña, de los espacios del pueblo de Guerrero, y se incrusta en esas fosas donde se hacen las búsquedas, en donde las familias exigen verdad y justicia”.
“Uno se incrusta (con el informe) en esos cachitos impenetrables que particularmente el Ejército no ha abierto para que los padres y madres de Ayotzinapa obtengan las respuestas que a casi 10 años de distancia aún aguardan”, dijo.
Indicó que en la Oficina del Alto Comisionado se sienten privilegiados, por la relación de confianza y de compañerismo con Tlachinollan.
Reivindicó la labor del organismo guerrerense y resaltó el compromiso “generoso y desprendido por la causa de los derechos humanos”.
Alan García llamó a las autoridades federales que radican en Guerrero, y particularmente a las estatales y municipales a que abran espacios de interlocución y diálogo con actores como Tlachinollan y las personas que representa.
Otro ponente, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Sergio Sarmiento Silva, quien estuvo en la Montaña en los años 90 y acompañó la constitución de Tlachinollan, reseñó la historia del organismo y destacó la “amalgama de temas que abandera”.
“Es increíble el salto cuántico que ha hecho Tlachinollan, se ha enfrentado a muchas cosas y por fortuna muchas de las acusaciones que tuvo en el principio, amenazas, sujeto a vigilancia se han desvanecido”, celebró.
Expresó que el título de su informe número 29 es duro, “pero es una frase muy contundente sobre quienes se oponen a que la verdad no sea conocida”.
Recomendó que a los políticos no hay que creerles todo, y en el caso de Ayotzinapa, no creerles que efectivamente se va a descubrir la verdad. Y argumentó: “El Ejército ha cobrado un papel relevante de tal manera que algunos analistas suponen que tiene de rehén al presidente y que el asunto no va a pasar de lo que se lleva hasta ahora, y es lo mínimo que va a dar de respuesta este gobierno”.
Vaticinó que el informe que dé del caso, “se va a reducir a un informe de lo que quiera dar el Ejército y no vamos a poder descubrir mucho más allá de lo que pudiéramos creer”.
Pero aclaró que el hecho de que el caso Ayotzinapa quede en el aire incierto no hay que “quedarse con los brazos cruzados, la lucha sigue y hay que continuarla dando”.
Y elogió el informe de Tlachinollan pues “es muy rico en datos y en los casos que expone, y más allá de los que algunos pudieran pensar, que es pesimista, porque ponerse contra el Ejército es sumamente complicado”.
Celebró que el acompañamiento que tiene de muchas organizaciones del país para su fortalecimiento y continuar con este proceso”.
Destacó acompañamientos que ha dado como la formación de la Coordinadora de Autoridades Comuniatrias (CRAC), sobre todo para la elaboración de su reglamento interno; los procesos de remunicipalización que promueve en las comunidades indígenas, “desde abajo, con las asambleas comunitarias”.
Refleja el caso Ayotzinapa la “impunidad” en el país: Vidulfo
En su turno, el coordinador del Área Jurídica de Tlachinollan y asesor de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, resaltó que siempre se dijo que el Ejército es una institución incorruptible, pero “claramente” el caso Ayotzinapa “nos deja ver que el Ejército está coludido, por lo menos el 27 Batallón de Infantería, con el grupo delictivo Guerreros Unidos, hay prueba contundente de su plena corrupción”.
Dijo que los ocho militares que acaban de salir libres “y por los cuales el secretario de la Defensa mete las manos al fuego y los defiende a ultranza, respondían a los intereses del grupo delictivo que ahí (en Iguala) operaba, y paradójicamente el gobierno los defiende y los pone en libertad”.
Por ello añadió que el caso Ayotzinapa “refleja la impunidad que hay en todo el país”, porque no ha habido justicia en los casos de asesinatos contra dirigentes sociales y represiones que ha habido en el país, “con el cambio de gobierno no se hizo nada”.
“A través del caso Ayotzinapa estamos evidenciando el tema de la militarización, la impunidad, la violencia que hay en el país, la colusión del gobierno con el crimen organizado, la crisis de las instituciones de seguridad pública y encargadas de velar el cumplimiento de la ley”.
Un ejemplo de impunidad, dijo, es el caso del Colectivo Luciérnaga al que acompaña Tlachinollan, y que documentó los casos de 60 desaparecidos en Tlapa, “y nos muestra la grave crisis humanitaria de las desapariciones del crimen organizado en colusión con las autoridades”.
Informó que de las 40 carpetas de investigación desde hace cuatro años, no hay ni una sola orden de aprehensión de esos casos.
Reprochó que derivado de una protesta de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en la Fiscalía General del Estado ahora la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón ya no le recibe las llamadas, para ninguno de los casos que da acompañamiento Tlachinollan
“Ha sido una lucha dura con la clase política, se muestra reticente, no le gusta, le incomodan este tipo de temas, y nos generan confrontación fuertes”, denunció.
Vidulfo Rosales indicó que Tlachinollan también le da seguimiento a la violencia contra las mujeres en la Montaña; la venta de niñas y los matrimonios forzados “que siguen aconteciendo, a pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció un programa con bombo y platillo.
Habló de que los feminicidios son una situación grave en los municipios de Copanatoyac y Zapotitlán Tablas, donde impera un clima de violencia muy fuerte porque no pueden entrar las autoridades.
Citó los casos de Kenia y Virginia de Tlaquetzalapa, Copanatoyac, quienes fueron asesinadas hace un año “y es la fecha que no se ha ejecutado la orden de aprehensión porque las autoridades no pueden entrar”.
La coordinadora del Área Internacional del (Centro Prodh); María Luisa Aguilar Rodríguez, celebró que en el informe de Tlachinollan se haya incluido el riesgo en el que laboran los periodistas; “el recuento es de 22 periodistas asesinados en los últimos siete años que sólo buscaban informar a la sociedad”, y mencionó que derivado de ello hay zonas “totalmente silenciadas” en la entidad.
En el informe estuvieron representantes de grupos sociales a los que ha dado acompañamiento Tlachinollan como las viudas de la masacre de El Charco, en Ayutla; promotores de nuevos municipios; el representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, (CCT), Raymundo Díaz Taboada; el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez; integrantes del Colectivo Luciérnaga.
“No nos vamos a echar atrás”, dice el papá de César Manuel, uno de los 43 desaparecidos
Mario González Contreras, padre del estudiante César Manuel González Hernández, destacó que el caso Ayotzinapa se topó con el impedimento para conocer la verdad cuando la investigación llegó hasta el color verde olivo.
Durante su participación en el acto de presentación del informe anual de Tlachinollan, dijo que el Ejército “sabe perfectamente lo que ocurrió con nuestros hijos desde el primer momento que salieron de la escuela”.
Dijo que hay cosas que no se llega a comprender del por qué las instituciones que se encargan de cuidar la ciudadanía “son las principales actoras de cometer crímenes tan horrendos, porque acompañan a los criminales o ellos mismos son los criminales”.
Pero expresó: “Hay algo asombroso en los 43 padres de familia, todas esas actividades que se han hecho de parte del gobierno, los padres las han aguantado y han sabido salir adelante, luchar, sufrir, a pesar de todo ese dolor en la espalda y todavía son solidarios con mucha gente”.
Se dijo seguro que van a seguir adelante “y no nos vamos a echar atrás, venga lo que venga. Seguiremos adelante por organismos como Tlachinollan que no nos ha dejado solos”.
“Los 43 padres de familia sólo queremos una cosa; saber la verdad, saber qué paso el 26 de septiembre, dónde están los chavos, y por qué ese ataque tan certero y tan cobarde”, subrayó.
Le mandó un mensaje a López Obrador: “decirle al presidente de la República, que aunque desprestigie a los padres, nos dice ignorantes, que tenemos que leer, aunque desprestigie al equipo, al GIEI, seguiremos exigiendo tres cosas; la entrega de los folios, el regreso del GIEI y que la información sea entregada por el presidente”.
Cristina Bautista, madre del estudiante Benjamín Ascencio, advirtió que seguirán de pie “buscando a nuestros hijos, aunque vimos difícil desde el año pasado y este es más, porque falta poco tiempo (para que termine el actual gobierno) y no nos han dado la verdad ni la justicia”.
Texto: Alejandro Guerrero y Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
