Ciudad de México, 27 de octubre de 2022. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desconoció las declaraciones que realizó el martes en el Congreso de Michoacán, donde aseguró que existía una investigación internacional contra el ex presidente Felipe Calderón, por tráfico de armas.
De visita por San Luis Potosí, el funcionario federal negó sus expresiones, aunque insistió en condenar el operativo “Rápido y Furioso”, al que calificó como un crimen de Estado.
“Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el Estado, de lesa humanidad”, dijo.
“So pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino que es un crimen de lesa humanidad”.
El martes, el titular de Segob visitó el Congreso de Michoacán y, frente al pleno, aseguró que existía una investigación internacional contra Calderón, a quien se refirió como Felipe El Pequeño.
Ayer, en conferencia de prensa, López solo consideró que la justicia internacional podría alcanzar al ex presidente, como ocurrió con el ex dictador chileno, Augusto Pinochet.
“Hay una investigación (en Estados Unidos), está detenido incluso el segundo en la cadena de mando, que era el secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal”, refirió.
“Y yo no sé mucho de derecho internacional, pero si sé que así como en España, en su época, pudieron juzgar a Pinochet, por su actuar como Presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue, máxime cuando hay denuncias internacionales”.
Tribunal ordena entregar a García Luna copias de investigación por caso en su contra en México
Un tribunal federal instruyó entregarle a Genaro García Luna las copias de la investigación por la que se ordenó su aprehensión en México por el supuesto sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad a empresas privadas.
El Octavo Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad determinó que es fundada la queja con la que el ex Secretario de Seguridad Pública federal reclamó una copia de las constancias de la carpeta de investigación, judicializada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la FGR.
Este recurso tiene su origen en un amparo que presentó el ex mando policiaco en abril del año pasado contra la orden de aprehensión librada en su contra por un juez de control federal del Reclusorio Oriente por los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.
Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo de esta ciudad, negó a García Luna la copia de la indagatoria, porque previamente consultó con la Fiscalía General de la República y ésta le dijo que no era pertinente entregarle esos documentos porque en la investigación había otros nombres de implicados que debían permanecer bajo cautela.
El ex funcionario presentó su queja y por unanimidad los magistrados del colegiado le dieron la razón, al estimar que es el juez y no la FGR quien debe resolver si un documento debe permanecer bajo reserva, además de que el acceso a dichas constancias ministeriales garantizaba el derecho de defensa.
En este asunto, la FGR imputa a García Luna pagar un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
Estos contratos fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
El ex mando policiaco hoy preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, tiene pendientes en México otras dos órdenes de aprehensión, una por enriquecimiento ilícito de más de 27 millones de pesos -cuya procedencia será determinada en los próximos días- y otra por el tráfico de armas de la operación Rápido y Furioso.
Texto: Staff Agencia Reforma
