La cancelación de los recursos presupuestados para 2020 deja a la deriva a las 35 Cami de todo el país. Las seis que hay en Guerrero aún ofrecen asesoría jurídica y promueven la partería tradicional, una actividad esencial en tiempo de pandemia
El Sur / Ciudad de México, 9 de junio de 2020. La reciente cancelación de los recursos para el Programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas mantiene en alarma a integrantes y usuarias de las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami) que existen en el país.
Esos subsidios federales fueron redirigidos por la Secretaría de Hacienda a la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, lo cual provocó una angustiante pregunta en las Cami: ¿hasta cuándo podremos sobrevivir?
“Nos une el compromiso y esto no se pone en duda”, dice Valeriana Nicolás Benito, coordinadora general de la Casa de la Mujer Indígena Manos Unidas de Ometepec. “El problema es que una Cami no va a subsistir con sólo el compromiso, hay gastos que se tienen que cubrir: agua, luz, internet. También hay compañeras promotoras y parteras que reciben una beca mínima, que es su único ingreso y que tienen familia”.
Manos Unidas fue la primera Cami que abrió en Guerrero, la pionera entre las cinco Cami piloto que se activaron en 2003 a nivel nacional.
En 17 años de actividad, comenta Valeriana a El Sur, vía telefónica, nunca imaginaron enfrentarse con una incertidumbre de este calibre. A fines de mayo, Manos Unidas cerró por dos semanas, pues necesitaban analizar la situación para actuar de manera responsable.
“Optamos por permanecer”, remarca la coordinadora.
Tras una reunión virtual en la que participaron casi todas las Cami del país, acordaron continuar abiertas y respaldar a las mujeres que lo requieran: las embarazadas que pueden encontrar un espacio seguro en aquellas Cami que proveen el servicio de alojamiento, así como las que enfrentan situaciones de violencia, un problema que se ha recrudecido durante la cuarentena por el Covid-19.
Sin embargo, la decisión no es inamovible. No puede serlo. Los recursos con que cuenta ahora Manos Unidas, calcula Valeriana, son suficientes para subsistir por otros dos meses. De ahí en adelante, si no hay un cambio a nivel presupuestal, el futuro pinta mal.
Recursos siempre insuficientes
Las primeras Cami nacieron en 2003 como parte de un Modelo de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y de Prevención a la Violencia de Género. Impulsadas por diferentes organizaciones de mujeres indígenas, con el tiempo se multiplicaron hasta alcanzar presencia en 15 estados. Empezaron a visibilizar la atención deficiente del servicio hospitalario a mujeres indígenas, el alto nivel de discriminación que enfrentan, la ausencia de intérpretes de lenguas originarias, las cesáreas realizadas sin su consentimiento y la aplicación de métodos anticonceptivos sin consulta previa.
En Guerrero, además de la Cami Manos Unidas, existen la Cami Cerro del Carrizo de Acatepec, la Cami de Ayutla de Los Libres, la Cami Zihuachikahuac de Chilapa de Álvarez, la Cami de Metlatónoc y la Cami Nellys Palomo Sánchez-Veé Naá Xií de San Luis Acatlán.
Para funcionar reciben recursos del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que varían según la fase en que se encuentra cada Casa y pueden llegar a ser de hasta 700 mil pesos para la fase inicial, y hasta un millón de pesos para la fase de consolidación.
El financiamiento, que habitualmente llega a mitad de año, no cubre todos los gastos que genera cada Casa.
“En los primeros meses del año tenemos doctores que apoyan con servicios, buscamos medicamentos gratuitos, hacemos colectas de insumos, útiles escolares, ropa. Además, hacemos una caja de ahorros entre las mismas compañeras. Llevamos nosotras la despensa o ponemos de nuestra bolsa para transportarnos y hacer acompañamiento a las mujeres”, detalla en entrevista telefónica Erika Jazmín Garrido Lara, abogada de la Cami de Metlatónoc.
“Tenemos mucha demanda por parte de los maestros y los comisarios que nos piden que vayamos a su comunidad a dar pláticas o talleres. El recurso que nos da el INPI es limitado, aunque quisiéramos ir seguido a desarrollar actividades no se puede”, agrega por separado Teófila de Jesús Avelino, coordinadora general de la Cami Nellys Palomo Sánchez de San Luis Acatlán.
En esta Casa, explica, un promedio de 2 mil usuarias al año pasa a revisión con las parteras. Además se da atención a casos de violencia, seguimiento a partos y apoyos a mujeres que no pueden comprar insumos y alimentos para sus bebés.
Buena parte de las usuarias de la Cami Nellys Palomo Sánchez no cuentan con un salario mínimo y su situación financiera se ha agravado en estos meses en que, por la contingencia sanitaria, el trabajo escasea.
Cuando, en abril pasado, se cerraron entradas y salidas de muchos pueblos, las integrantes de la Cami de Metlatónoc también decidieron cerrar. Pero, precisa Erika Garrido Lara, siguen operando desde Tlapa y se comunican con las mujeres por medio de las redes sociales; también se les puede ubicar contactando a la asociación civil Mujeres de Tlapa.
Hace pocos días recibieron a una mujer con problemas de violencia doméstica que llegó a Tlapa desde un pueblo cercano con unos familiares. La acompañaron al Centro de Justicia para Mujeres de la Región de la Montaña para que hiciera su denuncia y la ayudaron a buscar un lugar en donde pasar la noche. De sus bolsas pagaron el alojamiento –en una pequeña posada que les cobró muy poco– y compraron pan y leche para que ella y sus familiares tuvieran que cenar.
Ni una muerte materna más
De acuerdo con el Lineamiento para la prevención y mitigación de Covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, emitido por la Secretaría de Salud (Ssa) a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, los gobiernos estatales deberían incorporar personal de salud dedicado a la atención obstétrica que incluya la enfermería obstétrica y la partería profesional.
La actual saturación del sistema de salud exhibe la necesidad de reconocer y promover el trabajo de las parteras. En este sentido, asegurar el funcionamiento de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana es fundamental. Muchas de estas Casas colaboran con parteras y ofrecen a sus usuarias la posibilidad de realizar con ellas el seguimiento de sus embarazos y partos.
“Ahora, a pesar de la contingencia del Covid-19 se siguen atendiendo partos en casa porque las usuarias se sienten más seguras con las parteras que en el hospital, por el riesgo del contagio. Pero contamos con menos recursos y es complicado apoyarlas como antes”, lamenta Teófila de Jesús Avelino.
Las Cami realizan trabajos de mediación con las estructuras hospitalarias locales, talleres de sensibilización e intercambio de saberes con el personal médico.
“Hay un objetivo común: salvar vidas, salvar a las mujeres y hacer que tengan un parto armonioso”, añade Valeriana Nicolás Benito, de Manos Unidas. “Desde la institución siempre se pretende capacitarlas, pero nosotras pensamos que ellas ya tienen un gran conocimiento y lo que vamos a hacer es fortalecerlo y ampliarlo”.
Mientras 2020 es declarado Año de la Enfermera y la Partera por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México el legado de la partería tradicional indígena está en riesgo de desaparecer.
“En 2003 empezamos la lucha con las parteras y los parteros de diferentes comunidades indígenas porque en Guerrero había mucha muerte materna y discriminación a mujeres indígenas”, recuerda Avelino.
“Como Cami nos organizamos para capacitar a las parteras, para que sean reconocidas formalmente y tengan derecho de atender partos en su comunidad, ya que también son discriminadas por parte del personal de salud por no tener una carrera universitaria”.
En 2019, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Ssa, murieron 690 mujeres por causas relacionadas con el embarazo. Si a nivel nacional se registró una disminución en los últimos nueve años, pasó lo contrario en Guerrero: con 42 defunciones maternas por cada 100 mil nacimientos estimados, regresó a posicionarse entre los primeros cinco estados con más fallecimientos de este tipo.
La enraizada crisis de inseguridad que enfrenta la entidad también tiene que ver con la muerte materna y con las violencias que, en muchos casos, están conectadas.
“Estamos en un contexto en donde el machismo sigue imperando, a veces la familia se opone a que la mujer tome decisiones, que vaya al hospital. El marido no quiere que el médico revise a su mujer. Las promotoras hacen un gran papel de convencimiento con los familiares, explicándoles que si la mujer no va al hospital pone en riesgo su vida”, remarca Valeriana.
La información sobre derechos sexuales y reproductivos, las terapias sicológicas gratuitas, el acceso a métodos anticonceptivos, así como a modelos de salud que respetan las diferencias culturales de los pueblos, son algunas de las actividades de las Cami. Su papel puede significar una diferencia entre la vida y la muerte para muchas mujeres.
La abogada Erika Garrido Lara le suele hablar claro a las mujeres que acompaña con asesoría jurídica. Poner una denuncia por violencia de género es el principio de un camino difícil.
“Les digo que son como un árbol en una tormenta y que al tomar ciertas decisiones las lluvias pueden volverse muy fuertes. Por eso tienen que ser decididas, y tienen que saber que no se van a caer porque vamos a estar con ellas”.
Las violencias machistas en contra de las mujeres, así como los embarazos, no se suspenden por la pandemia, ni después. “Se me hace inconcebible que ahora se quiera buscar recursos en el extranjero cuando ya se tenían”, dice Garrido Lara sobre la intención manifestada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de conseguir fondos con embajadas extranjeras y la Unión Europea para mantener a las Cami.
“Ahora nos toca a nosotras buscar la forma de autosustentarnos; vamos a hacer las labores hasta donde se pueda”, concluye.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Tomada de Facebook
