Chilpancingo, Guerrero, a 4 de octubre de 2025.- Representantes de colectivos de víctimas de desaparición forzada, sostuvieron este viernes una de las últimas reuniones con los secretarios técnicos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, y con representantes del gobierno estatal, para concluir con la propuesta de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas.
A la reunión de ayer en el Congreso local asistió el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jonathan Urrutia León, de quien consideraron se trata de un funcionario de primer nivel con el que lograron llegar a acuerdos.
En el encuentro estuvieron además el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Francisco Martínez, y el coordinador de Servicios Periciales, Héctor Ramírez.
Asimismo, los representantes del colectivo Lupita Rodríguez, Justicia y Verdad de los Otros Desaparecidos de Iguala, Familiares en Búsqueda de Acapulco, el Centro Morelos, Colectivo Guerrero no más Desaparecidos y el Familiares en Búsqueda de sus Desaparecidos María Herrera.
Además de los representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV.
De acuerdo con el representante del colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, los representantes de las instituciones les anunciaron que la iniciativa debe quedar terminada este mes de octubre, porque en noviembre los diputados locales ya se dedican a las comparecencias de los servidores públicos y a la discusión de las leyes de ingresos y egresos.
Derivado de ello podrían tener solamente unas dos reuniones en las próximas semanas. El próximo miércoles se reunirán con la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, para determinar, finalmente, cómo quedará la naturaleza jurídica de la CEBP.
Sanción a funcionarios que incurran en dilación de búsquedas
En la reunión de ayer, aprovechando la presencia de Urrutia León, se dio forma a los artículos que tienen que ver con la FGE, especialmente lo relacionado con las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Molina Rodríguez contó que en la iniciativa de ley se incluirán sanciones a los servidores públicos que incurran en dilación en la búsqueda de los desaparecidos.
“Es decir, cuando llegue el familiar de una persona desaparecida en vez de activar de inmediato la búsqueda, dejen pasar tiempo, incluso hasta para la integración de la carpeta de investigación”.
Recordó que actualmente los servidores públicos argumentan que tienen que esperar a que pasen las 72 horas y recomiendan a los familiares intentar primero comunicarse con su desaparecido.
Ahora la dilación podría quedar establecida como sanción entre los artículos del 72 al 74 de la ley, mismo que se tiene que ajustar a la Ley número 695 que regula las responsabilidades administrativas.
Además, se revisarán 33 numerales de la iniciativa que está a revisión, que corresponden a la actuación de la FGE.
La propuesta de los funcionarios de la FGE es que, para la siguiente reunión, se termine de revisar el artículo 72 en el que se establecen las atribuciones de la FGE, concretamente de los Servicios Periciales.
“Se va a establecer correctamente qué es lo que tiene que hacer el organismo cuando llegue el familiar de una víctima, a fin de que éste sepa quien, y como le pueden apoyar”.
Molina Rodríguez explicó que se va a asentar específicamente en un apartado de la ley qué es lo que le corresponde a cada una de los organismos y dependencias en caso de la denuncia por desaparición de personas.
“Porque ahora hay mucha confusión; les dicen (a los familiares) que primero tienen que ir a la CEBP o con Periciales, y ahora no, todo tendrá que llevar un orden”.
Por ejemplo, si el familiar de una persona que desaparece llega a la FGE o a la CEBP, en cualquier caso, la van a encausar y va a tener acompañamiento directamente a la Fiscalía Especializada y esta instancia va a designar a uno de sus ministerios públicos que va a girar oficios a la Coordinación de Servicios Periciales para que determine si la búsqueda se va a hacer en campo, en algún probable lugar, en fosa clandestina (que ahora se va a llamar sitio ilegal de entierro), y qué tipo de material o equipo se utilizará.
“Todo va a quedar bien preciso y estructurado para que cada funcionario o área sepan qué es lo que van a hacer y lo que procede, y no se anden echando la bolita”.
En la reunión, el vicefiscal se comprometió a llevar la petición al Fiscal General Zipacná Torres Ojeda para revisar de manera paralela la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Búsqueda de Personas y de Servicios Periciales, porque la propuesta de los colectivos es que se les asigne un presupuesto especial puesto que va a quedar establecido en la iniciativa de ley que se revisa que la desaparición de personas es un delito grave y de lesa humanidad.
Molina Rodríguez informó que en el orden del día de la reunión del miércoles, con la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, van tratar el análisis de la viabilidad presupuestal y legal para el cambio de naturaleza jurídica de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero.
Asimismo, el análisis de la viabilidad para la asignación de un presupuesto específico para acciones de búsqueda e identificación a la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas y a la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, la petición para que se establezca un Fondo Estatal para la Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que incluya a las instituciones involucradas en el tema; CEBP, CEEAV y FGE.
Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
