Acapulco, Guerrero, a 4 de octubre de 2025.- El hijo de la doctora Adela Rivas Obé, desaparecida por un empleado de gobierno y luego víctima de feminicidio, Bolívar Darío Rojas Rivas presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del IMSS por presunto encubrimiento en robo de medicamentos controlados en una clínica del IMSS de Petacalco, municipio de La Unión, el cual fue el móvil del crimen en 2016, según la sentencia por homicidio calificado en contra del agresor.
En entrevista telefónica Bolívar afirmó que en la denuncia se anexaron oficios y documentos elaborados por funcionarios del IMSS que prueban un encubrimiento institucional en torno al robo de medicamentos controlados en la clínica del IMSS de Petacalco, una investigación que la doctora Adela realizó por instrucción de sus superiores al detectarse movimientos irregulares en el área de farmacia.
“Estamos realizando esta entrega de oficios y documentales a petición del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (OIC-IMSS), Oficina Regional Número 8, cuyo titular Jaime Cruz Lucatero, con la intervención de los auditores Francisco Galeana López y Manuel González Martínez, impusieron otro plazo perentorio de 10 días para presentar información respecto al robo de medicamentos que fue ordenado investigar a la doctora Adela por su jefa inmediata, la doctora María Teresa Díaz Martínez, Coordinadora Médica Auxiliar de Primer Nivel de Atención del IMSS en Guerrero”, contó.
Dicho requerimiento fue formulado a partir del expediente administrativo 8163/2025/CDAC/IMSS/DE2355, derivado de una denuncia presentada por la familia de la doctora Adela Rivas en Palacio Nacional, misma que -por instrucción presidencial- dio origen a la apertura de la investigación correspondiente.
“El Órgano Interno de Control solicitó en un plazo perentorio y revictimizante de 10 días hábiles, la entrega de informes y evidencia sobre los hechos vinculados a la investigación de la desaparición forzada de mi madre, así como sobre el robo sistemático de medicamentos en el IMSS-Guerrero”, mencionó.
“Los documentos que hoy se entregan son oficiales, generados de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y se remiten al citado OIC Regional Número 8, con el propósito de que se determinen las responsabilidades administrativas derivadas del encubrimiento y la corrupción al interior del IMSS, ahí se señalan de manera expresa los nombres, cargos y actuaciones de los funcionarios cuya conducta es materia de denuncia”, agregó.
Dijo que los funcionarios de la delegación estatal del IMSS, César Augusto Añorve Baños (hermano del senador del PRI, Manuel Añorve Baños), jefe de Servicios Administrativos y Juan Manuel Guerrero Gutiérrez, jefe de Servicios Jurídicos, enviaron oficios al Ministerio Público, primero, indicando que no existían videograbaciones en las clínicas de Petatlán, La Unión y Petacalco.
Sin embargo, la Subdelegación del IMSS en Zihuatanejo sí remitió una lista de asistencia de la última reunión en la que se vio con vida a la doctora Adela, con videos de la Clínica No. 8, donde se realizó la reunión de trabajo el 22 de septiembre de 2016.
Posteriormente, Añorve Baños envió un nuevo oficio en el que reconoció la existencia de cámaras de videovigilancia y remitió tres discos con los supuestos registros solicitados. No obstante, tras el peritaje practicado por la FECS-FGE, se determinó que uno de los discos no correspondía a la fecha, otro estaba dañado y la evidencia “se perdió”, y sólo uno contenía grabaciones parciales del horario requerido, contó.
Ante ello, el Ministerio Público emitió un exhorto al entonces delegado estatal del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, y advirtió medidas de apremio contra los servidores públicos involucrados por la manipulación y obstaculiación de una investigación de carácter penal, relató.
“En consecuencia, el OIC está obligado legalmente a dar vista inmediata a las autoridades competentes, pues de no hacerlo incurriría en un encubrimiento activo y en una omisión de denuncia frente a hechos delictivos de carácter federal”, expuso el hijo de la víctima.
Rojas Rivas comentó que tenían programada una audiencia para el 26 de septiembre pasado, la cual le informaron que sería aplazada hasta principios de noviembre. De igual forma aseguró que se mantendrán con la exigencia de justicia en el caso de asesinato de la doctora Adela Rivas.
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