Gaspard Estrada
La detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo constituye una crisis política potencialmente mucho más profunda que un escándalo personal. Acusado por la Fiscalía de tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller y sometido a seis meses de prisión preventiva, Cerimedo había trabajado directamente como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y construido durante los últimos años una extensa red de relaciones con la derecha y la extrema derecha latinoamericanas. Su caída coloca bajo presión no solamente al gobierno boliviano, sino también a un modelo transnacional de construcción política basado en consultores digitales, campañas agresivas en redes sociales y vínculos informales entre diferentes movimientos conservadores de la región.
Para Rodrigo Paz, el primer problema es de credibilidad. Su gobierno intenta establecer una línea defensiva sencilla: Cerimedo era un asesor externo, no ocupaba ningún cargo público y la justicia debe actuar con independencia. El propio presidente respaldó públicamente la investigación y ofreció garantías a Beller. Institucionalmente, esa respuesta es correcta. Políticamente, sin embargo, resulta insuficiente para eliminar las preguntas sobre el nivel real de influencia del consultor dentro del poder.
Durante los meses anteriores, el propio Ejecutivo había reconocido que Cerimedo trabajaba directamente con Paz, aunque sus honorarios procedieran de recursos externos. Esa particularidad abre una cuestión incómoda: ¿quién financiaba a un asesor extranjero con acceso al presidente y qué capacidad tenía para influir sobre decisiones gubernamentales? Más que su condición jurídica, lo que puede terminar erosionando al gobierno es la percepción de existencia de circuitos de poder paralelos, externos a la administración y poco transparentes.
El problema adquirió una nueva dimensión después de que Beller formulara graves acusaciones sobre supuestas operaciones económicas ilícitas relacionadas con combustibles, oro, seguros y funcionarios próximos al poder. Ninguna de esas denuncias ha sido probada y corresponde a la justicia determinar su veracidad. Pero políticamente ya producen un efecto: permiten a la oposición reconstruir el caso Cerimedo como posible expresión de una estructura más amplia y no simplemente como un episodio criminal privado.
El momento es particularmente peligroso para Paz. Su gobierno atraviesa dificultades económicas, tensiones sociales por los combustibles, problemas para consolidar una mayoría parlamentaria y crecientes enfrentamientos con antiguos aliados. Un Ejecutivo elegido con la promesa de restaurar estabilidad después del largo ciclo de crisis boliviano corre ahora el riesgo de quedar atrapado en investigaciones y sospechas cuando necesita concentrar todo su capital político en estabilizar la economía.
Pero el impacto trasciende Bolivia. Cerimedo simboliza una transformación de la derecha y extrema derecha latinoamericana durante la última década. Los partidos tradicionales han sido parcialmente sustituidos por redes transnacionales de comunicación política capaces de trasladar narrativas, técnicas electorales y estrategias digitales entre Argentina, Brasil, Bolivia y otros países. Cerimedo participó en la campaña de Javier Milei y estuvo vinculado al ecosistema político de Jair Bolsonaro. En Brasil alcanzó notoriedad por sus cuestionamientos al resultado electoral de 2022, que alimentaron las denuncias de fraude promovidas por sectores bolsonaristas.
Por eso su arresto plantea un problema reputacional para esa nueva derecha regional. Durante años, estos movimientos presentaron a sus consultores digitales como instrumentos eficaces para combatir a las élites políticas y mediáticas tradicionales. El caso boliviano expone ahora el reverso de esa informalidad: operadores que pueden adquirir considerable influencia sin responsabilidades institucionales claramente definidas, mecanismos transparentes de contratación o controles políticos equivalentes a los que existen dentro del Estado.
Para Javier Milei y el bolsonarismo, el riesgo consiste sobre todo en la asociación. No existe ninguna responsabilidad automática de antiguos clientes por los presuntos actos de un consultor. Pero la investigación puede volver a colocar bajo escrutinio las redes digitales que conectaron distintas campañas ultraconservadoras latinoamericanas y su utilización de mecanismos de polarización, desinformación y confrontación institucional.
Paradojicamente, el mayor peligro para la derecha latinoamericana no proviene entonces del caso judicial en sí, sino de que se abra un debate sobre sus métodos de construcción del poder. Después de haber ganado elecciones denunciando las estructuras opacas de las viejas élites, sus gobiernos necesitan demostrar que no están creando sus propias redes informales de influencia.
Para Rodrigo Paz, la salida pasa por una transparencia radical: aclarar quién contrató a Cerimedo, quién lo financiaba, qué funciones cumplía y qué acceso tenía a las decisiones del Estado. Intentar minimizar su importancia puede resultar políticamente más costoso que reconocerla. El caso se ha convertido así en una prueba inesperada para su presidencia: demostrar que la promesa de renovación política también significa someter a control a quienes operan alrededor del poder.
* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics.
