Chilpancingo, Guerrero, a 28 de agosto de 2024.- El Congreso local determinó archivar todas las iniciativas sin dictaminar en la legislatura saliente; también desaparecen las comisiones especiales, como la que se creó para investigar la alteración de un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública aprobada el 12 de abril de 2022 por el pleno, publicada luego en el Periódico Oficial del gobierno del Estado con una modificación arbitraria, sin precedentes en Guerrero.
El asunto no tendrá curso en la siguiente Legislatura; quedó eliminado de la agenda con la instrucción de la Mesa Directiva del Congreso local de archivar de todas las iniciativas no dictaminadas, antes de la clausura, ayer, de la última sesión de la Comisión Permanente del último periodo extraordinario de sesiones de la 63 Legislatura, que concluye el sábado 31 de agosto. Es un borrón y cuenta nueva.
No se sabrá quiénes fueron los responsables de la alteración del artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, resultado de un proceso de consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso del estado.
De acuerdo con las publicaciones de El Sur, el texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, posteriormente aprobado por unanimidad, establecía que lo “dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial, señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
La trascendencia de la Ley es que se creó por una acción de inconstitucionalidad de la SCJN, que dio un plazo de vigencia a la anterior Ley de Seguridad, la 777, para que el Congreso realizará una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos indígenas y afros, sobre los temas que les atañen, en este caso, los sistemas de seguridad y justicia comunitaria.
Luego que el gobierno del estado se deslindó del cambio de redacción, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitió un dictamen para crear una comisión especial de investigación, que presidió la diputada del PRD Elzi Camacho Pineda, porque todas las fracciones políticas coincidieron en llegar a las últimas consecuencias. Un año después, hubo un intento de sesión secreta para dictaminar el caso, que se canceló.
La inconformidad sólo alcanzó para cambiar la redacción del artículo de tránsito y su posterior publicación.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
