Ciudad de México, 9 de octubre de 2021. La académica Mónica Ramírez Bernal se presentó el viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en la investigación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivada de los 244 millones de pesos aportados por el Conacyt al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT).
La especialista en matemáticas aplicadas arribó con su abogado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) poco antes de las 11:00 horas y se retiró dos horas más tarde. Ramírez y su defensor no hicieron declaraciones a la prensa, ni a su llegada ni a su salida.
La ex funcionaria fue la primera en ser citada para rendir su testimonio ante la FEMDO y su comparecencia originalmente estaba agendada para el pasado martes a las 11:00 de la mañana.
Sin embargo, en aquel momento no se llevó a cabo porque uno de los responsables de la carpeta de investigación tenía supuestos síntomas de Covid-19 y fue enviado a practicarse una prueba.
El mismo martes por la tarde, tras practicarse el estudio, fue descartado el coronavirus y la cita de la académica fue reprogramada para este viernes.
En los dos días previos, comparecieron ante la FEMDO Julia Tagüeña Parga y Patricia Zúñiga Cendejas, ex coordinadora y fundadora del FCCyT, respectivamente.
También José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, quienes igualmente se desempeñaron como coordinadores del Foro.
Todos ellos se reservaron su derecho a declarar y solicitaron copia de la indagatoria para elaborar y entregar su declaración por escrito.
La FGR ha sostenido que los 31 académicos, científicos y ex funcionarios formaron una organización delictiva para lavar dinero, porque de enero de 2013 a junio de 2014 el Foro recibió 244 millones de pesos en forma ilegal.
El científico investigado José Franco llama a abolir enconos
Enterado por diferentes medios de comunicación de que había un proceso judicial en su contra e incluso un par de órdenes de aprehensión rechazadas, el físico José Franco inmediatamente apeló a su derecho a conocer de qué se le acusaba.
La Fiscalía General de la República (FGR) se tomó un tiempo para contestar, pero finalmente citó a Franco, Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) A.C. de 2014 a 2018, junto con algunos otros de los 31 académicos, investigadores y ex funcionarios del sector acusados de delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Nos dieron acceso a seis personas, que son las que hemos estado yendo esta semana”, relata en entrevista el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien el jueves compareció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al igual que su colega y también ex titular del FCCyT, Julia Tagüeña.
“La razón de nuestra presencia ha sido ir a conocer qué es lo que tiene la carpeta, lo cual ha sido también un poco frustrante; si bien nos han mostrado la carpeta, que es extensa, tiene varios tomos, no está en forma digital. Hemos tenido sólo una visión parcial, y la promesa de parte de la Fiscalía de que la van a digitalizar y que nos la van a mandar”.
Sólo hasta ese momento, remarca el físico, empezaría propiamente la defensa de su caso.
“El país no requiere enconos, no requiere divisiones; lo que requiere es el trabajo positivo de la población que tiene, y en particular de las personas que tienen herramientas para poder contender con los problemas”, sostiene.
Código de ética de Conacyt pide no criticar a la institución; investigadores buscan amparo
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solicitó a sus integrantes abstenerse “de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt en el desempeño de tus funciones”, de acuerdo con el Código de Conducta enviado a investigadores.
En la carta invitación que abre el documento, suscrita por la directora de la dependencia, María Elena Álvarez- Buylla, se lee que “en el pasado, la administración pública sucumbió ante grupos de poder y se colmó de personas que pervirtieron el servicio público y antepusieron sus intereses particulares al interés general. La corrupción triunfo sobre la ética pública. El Conacyt no fue la excepción”, recalca.
El código de conducta, añade, presenta los nuevos estándares de la ética pública reivindicada en esta “Cuarta Transformación”, y pretende constituirse como una herramienta eficaz de identificación de conductas y circunstancias de riesgo para la integridad del servicio público en el Conacyt.
Texto: Staff / Agencia Reforma
