Acapulco, Guerrero, a 20 de diciembre de 2024.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que en 2024 se tramitaron seis amparos, con los que padres de familia lograron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) enviara nueve maestros, por la “irresponsabilidad por parte de las autoridades”.
La organización también informó que presentó tres amparos más, para lograr el envío de médicos en dos centros de salud y lograr una operación para una mujer indígena en un hospital.
Consultado vía telefónica, el colaborador del área de defensa de la organización, Baldomero Díaz Salazar, señaló que los ciudadanos ya están cansados de ser ignorados por las autoridades, a pesar de las solicitudes y protestas, que un jefe de zona le expuso que hay un faltante acumulado de unos 2 mil maestros en toda la región, así como que pide a la SEG docentes para 27 escuelas de Metlatónoc, que estaban en su mayoría cerradas o con uno o dos profesores.
Criticó que se tenga que llevar ante los tribunales al gobierno estatal, para que un juez le ordene que garantice derechos básicos, como la educación y la salud: “Hay irresponsabilidad por parte de las autoridades y, sobre todo, no se está garantizando lo que la propia Constitución establece como un derecho humano”.
Dijo que los pobladores hacen solicitudes, pero en las dependencias les dan un número telefónico en el que nunca contestan o si van con el gobierno estatal, se les dice que ya lo canalizaron a la SEG o la Secretaría de Salud, donde a su vez afirman que no han recibido nada, “no resuelven”, de ahí la importancia de los amparos, para generar una obligatoriedad hacia las autoridades, porque los jueces dan términos de 30 días para asignar a los maestros o médicos y si los funcionarios no lo hacen, se pueden aplicar multas, iniciar carpetas de investigación a las autoridades por desacato o inhabilitarlos si no cumplen una sentencia de amparo.
En un comunicado, el centro de derechos humanos detalló que el comité de padres de familia de la secundaria técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, en San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, solicitó cuatro profesores de Educación Física, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, así como un estudio a las instalaciones, para determinar daños en la estructura.
Díaz Salazar explicó que, en este caso, el juzgado de distrito concedió una suspensión definitiva para que la SEG mande dos maestros, uno de Educación Física y otro que impartirá las demás materias. Dijo que ahí se habían solicitado los docentes desde 2000 y que también se ordenó que se haga un proyecto, porque esa escuela la construyeron los mismos pobladores y por su antigüedad.
En el caso de la primaria bilingüe Nuu Cuahan, de la comunidad indígena Villa de Guadalupe, Metlatónoc, el comunicado indica que se ordenó que se dote de maestros y que el Juzgado Decimo de Distrito dictó una sentencia en la que ampara y protege a la comunidad contra actos del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Díaz Salazar precisó que se trata de dos profesores y destacó que fue la primera sentencia en materia educativa en la que se concede el amparo.
En tanto, el Juzgado Primero de Distrito otorgó el amparo y protección de la justicia federal a favor del comité de padres de familia del centro preescolar indígena Yozo Tuni, de la comunidad Llano del Tepehuaje, Metlatónoc, en la que ordena a la gobernadora y al secretario de Educación que asignen a una profesora que atienda el plantel en los años subsecuentes, lo que ya se cumplió.
En el centro de educación preescolar indígena Francisco Primo de Verdad y Ramos, de la comunidad Almolonga de Ocampo, Alcozauca, donde se pedían dos profesores, Díaz Salazar explicó que la SEG dio cumplimiento a la demanda con la asignación de una maestra.
El abogado explicó que en el caso de la primaria bilingüe Benito Juárez, de la comunidad Loma Bonita, Metlatónoc, se logró una suspensión donde se ordena a la SEG que mande dos maestros, porque es un plantel multigrado, aunque sigue abierto.
El comunicado agrega que en el centro de educación preescolar indígena Victoria Dorantes Sosa, de la localidad Los Reyes Magos, Metlatónoc, donde los padres piden un maestro, se ordenó que se designe de manera inmediata para que imparta clases. El 10 de diciembre se realizó la audiencia incidental y se otorgó la suspensión definitiva de los actos reclamados al comité de padres de familia, mientras el juicio principal sigue su curso.
El defensor de derechos explicó que los amparos ya ganados son los de Villa de Guadalupe y Llano del Tepehuaje, que un juzgado de distrito ya reconoció que el gobierno estatal y la SEG han violentado los derechos educativos de los niños, porque no han enviado maestros y que se garantice su presencia de manera permanente, porque en un primer momento se asignaron de manera temporal, con contratos provisionales, pero ya se otorgaron los definitivos y los otros cuatro asuntos siguen en trámite.
Expuso que sólo las escuelas de San Pedro Petlacala y Almolonga estaban abiertas porque tenían maestros, aunque incompletos, pero los otros cuatro planteles estaban cerrados desde el inicio del ciclo escolar, puso como ejemplo que en Loma Bonita “los alumnos no han tomado una sola clase”.
Faltan médicos en comunidades
En cuanto al sector salud, Tlachinollan explicó que entre los amparos está el de una mujer indígena tu’un savi, que necesitaba una operación que el hospital de Ayutla de los Libres se negaba a realizar. Un juez ordenó al nosocomio que designara los médicos y se logró la intervención quirúrgica gratuita.
Mientras que la comunidad de El Carmen, Xochistlahuaca, solicitó dotar de médicos y medicamentos al centro de salud, que atiende a poco más de 2 mil 200 habitantes, “magistrados federales concedieron la medida cautelar de suspensión provisional y ordenaron que el juzgado federal notificara la resolución a las autoridades responsables de la Secretaría de Salud, gobernadora del estado y otras”, aunque Díaz Salazar explicó que sigue pendiente, porque el amparo aún no se resuelve.
En San Francisco, municipio de Tecoanapa, se concedió una suspensión de plano a la comunidad por la violación al derecho a la salud, porque también carece de personal médico completo en el centro de salud. En este caso, el centro de derechos humanos precisó que sigue su curso y se espera que se realice la audiencia.
Texto: Yee Trujillo / Foto: Lenin Ocampo Torres-Archivo
